Hijo de agente encubierto de la dictadura uruguaya pide juzgar a su padre

Camilo José Maraboto, residente en Italia, inició una campaña para que su padre biológico, llamado Ariel Ricci, sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa.

Montevideo

El uruguayo Camilo José Maraboto, residente en Italia, inició una campaña para que su padre biológico, un supuesto agente encubierto de la dictadura uruguaya (1973-1985) llamado Ariel Ricci, sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa, informó hoy el denunciante a Efe.

La campaña comenzó con un comunicado difundido el pasado fin de semana a través de las redes sociales en el que Maraboto, de 33 años e hijo de madre soltera, denunció además que Ricci reside actualmente en la localidad brasileña de Armacao dos Búzios, en el estado de Río de Janeiro.

Nacido en 1952, Ricci fue un dirigente comunista que en 1975 supuestamente traicionó a sus compañeros y pasó a colaborar con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, órgano de persecución y represión política durante la dictadura uruguaya (1973-1985), según Maraboto.

Presuntamente está relacionado con el secuestro del líder sindical y militante comunista Oscar Tassino, arrestado en 1977 y fallecido en el centro de detención clandestino La Tablada, después de haber sido sometido a torturas.

La Justicia uruguaya lo requirió junto a otros trece represores de la dictadura, después de que el pasado año un grupo de exprisioneros políticos interpusiera una denuncia contra ellos por crímenes de lesa humanidad.

El abogado que presentó esta denuncia, Pablo Chargoñia, explicó a Efe que ahora tiene previsto "ofrecer a la Justicia uruguaya el testimonio" de Maraboto, con el fin de "avanzar para localizar a los denunciados, y que se les cite en calidad de indagados".

Maraboto, que vive desde hace trece años en Italia y al que Efe contactó por correo electrónico, asegura en el comunicado difundido a través de Facebook que nunca preguntó nada acerca de su padre biológico y solo hace dos, cuando se casó y se enfrentó a "la eventualidad de un día ser padre", quiso "entender" sus orígenes.

Según relata, fue su madre la que le reveló la identidad de su progenitor y le explicó que cuando lo conoció ignoraba que Ricci fuera "un tira" (delator o policía encubierto que colaboraba con la dictadura).

A partir de entonces, el hijo del supuesto traidor inició una investigación que le llevó a entrevistarse en Uruguay con personas que lo habían conocido, e incluso llegó a intercambiar con él varios correos electrónicos, según explicó a Efe el periodista y activista Roger Rodríguez, conocedor del caso.

"Quisiera no tener su sangre. Para mí sería más fácil vivir ignorando la verdad, pero no soy un cobarde. Elegí usar un arma más fuerte que mil revólveres: la palabra. Lo que hago, lo hago como uruguayo. Elegí no esconder la cabeza como un avestruz", asegura Maraboto en su escrito.

En el texto sostiene también que su padre "piensa que ha vivido una tercera vida, pero el pasado pesa", sobre todo "a las familias de los desaparecidos", y reclama que el Estado uruguayo "asuma la responsabilidad" para que "nunca más exista terrorismo de Estado".

Chargoñia aclaró, por su parte, que los delitos imputados a Ricci son "crímenes de lesa humanidad" y, por tanto, "no prescriben nunca". Adelantó además que si se verifica que efectivamente Ricci se encuentra en Brasil "cabría la posibilidad de solicitar su extradición".

La dictadura en Uruguay, que interrumpió una larga tradición democrática en el país, dejó 38 desaparecidos allí, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. Las desapariciones fueron en muchos casos fruto del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de los órganos represivos de las dictaduras del Cono Sur.

En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una. Al restablecerse la democracia en Uruguay fue aprobada la Ley de Caducidad, que dificultó el procesamiento de los responsables de los crímenes de Estado y que fue ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

Pese a ello, en Uruguay fueron condenados los ex dictadores Gregorio Álvarez y Pedro Bordaberry, ya fallecido, así como varios represores.