Gobierno y FARC revelaron contenido de acuerdos alcanzados

Los representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla publicaron por primera vez el contenido íntegro de los tres acuerdos parciales en las negociaciones en La Habana desde noviembre de 2012.
Humberto de La Calle (c) lee hoy en La Habana los borradores de los tres acuerdos parciales alcanzados con las FARC
Humberto de La Calle (c) lee hoy en La Habana los borradores de los tres acuerdos parciales alcanzados con las FARC (EFE)

La Habana

Representantes de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del gobierno de ese país revelaron hoy,  por primera vez, el contenido íntegro de los tres acuerdos parciales alcanzados en las negociaciones de paz que llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.

La decisión siguió a un anuncio hecho pocas horas antes en Nueva York por el presidente Juan Manuel Santos. “Así quedarán sin piso versiones descabelladas que propagan enemigos del proceso”, dijo el mandatario.

En La Habana, en tanto, el represente principal del gobierno, Humberto de la Calle, reconoció que la confidencialidad que rodeó hasta ahora los acuerdos “han dejado un margen demasiado grande a las especulaciones, incluso a las especulaciones malintencionadas”.

De la Calle agregó que “el fin del conflicto requiere por supuesto que las guerrillas dejen las armas”, pero acto seguido agregó que “esa no es una condición suficiente para construir la paz” y en tal sentido destacó partes de los tres acuerdos parciales alcanzados hasta ahora.

Esos consensos abarcan los siguientes asuntos: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”; “participación política ( de las guerrillas una vez desarmadas) : apertura democrática para construir la paz”;  y “solución al problema de las drogas ilícitas”, desde el punto de vista del cultivo y el tráfico.

Desde hace varios meses, las partes discuten el cuarto tema, de los seis en agenda,  que busca resarcir a más de seis millones de víctimas que, según estimados, ha dejado medio siglo de confrontación armada en Colombia.

En un comunicado conjunto, las partes coincidieron además en que “la implementación de estos acuerdos representaría un avance enorme en la promoción del bienestar de los colombianos y en la garantía de sus derechos, así como para la participación política y la apertura democrática para construir la paz”.

No obstante, el gobierno de Santos y las FARC ratificaron que, a pesar de los acuerdos parciales,  “nada está acordado hasta que todo esté acordado (…), lo que quiere decir que hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos”.

En el comunicado, se reflejaron igualmente puntos de vista divergentes entre el gobierno y las guerrillas sobre lo acordado.  A juicio de las FARC, por ejemplo, “existen además salvedades que están referidas a temas que están cobijados por el Acuerdo General y su preámbulo, y por tanto deben discutirse”.

Los insurgentes han insistido en el fenómeno del paramilitarismo de derecha y el martes dijeron que  sin el esclarecimiento del origen de esos grupos y de sus responsables “sería imposible cerrar las páginas sangrientas de nuestra historia”.

En opinión de la administración de Santos, sin embargo, “la mayoría de los  temas” planteados por las guerrillas “no hacen parte de la agenda del Acuerdo General y con otras el gobierno no está de acuerdo. Este asunto está por resolverse y cada delegación está en libertad de volver sobre los puntos que quiera”.

Los textos íntegros de los borradores fueron publicados en el sitio web mesadeconversaciones.com.co.

Participación Política

La construcción de la paz "requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político", para lo cual debe garantizarse "el pluralismo, facilitando la construcción de nuevos partidos y movimientos políticos", señala el borrador.

Ese camino "implicará la dejación de las armas y proscripción de la violencia" y garantías "para la oposición política", mediante un Sistema Integral de Seguridad que prevé el derecho a la "movilización y la protesta", así como el acceso a los medios, según el documento.

Convinieron en que el Gobierno debe prevenir, desarticular y neutralizar "cualquier fuente de violencia contra quienes ejercen la política y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar".

Solución del problema de las drogas

El Gobierno y las FARC reconocen que el problema de las drogas "ha tenido graves efectos sobre la población colombiana" y ha "alimentado y financiado el conflicto interno". Para su solución se abordará como "un problema de salud" con una "nueva visión" que busque alternativas al consumo, los cultivos ilícitos y "a la criminalidad asociada al narcotráfico".

El Gobierno se compromete a enfrentar "la corrupción en las instituciones causadas por el problemas de las drogas ilícitas y liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública". Las FARC, por su parte, se comprometen a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".

Reforma Rural Integral

Ambas partes consideran necesaria una Reforma Rural Integral, pues las difíciles condiciones en el campo colombiano "han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio", según el Gobierno y son "las causas históricas del conflicto", según las FARC, que surgió en las zonas rurales en 1964.

La reforma "debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad (...) y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia", señala el texto.

Para ello se creará un Fondo de Tierras que provendrá de la extinción judicial de dominio en favor del Estado; terrenos baldíos, indebidamente apropiados u ocupados, sin descartar "las adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública", con indemnización. También las tierras inexplotadas o las donadas al Fondo.

El gobierno aplicará una política de gratuidad, créditos o subsidios para comprar tierra para los campesinos beneficiados.

En la declaración conjunta, se aclaró que "los acuerdos (publicados) se rigen por el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'", establecido en las reglas de funcionamiento del Acuerdo General, es decir que "hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos".

De la Calle aclaró, además, que la publicación se hizo "sin renunciar, eso sí, a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción". "Me parece muy positivo, pero esos textos hay que traducirlos a un lenguaje muy sencillo para que la gente común y corriente, los menos letrados y enterados en el asunto, puedan entender", dijo Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

 

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