Juez confirma "Caja B" en el PP que financió ilegalmente 6 campañas

Pablo Ruz, magistrado de la Audiencia Nacional, consideró "indiciariamente acreditado" que el Partido Popular financió en negro varios comicios, entre ellos los de 2008 del actual presidente del ...
Según el juez Ruz, entre las campañas financiadas por la Caja B se encontraría la de 2008 de Mariano Rajoy (foto) a la presidencia del gobierno
Según el juez Ruz, entre las campañas financiadas por la Caja B se encontraría la de 2008 de Mariano Rajoy (foto) a la presidencia del gobierno (EFE)

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz confirmó hoy que en el gobernante y conservador Partido Popular (PP) existió durante 18 años una caja “B” que financió ilegalmente al menos seis campañas electorales entre 2003 y 2008, una de ellas la del actual presidente Mariano Rajoy.

En su auto judicial, el magistrado considera “indiciariamente acreditado” que el PP financió en negro los comicios catalanes de 2003, las generales y andaluzas de 2004, las europeas del mismo año; y las andaluzas y generales de 2008, en las que Rajoy compitió por segunda vez contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruz llegó a esta conclusión por las salidas de fondos detectadas en la caja “B” del PP. El juez también consideró acreditado que hubo “varias cajas B” en el Partido Popular. Además de la central en Madrid, subrayó la existente en Vizcaya y La Rioja.

Seis personas a juicio

Además, Ruz propuso llevar a juicio a seis personas: los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el ex gerente del partido Cristóbal Páez; los dos responsables de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de la sede popular de la calle madrileña Génova 13 y que se pagó con 1.55 millones de euros de fondos opacos al fisco, los administradores Álvaro Urquijo y Belén García y la empleada de la misma, Laura Montero.

En el escrito hecho público, se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica, (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010) como por parte del PP, por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica.

A Bárcenas y Lapuerta se les imputa delito de apropiación indebida. A los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental.

El juez considera “indiciariamente acreditado” que el PP “se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas”. Según dice, las “referidas cuentas” funcionaban “a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Ruz, que detalló en los 190 folios del auto la investigación que desarrolló sobre los denominados “papeles de Bárcenas”, reiteró que las diligencias practicadas, los registros efectuados -entre ellos la sede de Génova-, los documentos recabados, los informes periciales realizados y los interrogatorios practicados permiten concluir que existen "indicios sólidos y fundados" de "la realidad de determinadas entradas de fondos dinerarios opacos o en B a favor del Partido Popular, en los años objeto de análisis (1990-2008)”.

La reacción desde el PP fue rápida y evasiva, además de que la hizo un funcionario menor, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien aseguró que el auto del juez Pablo Ruz no es la “sentencia definitiva” sobre este asunto y pidió esperar a que esta se produzca.

Este escándalo de financiación oculta surgió a principios de 2013 cuando el diario conservador El Mundo aseguró que durante años Bárcenas había pagado sobresueldos en dinero negro a dirigentes del PP.

Poco después El País publicó unas anotaciones manuscritas, bautizadas "los papeles de Bárcenas", que señalaba entre los receptores de dichos fondos al propio Rajoy, quien habría cobrado hasta 25 mil euros anuales entre 1997 y 2008.

El jefe del gobierno español, que en octubre pasado pidió perdón por los casos de corrupción, siempre rechazó esa acusación, aunque en 2013 reconoció haberse equivocado al confiar en Bárcenas, distanciándose de él y calificándolo de "delincuente".

La corrupción es una de las mayores preocupaciones de los Españoles con el desempleo, según las encuestas de opinión y uno de los principales temas de campaña de fuerzas emergentes como Podemos, a la izquierda y Ciudadanos, de centro de derecha.