Maduro seguirá con medidas "radicales", Santos estudia acudir a la CPI

Mientras el presidente de Venezuela anuncia que no cambiará su política fronteriza, la Fiscalía de Colombia estudia denunciar ante la Corte Penal Internacional a miembros del gobierno venezolano ...
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantiene una dura polémica con Nicolás Maduro por la crisis migratoria
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante su alocución televisada hoy en Bogotá (EFE)

Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que seguirá tomando medidas "estructurales y radicales" en la frontera con Colombia, en una jornada en la que se dio a conocer que su Gobierno decidió ampliar a toda la zona fronteriza del estado Táchira el estado de excepción.

Maduro hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa de televisión transmitido desde el país asiático en el que insistió que tiene la "obligación constitucional" de tomar medidas en la zona limítrofe con Colombia "para construir una nueva frontera".

El gobernante también insistió en que quiere hablar con su par colombiano, Juan Manuel Santos, para reiterarle las condiciones que ha puesto para levantar el cierre de la frontera que opera desde el pasado 19 de agosto en el Táchira y el estado de excepción.

Destacó que, en primer lugar, Colombia tiene que tomar medidas para prohibir "expresamente" lo que llama "ataque a la moneda venezolana" que se hace a través de casas de cambio en ciudades fronterizas colombianas "y en Bogotá".

Asimismo, repitió que otra de las condiciones es que Colombia se comprometa a tomar "acciones concretas para corregir el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera" y golpea las cadenas de aprovisionamiento de productos en el país.

Maduro insistió en estas "propuestas" cuando se conoce de la publicación en Gaceta Oficial del decreto de expansión del estado de excepción a otros cuatro municipios de Táchira por medio del que se permite la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona.

Además, este decreto se hace público un día después de que en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara que los cancilleres del continente aborden en su seno la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Denuncia ante la CPI: Santos

Santos, por su parte, aseguró hoy que la Fiscalía de su país está "considerando seriamente" denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de centenares de colombianos.

El presidente colombiano también dijo que su Gobierno no acudirá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para ventilar la crisis con Venezuela.
El mandatario tomó la decisión de no acudir a la cita un día después de que su petición de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres del hemisferio no fuera aprobada en la OEA, organismo con sede en Washington.

Pese a reconocer el "revés" que esto significó, Santos dijo que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, acudirá a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como ante el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

La cita de Unasur había sido anunciada por Bogotá para este jueves en Quito, pero fue aplazada porque la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, está de gira en Asia con el presidente Nicolás Maduro. Según un informe difundido ayer realizado por funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1,100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros diez mil regresaron a su país "por miedo".

Según el decreto difundido hoy, se realizarán "inspecciones" y "revisiones" a viviendas o lugares de reunión de personas naturales, establecimientos comerciales, recintos privados abiertos o no al público, con el objetivo de investigar "la perpetración de delitos".

La norma establece que las autoridades venezolanas "ejecutarán registros" para investigar "graves ilícitos administrativos" contra "las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio", así como delitos relacionados con la "Seguridad de la Nación", el "orden socioeconómico", la identidad y el "orden migratorio".

Todo lo anterior podrá realizarse "sin la necesidad de una orden judicial previa", aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará "de forma absoluta" la dignidad de las personas.

Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida que abarca unos 160 kilómetros de frontera completando así todo el territorio limítrofe de Táchira. Cabe recordar que la frontera entre Venezuela y Colombia abarca 2,219 kilómetros repartidos, desde el lado venezolano, en los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas.

La medida del estado de excepción en parte del Táchira se tomó días después de que Maduro ordenara el cierre de la frontera, tras un ataque contra tres militares y un civil venezolanos en ese estado por parte de supuestos contrabandistas.

El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, dijo hoy que Colombia debería indemnizar a Venezuela "por todos los daños" que, asegura, le ha causado con "crímenes, contrabando de extracción, infiltración de paramilitares". Asimismo, dijo que los repatriados eran indocumentados que residían en el sector La Invasión, a pocos metros de la frontera ahora cerrada, una explanada que fue allanada por las autoridades militares y policiales venezolanas.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anunció hoy la llegada del último contingente para completar los tres mil soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira. También señaló que la OEA "es un organismo desprestigiado" y que "lo que ocurrió ayer era previsible en el sentido de que nadie puede meterse en los asuntos internos de otro país".

Complot para matar a Maduro, "paranoia"

En su alocución, Santos negó además que se planeen atentados con la "anuencia" de su gobierno contra Maduro, como había denunciado el presidente venezolano el pasado lunes.

"¿Quién puede siquiera considerar que, desde Bogotá, con la anuencia y vista gorda de mi gobierno, se plantea atentar contra la vida del presidente Maduro?", afirmó el mandatario colombiano. "Si otros caen en la paranoia, nosotros persistiremos en la serenidad de nuestras acciones", agregó.

Maduro había asegurado el lunes que tenía pruebas de planes para asesinarlo con la "anuencia" de Colombia, una denuncia que ya había señalado en otras ocasiones. "Tengo pruebas que voy a mostrar de cómo desde Bogotá se está haciendo una campaña para matarme (...), lamentablemente con la anuencia y la vista gorda del Gobierno de Colombia", indicó el mandatario venezolano.

Luego de negar las acusaciones de Maduro, Santos insistió en que no claudicará "en la denuncia de lo que está pasando" en la frontera y citó a un consejo de ministros para este miércoles en la ciudad de Cúcuta (noreste), donde están llegando la mayoría de los expulsados y donde más de dos mil permanecen en albergues temporales.

A esa reunión ministerial Santos invitará al cuerpo diplomático y a los representantes de los organismos internacionales en Colombia para que "constaten directamente lo que está sucediendo". Por otra parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió hoy a Maduro y Santos reunirse cuanto antes para solucionar esta crisis.

Según Varela, esa reunión -para la que ofreció a su país como sede- debe ser respaldada por toda la región porque "el conflicto humanitario que se está dando" afecta a ciudadanos de ambos países. En Colombia es muy discutido el papel de Panamá, pues aunque Bogotá contaba con su voto para convocar la reunión de la OEA, ese país finalmente se abstuvo.

ONU, alternativa de Colombia

El profesor de derecho internacional de la colombiana Universidad del Rosario, Ricardo Abello, coincidió en que, según decida el gobierno, el caso puede llevarse a la Asamblea General de la ONU o al Consejo de Derechos Humanos de la organización.

"La ONU y su secretario general tienen que estar al tanto de lo que ocurre para que más adelante se puedan tomar medidas. En ningún caso el derecho internacional reacciona con la velocidad que quisiéramos, pero es importante que se conozcan los hechos, porque se están violando todos los procesos con las expulsiones de colombianos", explicó Abello a la AFP.

El lunes, el coordinador residente de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, visitó la región fronteriza de Norte de Santander, adonde ha llegado la mayoría de afectados por la crisis y dijo que el organismo está "preocupado" por la situación humanitaria. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2,219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que se lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno.