Magistrado del Supremo panameño, separado del cargo por corrupción

Alejandro Moncada Luna, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano, será investigado por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad pública.
Alejandro Moncada Luna, durante la audiencia de hoy en la Asamblea Nacional de Panamá por acusaciones en su contra
Alejandro Moncada Luna, durante la audiencia de hoy en la Asamblea Nacional de Panamá por acusaciones en su contra (EFE)

Panamá

Una subcomisión parlamentaria de Panamá separó hoy del ejercicio del cargo al magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna para investigarlo por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad pública, entre otros supuestos delitos.

La separación provisional del ejercicio del cargo de Moncada "se justifica por la existencia de suficientes elementos de convicción" para creer que incurrió en corrupción, dijo la presidenta de la subcomisión parlamentaria, la diputada del gubernamental Partido Panameñista devenida en jueza de garantías Katleen Levy.

Moncada fue nombrado magistrado de la Corte Suprema en 2010 para un período de diez años por el entonces presidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), actualmente en la oposición con su partido Cambio Democrático (CD).

El magistrado ahora separado del cargo fue imputado por la subcomisión parlamentaria de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.

La subcomisión dictó contra Moncada prohibición de salida del país, la obligación de mantenerse en su domicilio, y ratificó la "aprehensión provisional" de dos apartamentos, uno de los cuales es la residencia del magistrado, valorado en más de 1.7 millones de dólares.

Así lo pidió el fiscal del caso, el diputado Pedro Miguel González, con base en una "investigación preliminar" según la cual "no existe correspondencia entre las inversiones" hechas por el magistrado en los últimos años y "los ingresos obtenidos" por él.

"En la investigación preliminar no existe fuente legítima alguna que justifique su incremento patrimonial", añadió González, diputado del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), actualmente en alianza con el Partido Panameñista.

Moncada, que durante la audiencia escuchó con calma los alegatos en su contra, volvió a declarar a los periodistas su inocencia y dijo ser víctima de una supuesta persecución política.

"Esto es político (...) yo lo esperaba (...) yo sabía que venía", dijo Moncada, y denunció que la subcomisión parlamentaria "ha violado prácticamente todos" sus "derechos", y que lo único que espera es que le "permita presentar" las "pruebas" que, sostuvo, echarán por tierra las acusaciones en su contra.

Moncada argumentó que su separación del cargo solo podía ser decidida por el pleno de la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, y no por una subcomisión parlamentaria devenida en tribunal.

La subcomisión está integrada por las diputadas juezas Katleen Levy y Zulai Rodríguez, de los partidos Panameñista y PRD, respectivamente, y la independiente Ana Matilde Gómez, ex fiscal general de la República.

A partir de hoy, el diputado fiscal tiene dos meses para investigar e instruir el sumario, plazo que puede ser prorrogado por otros seis meses, explicó hoy a Efe el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.

Al término de ese plazo, si la subcomisión parlamentaria "cree" que las pruebas son válidas y suficientes, las deberá llevar "al pleno" para que sea éste el que enjuicie a Moncada y decida sobre su destitución, añadió Álvarez.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados tildó de "histórica" la audiencia celebrada de hoy en la Asamblea, "no porque se juzgue a un magistrado, sino porque hasta ahora está funcionando el nuevo sistema" penal acusatorio, que se comenzó a implementar en 2012 pero de forma escalonada en el país.

El nuevo sistema penal aún no se aplica en la capital, pero sí cabe en el proceso contra Moncada porque comenzó a regir inmediatamente para los funcionarios públicos, dijo a Efe el abogado Rodolfo Linares.

Con lo ocurrido hoy en la Asamblea se ha iniciado la "etapa en la que el fiscal presenta su caso y la defensa sus descargos". "Si la subcomisión determina que hay méritos para que se dé el juicio, el juicio va al pleno parlamentario (...) al fin de cuentas es un juicio político", añadió Linares.