Gobierno catalán suspende campaña sobre consulta independentista

El ejecutivo nacionalista paralizó la campaña institucional ante la votación del 9 de noviembre, aunque advirtió que el proceso soberanista continúa, mientras miles de catalanes se ...
A pesar de la lluvia, miles de catalanes protestaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la suspensión de la consulta soberanista
A pesar de la lluvia, miles de catalanes protestaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la suspensión de la consulta soberanista (AFP)

Madrid

El Gobierno de Cataluña paralizó ayer “de forma cautelar y temporal” la campaña institucional sobre la consulta independentista convocada para el 9 de noviembre, tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional (TC), pero advirtió que el proceso continúa y dio a conocer que presentará alegaciones a la suspensión.

Así lo dio a conocer el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, y añadió que “por ahora” se suspenderá cualquier tipo de promoción de la consulta, en la que se pretendía preguntar a los ciudadanos locales si quiere que Cataluña se independice de España, pero que “esto no va a parar aquí”.

“Estamos en un contexto en el que nada se ha terminado; hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar y haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho”, afirmó.

Bajo el lema “Tú decides”, el pasado sábado se puso en marcha la campaña institucional, que incluía anuncios en prensa escrita, radio y televisión y también una página web propia. Todo eso ha quedado suspendido.

Eso sí, el portavoz del gobierno catalán que “si alguien se pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar por parte del Ejecutivo es que el lunes no acabó nada”, en referencia a la suspensión del Tribunal Constitucional.

Por ello, pidió a dicho organismo que decida sobre las alegaciones de su Ejecutivo tan rápido como decidió sobre los recursos del gobierno que encabeza Mariano Rajoy a la Ley de Consultas y a la convocatoria del 9N. Las alegaciones para levantarse la suspensión ya se presentaron, y en pocos días se presentarán las alegaciones sobre “el fondo”, dijo.

Subrayó que, en cualquier caso, el gobierno que encabeza Artur Mas dará marcha atrás a sus objetivos y su única hipótesis de trabajo sigue siendo que la consulta se celebrará el 9 de noviembre y que el debate no es jurídico, sino político.

En tanto que el presidente Mariano Rajoy, insistió en que es “obligación” del Gobierno de Cataluña cumplir la ley en vez de “atentar contra los derechos del resto de los ciudadanos”.

“Deberían ustedes reflexionar. Parece que no se equivocan nunca", le dijo Rajoy al portavoz del partido catalán Convergencia y Unió (CiU) en el Senado, José Luis Cleries, quien le preguntó en la sesión de control al gobierno en la Cámara Alta por la celebración de la consulta catalana.

El senador hizo una enardecida defensa del referéndum del 9 de noviembre, aseguró que los catalanes “votarán en libertad” y que lo democrático es poder hacerlo. “Por el bien de la Marca España, no repitan más eso de que votar fractura y es ilegal”, señaló. El político catalán también calificó de “inaudito” que un gobierno “quiera impedir que se vote” y que coincida con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

A la “voluntad de decidir su futuro” que según Cleries tienen los catalanes, el gobierno responde con “involución democrática, involución en el autogobierno, involución contra la lengua catalana, con el ahogo económico” y cerró su intervención con un ¡Visca Cataluña! (Viva Cataluña).

Rajoy le respondió que en España se ha votado “más de 60 veces” y que esa no es la cuestión, “votar o no votar”. “Se trata de que todos los gobernantes tienen obligación de cumplir la ley”, afirmó, porque “sin ley no hay democracia”.

Mientras, miles de catalanes se manifestaron hoy en varios municipios de esta región española indignados por la suspensión de la consulta independentista del 9 de noviembre decretada por el Tribunal Constitucional español, a quien quieren desobedecer.

El fuerte aguacero que cayó toda la tarde sobre Barcelona no fue obstáculo para que miles de personas vestidas de amarillo abarrotaran la histórica plaza Sant Jaume, donde se encuentran el gobierno catalán y el ayuntamiento, y las calles colindantes a gritos de "independencia" y "votaremos".

"Esto no lo para ninguna ley. Por esta razón yo, como mujer, no podría votar ahora mismo si en algún momento nadie hubiera roto la norma de que las mujeres no tienen derecho a voto", afirmó Montserrat Benet, una profesora de inglés de 51 años, escondida bajo un mar de paraguas.

La decisión del Tribunal Constitucional, a petición de un recurso del gobierno español, de suspender cautelarmente la consulta convocada el sábado por el presidente catalán Artur Mas, sembró la indignación entre el creciente independentismo en la comunidad autónoma.

Omnium y Asamblea Nacional Catalana, las entidades que organizaron las multitudinarias manifestaciones independentistas de los últimos años, llamaron a llenar las plazas de los ayuntamientos de todos los pueblos de la región reclamando desobedecer la suspensión judicial.

Además de la plaza Sant Jaume, donde un panel digital marca desde el sábado la cuenta atrás para el 9 de noviembre, otros municipios catalanes como Girona, Tarragona o Lleida (Lérida) vieron como cientos de personas se congregaban frente a sus ayuntamientos.

"¡No hay nada que nos pueda detener! Ni mucho menos un tribunal de Madrid que no tiene ninguna credibilidad y no merece ningún respeto", aseveró Muriel Casals, presidenta de Omnium, en el acto central de Barcelona, al que se sumaron representantes de los partidos políticos nacionalistas.

"Un árbitro ha de tener imparcialidad y este tribunal tiene unos antecedentes de no estar a favor de nada que proceda de Cataluña", opinó Miquel Eugenio, un trabajador social de 28 años.

Máxima autoridad judicial del país, el crédito de este tribunal es mínimo a ojos de muchos nacionalistas desde que en 2010 privó a Cataluña del estatus de "nación" al recortar parcialmente un estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006.