Fujimori pide que le concedan "arresto domiciliario"

El ex presidente peruano, de 76 años, invoca "razones humanitarias" pues su encarcelamiento, tras ser condenado a 25 años de prisión en 2009, le supone una "pena de muerte lenta".
Alberto Fujimori (i) junto a su abogado, William Castillo (d), hoy al finalizar una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, en Lima
Alberto Fujimori (i) junto a su abogado, William Castillo (d), hoy al finalizar una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, en Lima (EFE)

Lima

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) invocó hoy "razones humanitarias" para que le concedan el arresto domiciliario que solicita con el objetivo de terminar de cumplir en su casa la sentencia de 25 años de prisión que le fue impuesta en 2009 por delitos de lesa humanidad.

Fujimori compareció ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia que debe considerar el recurso de apelación interpuesto por su abogado William Castillo después de que su petición fuera desestimada en primera instancia por otra sala de la misma Corte el año pasado.

La sala presidida por el juez supremo Luis Cevallos deberá resolver la apelación en un período máximo de unos quince días, plazo que sus miembros tienen para votar y comunicar su decisión. En un breve alegato, Fujimori, de 76 años, rogó a los integrantes de la sala que comprendan "las razones humanitarias" de su pedido.

"Este encarcelamiento constituye para mí una pena de muerte lenta. Si continúo así, exhalaré mi último suspiro antes de cumplir toda la condena, pues no creo que sobreviva hasta los 95 años", cuando finalizará la sentencia, explicó Fujimori. El ex mandatario pidió cumplir su condena en "condiciones humanitarias" que no pongan en riesgo su salud física ni mental, al recordar que se trata de un "paciente de alto riesgo".

"Soy una persona afectada de males crónicos que vienen desde hace quince años. Las condiciones actuales del encierro los agravan aún más. He sido intervenido quirúrgicamente seis veces, cinco de las cuales en prisión, por cáncer en la cavidad bucal", rememoró Fujimori.

La solicitud reabrió el debate entre la Fiscalía y el abogado del expresidente sobre los beneficios penitenciarios que implica pasar a un arresto domiciliario. El representante de la Fiscalía presentó los argumentos ya expuestos por el juez supremo Segundo Morales, cuando declaró infundada la solicitud en primera instancia el 29 de octubre del año pasado.

La primera resolución dictaminó que no existe una ley que faculte el trámite que se solicita, dado que el arresto domiciliario se aplica para los procesados con juicios en curso y no con sentencias firmes y ratificadas, como el caso de Fujimori.

Según el fiscal, el arresto domiciliario constituye un indulto encubierto porque implica el abandono del tratamiento penitenciario, en cuyas instalaciones aseguró que goza de mejores condiciones que el resto de reclusos del país y tiene una asistencia médica adecuada.

A la conclusión de la audiencia, el abogado William Castillo declaró a los periodistas que "no existe limitación para que un juez constitucional aplique el arresto domiciliario, porque este ya se contempla durante el proceso penal".

"Se trata de un preso que se está muriendo. Fujimori merece morir en casa y no en su prisión. Aunque esté en mejores condiciones que otros, no hay que soportar verlo morir en prisión y que salga de ella en un cajón", comentó.

La audiencia se celebró en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito limeño de Ate-Vitarte, donde Fujimori cumple su condena en una celda especialmente construida para él.

Según el abogado, antes de diciembre se celebrará otra audiencia para tratar el pedido de revisión de la condena de Fujimori que planteó a la sala de la Corte Suprema que preside el juez Javier Villa-Stein.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El ex presidente recibió además tres sentencias por delitos de corrupción que ya se cumplieron y actualmente es enjuiciado por el cargo de peculado (mal uso de fondos públicos), por el que se ha pedido ocho años de prisión.