Macri echa a 27 mil funcionarios

Aún no cumple tres meses en funciones y el mandatario ultraliberal ha ordenado, sin auditorías ni procesos legales de por medio, el cese de miles de empleados públicos.
El presidente (derecha) se deshace de los empleados contratados por Cristina Kirchner.
El presidente (derecha) se deshace de los empleados contratados por Cristina Kirchner. (EFE)

Buenos Aires

Desde su asunción el pasado 11 de diciembre, el gobierno encabezado por el ultraliberal Mauricio Macri no ha tomado ninguna medida relevante en materia social, educativa, sanitaria o laboral. En cambio, ha puesto todas sus energías en tratar de resolver el litigio judicial que desde hace 15 años enfrenta el país con los fondos especulativos por la reestructuración de la deuda pública y ha desatado una cruzada contra los empleados del Estado.

Más allá de reunirse con los Rolling Stones, el recién estrenado jefe de Estado no se ha caracterizado por sorprender demasiado a los argentinos en sus primeros dos meses de gestión. Siendo un político que viene del sector empresarial, con un gabinete conformado en su mayoría por ejecutivos de empresas multinacionales, las medidas que ha tomado son coherentes con ese perfil.

Sin ser objeto de un incisivo desgaste en los medios de comunicación, y con la ventaja de un verano estival que ha tenido a la Justicia y al Congreso en receso por vacaciones, Macri ha hecho honor a su profesión de ingeniero poniendo énfasis en los números.

El mandatario se ha puesto al frente de una cruzada para deshacerse de empleados contratados en el Estado durante el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Más de 27 mil personas han sido expulsadas de la administración pública. No hubo auditorías públicas, ni un proceso transparente para justificar la sangría de despidos que abarcan desde una ingeniera especializada en chalecos antibala que se desempeñaba en Fabricaciones Militares, hasta planteles enteros que trabajaban en programas sociales de diversos ministerios y dependencias del Estado.

Siempre a través de sus ministros, y con la ayuda de un par de decretos que le dan el marco legal, Macri anunció que ya prepara la suspensión de otros 11 mil concursos públicos. En el sector privado, casi 23 mil personas han perdido sus medios de vida.

Paralelamente, el presidente pide "prudencia" en las negociaciones salariales que comienzan entre empresas y trabajadores a fin de que los aumentos salariales queden por debajo de la inflación, aunque eso haga perder poder adquisitivo a las familias. Su prioridad es garantizar la "competitividad" a las empresas.

Como por algún lado hay que ajustar, su gobierno eliminó los subsidios en electricidad, tras declarar por decreto la emergencia energética. También ha devaluado el peso argentino 30% respecto del dólar, dejando su cotización libre en el mercado. Además suprimió las retenciones a la exportación de cereales y redujo los impuestos sobre la soya, el principal cultivo del país.

Los grandes productores del campo, que en 2008 casi hicieron caer el gobierno de Cristina Fernández por su intento de establecer un sistema móvil en los aranceles de la soya, el trigo y el maíz según el precio internacional, siguen liquidando las cosechas a cuentagotas con lo cual tras la devaluación el dólar trepó de 13 a 15 pesos.

Pese a que Macri propone que "Argentina deje de ser el granero del mundo para convertirse en el supermercado del mundo", hasta ahora no ha tomado ninguna medida para desconcentrar el poder que ha favorecido la especulación en el país, tradicionalmente agroexportador.

Como si fuera un mantra, el gobierno repite que Argentina debe "ser un país serio" y Macri decidió que la nación debía volver al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, anunció que el organismo volvería a auditar las cuentas públicas del país.

El Congreso retomará sus sesiones en breve, un campo de batalla en donde el kirchnerismo conserva la mayoría en el Senado pero acaba de perder la de Diputados, después de que quince legisladores rompieran con el bloque Frente para la Victoria (FpV), la coalición referente de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.