Autorizan que infanta Cristina llegue al juzgado en coche

El 8 de febrero la infanta declarará ante el magistrado por las acusaciones en su contra de los delitos fiscal y blanqueo de capitales en el llamado caso Nóos.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, autorizó hoy que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados, "por estrictas razones de seguridad".
El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, autorizó hoy que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados, "por estrictas razones de seguridad". (EFE)

Madrid

El juez decano del partido judicial de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, autorizó hoy a que la infanta Cristina baje en coche la rampa que da acceso a la puerta trasera de los Juzgados de Vía Alemania, cuando el próximo 8 de febrero declare ante el magistrado tras ser acusada de los delitos fiscal y blanqueo de capitales en el llamado caso Nóos.

La decisión se produce un día después de que el decano recibiera un informe de la Policía Nacional en el que recomendaba que la hija menor del Rey de España, Juan Carlos de Borbón, descendiera en coche la cuesta por estrictos motivos de seguridad.

De este modo, ya con el informe en sus manos, el decano hizo pública su decisión en una comparecencia que ha ofrecido a los medios en el mismo edificio judicial, no sin antes haberla comunicado a la Policía Nacional.

"Se invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social", recoge la resolución del juez decano.

El juez atribuye a la infanta un delito de blanqueo de capitales y otro fiscal presuntamente cometidos por la hija del monarca en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que habrían desviado ella y su marido Urdangarin, más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos, creado por el duque y su socio.

Urdangarin está bajo sospecha judicial tras embolsarse –según el juez- casi 6 millones de euros a través su Instituto –una fundación supuestamente "sin ánimo de lucro"- en sus tratos con los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambos casualmente del gobernante Partido Popular (PP).