Garzón critica la "reforma exprés" para aforar a Juan Carlos

El magistrado afirma que con el cambio que el gobierno de Rajoy pretende sacar adelante en quince días para que la justicia no alcance al ex monarca se transmite a la ciudadanía que "algo ocurre" ...
 El Rey Juan Carlos saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante la ceremonia de abdicación el pasado jueves
El Rey Juan Carlos saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante la ceremonia de abdicación el pasado jueves (EFE)

Madrid

El juez Baltasar Garzón criticó la “reforma exprés” que el gobierno de Mariano Rajoy sacará adelante, a más tardar en quince días, para aforar a Juan Carlos I. En opinión del juez andaluz, con esta decisión, lo único que se hace es transmitir a la ciudadanía de que “algo ocurre”.

En su opinión, lo que el gobierno del Partido Popular procura con la ley orgánica para aforar al que hasta el pasado miércoles fuera el jefe del Estado español es “contrario” a toda la dinámica que hasta ahora se había producido. Y es que, según Garzón, “el fuero va hasta el momento en el que se cesa en la función, a partir de entonces vuelves a ser un ciudadano normal”.

“En este caso yo entiendo que se establezcan unas garantías pero no tiene mucho sentido hacer una reforma exprés prácticamente como la de la jurisdicción universal”, apuntó el ex magistrado de la Audiencia Nacional, quien insistió que “parece que ocurre algo si no llegamos a tiempo”.

En todo caso, Garzón consideró que los aforamientos “no deben ser una norma, aunque reconozco que sí tiene que haber determinadas protecciones cuando se ejerce un cargo como es el parlamentario o el de determinadas autoridades que tienen que estar protegidas por aquellos hechos que se refieren al desarrollo de su función”, añadió.

Y es que, según él, lo único que los aforamientos suponen es una “desconfianza clara ymanifiesta” hacia el poder judicial en un estado democrático. “Parece que son más fiables determinados jueces que han sido nombrados de una determinada forma que los jueces profesionales que han sido nombrados y que de manera independiente desarrollan su trabajo”, señaló.

Indicó que los aforamientos son una “excepción” y una prerrogativa que tiene que ir “muy aparejada” al ejercicio de la función, “y para nada después de la función, lo que supone una extensión intolerable, que en España no existe”.

Precisamente, el Partido Popular introdujo ya en la legislación el aforamiento para Juan Carlos y parte de la Familia Real y lo hizo sin respaldo de los grupos de la oposición del Congreso y a través de dos enmiendas a una reforma puntual de la Ley del Poder Judicial que ya no se votarán de forma separada en el Pleno del Congreso que este jueves va a aprobar el proyecto de ley con destino al Senado.

Una enmienda que incluye como aforados a los reyes (Juan Carlos y Sofía), a la consorte de Felipe VI (la reina Letizia) y a los príncipes de Asturias (de momento la infanta Leonor y su futuro cónyuge). En el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados “reales” cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo, todo esto con el fin de blindarles.

Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) yUnión Progreso y Democracia (UPyD) coincidieron en rechazar el aforamiento especial de Juan Carlos y parte de la Familia Real, pues no comparten la necesidad ni la precipitación con que se va a llevar a cabo el cambio legal, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el nacionalista catalán Convergència i Unió (CiU) se han centrado en criticar las formas con que ha actuado el PP.

Desde Polonia, donde asiste a una reunión bilateral con el gobierno polaco, el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, calificó hoy de "lógica y razonable" la condición de aforado ante la Justicia del que fue rey durante 39 años, aunque se mostró convencido de que no va a haber ninguna actividad de Juan Carlos I que precise de la intervención de los tribunales.

Rajoy aseguró que Juan Carlos de Borbón tendrá la condición de aforado en el plazo de unos quince días, el tiempo que cree que tardará la tramitación parlamentaria de la norma en la que se ha incluido ese aforamiento. El debate sobre el aforamiento del rey abdicado tiene lugar en un momento en el que el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista) está en el proceso para la elección del nuevo líder, lo que tendrá lugar en julio.

Los diferentes candidatos al liderazgo socialista se han pronunciado sobre el tema y los dos que según las encuestas tienen más opciones de triunfo, los diputados Eduardo Madina y Pedro Sánchez, se han mostrado cautos sobre el aforamiento, sin decantarse claramente.

Madina ha asegurado que este debate debería haberse hecho con más reflexión y serenidad y menos prisas, mientras que Sánchez ha pedido que se revise a fondo el concepto de aforado, condición que en España tienen numerosos altos cargos y parlamentarios no sólo nacionales, sino también de las Cámaras regionales.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que al aforamiento de Juan Carlos I tiene encaje constitucional y ha quitado importancia a las críticas a la rapidez con que se ha impulsado, para lo cual se ha aprovechado una ley en trámite de reforma.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, dijo hoy que es "lógico" y "sensato" el aforamiento del anterior monarca y subrayó que ello no debe entenderse como un "parapeto" o "inmunidad" ya que si fuera necesario respondería ante un órgano judicial, el Tribunal Supremo.

De otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, pondrá fin a la instrucción del caso Nóos este miércoles, cuando dictará el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que decidirá si mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales así como de la treintena de encausados restantes como primer paso para que puedan sentarse en el banquillo de los acusados.

De acuerdo a informaciones publicadas en la prensa local, la hija menor de Juan Carlos de Borbón continuará imputada. La imputación en diciembre de 2011 de Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina, investigado por presunta malversación de dinero público, y después la de la infanta el pasado enero, provocaron un escándalo que contribuyó a hundir la popularidad del rey Juan Carlos, antes de su abdicación el 2 de junio.

Las consecuencias del denominado "caso Noos" constituyen uno de los primeros problemas a los que deberá hacer frente el nuevo monarca, Felipe VI, tras su proclamación el 19 de junio. En respuesta al escándalo, Felipe VI había prometido, en el discurso con motivo de su jura ante el Parlamento, una "monarquía íntegra, honesta y transparente".

El juez José Castro, de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, hará público este miércoles el auto en el que presentará la lista de personas que permanecen imputadas y propone que sean juzgadas, anunció hoy el tribunal. La decisión no corresponde sin embargo al juez instructor, sino que será tomada por el tribunal provincial, una instancia superior, una vez examinados los diferentes recursos.

La fiscalía anticorrupción se había opuesto en su momento a la imputación de Cristina por el juez Castro, ante quien declaró el 8 de febrero sospechosa de delito fiscal y blanqueo de dinero. La infanta, de 49 años, habría, según el magistrado, cooperado con su esposo, imputado junto a su exsocio Diego Torrres por haber presuntamente malversado más de seis millones de euros de dinero público mediante el Instituto Noos, una sociedad sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006 y que firmó varios contratos con gobiernos regionales para la organización de actos relacionados con el deporte.

Cristina era vocal en la junta de Noos, además de ser propietaria al 50% con Urdangarin de la empresa Aizoon, que el juez sospecha fue utilizada como pantalla para blanquear el dinero malversado. En su declaración ante el magistrado, Cristina, que apareció serena y sonriente ante la prensa, afirmó no tener "nada que ver" con los negocios de su marido y haber participado en Noos y Aizoon porque Urdangarin se lo pidió y ella "confiaba" en él.

Con la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de su hijo como Felipe VI, Cristina, al igual que su hermana mayor Elena, salió automáticamente del círculo restringido de la familia real. Este incluye a partir de ahora al rey, a la reina Letizia y a las dos hijas de ambos, Leonor y Sofía, de 8 y 7 años respectivamente, así como a Juan Carlos y Sofía, que mantienen el título de "reyes" con carácter honorífico.

Cristina ya estaba, desde finales de 2011, alejada, al igual que su esposo, ex medallista olímpico de balonmano de 46 años, de todas las actividades oficiales de la familia, primera medida que habían tomado la Casa Real para intentar evitar que el escándalo se propagase. A este título, la infanta Cristina estuvo ausente el jueves de la ceremonia de proclamación de su hermano ante diputados y senadores reunidos en el Congreso, en Madrid.

Pese a este distanciamiento, queda por ver qué impacto, en el caso hipotético de que fuese enviada a juicio, puede tener el escándalo en la popularidad del nuevo rey, Felipe VI, y si la inesperada abdicación de Juan Carlos I logró crear un cortafuegos susceptible de preservar a su hijo.