Legales y convenientes, las medidas tomadas por Obama

Pese a la ira republicana, proteger a 5 millones de indocumentados ha sido la mejor medida de la Casa Blanca.
El mandatario utilizó su autoridad como antes los dos Bush.
El mandatario utilizó su autoridad como antes los dos Bush. (Kevin Lamarque/Reuters)

Washington

El jueves, el presidente Barack Obama anunció que haría uso de la acción ejecutiva para proteger a cinco millones de inmigrantes indocumentados. La reacción de los republicanos, aun antes del anuncio, fue predeciblemente medida: Mitch McConnel, líder de la mayoría del Senado, argumentó que Obama ha levantado una “bandera roja frente a un toro”; mientras que John Boehner, líder de la mayoría en la Cámara baja, dijo que el presidente “está actuando como... un emperador”.

De hecho, Boehner invocó el jueves la que probablemente sea la amenaza más vacía de la historia humana, afirmando que si Obama actúa “no habrá posibilidades de que una reforma inmigratoria pase en este Congreso”.

Sin embargo, las acciones de Obama en lo referente a inmigración podrían generar algunas tendencias preocupantes en la expansión del poder ejecutivo; aunque eso no significa que esté moralmente mal que haya actuado de manera unilateral, ni que sea inconstitucional.

¿Es legal la orden ejecutiva? Probablemente sí. Los argumentos de la separación de poderes no involucran una precisión mecánica y no es imposible argumentar que las acciones de Obama violan la Constitución, pero los argumentos serán necesariamente débiles. La discreción en la aplicación de la ley es inherente al poder ejecutivo.

Las afirmaciones de que la negativa del presidente  Obama, de deportar gente lo convierte en un tirano sin ley, son a decir lo menos, exageradas.

Esto no necesariamente quiere decir que la orden ejecutiva esté más allá de todo reproche: la letra de la ley importa, pero las normas también, y hay muchas maniobras de procedimiento que pueden subvertir los principios democráticos básicos aunque sean perfectamente legales. El plan atemorizante de manipular el Colegio Electoral propuesto por algunos republicanos es opuesto a los principios básicos de la democracia, pero probablemente es perfectamente legal.

La democracia estadunidense no puede funcionar bien cuando todos utilizan al máximo su poder legal todo el tiempo.

Al respecto, la orden ejecutiva de Obama no es tan peligrosa como intentar manipular el Colegio Electoral o rechazar sumariamente a todos los nominados a la Suprema Corte, pero dista de ser una manera ideal de buscar una reforma inmigratoria. Si el Partido Republicano estaba interesado en el gobierno real, una propuesta inmigratoria mediocre aprobada por el Congreso hubiera sido preferible a una orden ejecutiva que puede anularse de un plumazo después de las próximas elecciones, y eso también debilita la afirmación de que es una muestra de “tiranía”.

¿Estableció un precedente peligroso el uso del privilegio ejecutivo para lograr una reforma inmigratoria? Bueno, tal como señalaron Erwin Chemerinsky y Samuel Kleiner, mucho antes de Obama, Ronald Reagan “utilizó la acción ejecutiva para limitar la deportación de 200 mil exiliados nicaragüenses” y el primer presidente Bush hizo lo mismo por algunos ciudadanos chinos y kuwaitíes. En todo caso, las acciones de Obama difieren solo en grado, no en tipo.

Es comprensible que los liberales se preocupen de que debido a que Obama utilizó su autoridad ejecutiva de esta manera, algún presidente republicano del futuro (como Rand Paul, Marco Rubio o Ted Cruz) podría exceder los límites de la ley, pero eso no cuenta.

Tanto la segunda administración Bush, como las acciones de los republicanos en el Congreso dejan claro que el siguiente republicano que llegue a la Casa Blanca utilizará toda su autoridad legal, sin importar lo que haga Obama. Si un hipotético presidente Rand Paul quiere negarse a cumplir con la Ley de Derechos Civiles, no lo va a disuadir que Obama se haya negado a actuar en lo referente a la inmigración.

Las acciones de Obama son legales, son convenientes en el terreno político, tienen un amplio precedente histórico y no contravienen las normas de la política estadunidense. Y si bien no son la manera ideal de manejar el problema inmigratorio, en este momento, es lo mejor que se puede hacer.