ONU critica opacidad del Vaticano y le exige castigos más severos

Durante la comparecencia se eludió dar información concreta sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos ante el Comité de los Derechos de los Niños del organismo.
Silvino Tomasi y Charles Scicluna, los representantes de la sede papal.
Silvino Tomasi y Charles Scicluna, los representantes de la sede papal. (Martial Trezzini/EFE)

México

El Vaticano eludió ofrecer información concreta sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, por lo que se le solicitó ser “transparente” y presentar “evidencias” de cambio respecto al problema. 

Durante 5 horas que duró la sesión de la delegación del Vaticano con los 18 asesores del comité, se expusieron los documentos elaborados para prevenir los abusos y se reiteró que los responsables de un delito deben ser juzgados en los países donde se cometieron.

En una sesión histórica, donde por primera ocasión el Vaticano se sometió al escrutinio público, los integrantes del comité pidieron al representante de la sede papal ante la ONU, monseñor Silvano Tomasi, actuar con mayor eficacia ante los abusos de menores, porque, se le recordó, tienen una responsabilidad moral.

La sesión del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas fue transmitida en vivo a través de su página de internet. Al hacer la presentación, Silvano Tomasi ratificó el discurso religioso sobre que “los abusadores se encuentran entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y lo más lamentable, incluso entre miembros del clero y otro personal de la Iglesia”.

Recordó que el Papa ha creado una comisión para la protección de menores de edad que implementará medidas para garantizar la ayuda a las víctimas de abusos; sin embargo, manifestó que “no hay excusa de ninguna forma de violencia sexual o explotación de niños. Esos crímenes nunca están justificados, ya sea que se cometan en casa, en escuelas, en la comunidad y en programas deportivos o en organizaciones religiosas”.

Sara Oviedo, de Ecuador, fue la más crítica de los 18 integrantes del comité y consideró que la sede apostólica no ha establecido ningún mecanismo para investigar a los acusados de perpetrar abusos sexuales ni tampoco para procesarlos”, ello, dijo, porque “los castigos impartidos nunca parecen reflejar la gravedad” de los hechos. Además, les demandó ser transparentes en su información sobre los casos de abuso sexual.

A la mayoría de los cuestionamientos formulados a la delegación de la sede papal, les dio respuesta Charles Scicluna, quien fuera fiscal para los delitos sexuales en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él dio a conocer que no hay estadísticas sobre el número de casos de sacerdotes que han sido juzgados ni de los condenados por el delito de pederastia, porque en los casos en los que un sacerdote comete este delito y el Estado lo llega a juzgar, “es la Iglesia local la que da el seguimiento”, explicó.

El también obispo auxiliar de Malta, Charles Scicluna, reconoció que la sede apostólica había respondido con lentitud a la crisis y manifestó que si un obispo traslada a un sacerdote de una diócesis a otra para protegerlo, debe responder ante las autoridades civiles por esta acción.

Scicluna, quien estuvo en México para entrevistar a las víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, dijo que la sede papal comprende la situación y “no digamos si es demasiado tarde o no. Pero hay ciertas cosas que se deben hacer de otra manera”.

Las conclusiones tanto del informe presentado por la sede apostólica y de las respuestas que dio la delegación eclesiástica se darán a conocer hasta el próximo mes.

Mientras tanto, integrantes de organizaciones sociales, que presentaron un informe de la forma en cómo el Vaticano y obispos han encubierto a sacerdotes que han abusado de menores, realizaron una manifestación afuera de las instalaciones del comité.

Por la noche ofrecieron una conferencia de prensa que transmitieron en vivo a través de la página web del
Center for Constitutional Rights, donde lamentaron la actitud de la delegación del Vaticano, quien no mostró disposición a un cambio radical pese a la gravedad de los casos presentados.

La Red de Supervivientes de Abusos por Sacerdotes consideró que no aportaron informes sobre colaboración con la policía, en los casos de curas pederastas, y que no todos han sido sancionados por la Iglesia.