Fiscalía de Brasil propone medidas contra "llaga" de la corrupción

El Ministerio Público presentó diez anteproyectos de ley que endurecen las penas, instauran un "test de integridad" para funcionarios y criminalizan el uso de la "caja 2" en las campañas electorales.
El fiscal general de Brasil Rodrigo Janot(d), y Nicolao Dino (i), coordinador de la División Anticorrupción, en la rueda de prensa hoy en Brasilia
El fiscal general de Brasil Rodrigo Janot(d), y Nicolao Dino (i), coordinador de la División Anticorrupción, en la rueda de prensa hoy en Brasilia (AFP)

Brasilia

El Ministerio Público de Brasil presentó hoy diez medidas para combatir la corrupción, menos de una semana después de las masivas protestas callejeras en repudio de la gigante trama de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.

Se trata de varios anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción, instauran un "test de integridad" aleatorio para funcionarios públicos y criminalizan el uso de la llamada "caja 2" por parte de partidos políticos durante la campaña electoral, entre otras medidas.

"Son sugerencias que llevaremos al Congreso, porque entendemos que pueden mejorar la actuación del Ministerio Público (MP) brasileño en el combate a esa llaga de nuestra sociedad que es la corrupción", afirmó el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, quien a principios de marzo pidió a la justicia investigar a decenas de políticos involucrados en la red criminal en torno a Petrobras.

Crimen de "alto riesgo"

El MP propone transformar la corrupción en un crimen "de alto riesgo", como los homicidios, y aumentar las penas para la corrupción que implique grandes valores, que podrían variar entre 4 y 25 años, según el delito y el dinero desviado.

"La corrupción mata. La corrupción, hoy, roba la comida, la salud y la escuela del ciudadano brasileño", justificó Deltan Dallagnol, coordinador del grupo de fiscales que lleva adelante las investigaciones de la operación "Lava Jato" (lavado de autos), que develó la corrupción en Petrobras.

El MP además propone la instauración de "tests de integridad" aleatorios para evaluar la actuación de los agentes públicos y disuadirlos de incurrir en actos de corrupción.

"Precisamos rendir cuentas de lo que hacemos. No sirve de nada avanzar en el campo represivo si no cerramos el grifo de la corrupción", subrayó Nicolao Dino, coordinador de la división anticorrupción del MP.

"Informante confidencial"

Los fiscales también sugieren crear la figura del informante confidencial, para preservar la identidad e integridad de quienes se atrevan a denunciar irregularidades.

Varias de las sugerencias coinciden con las medidas presentadas esta semana por la presidenta Dilma Rousseff, que reaccionó a las masivas protestas del domingo con el envío al Congreso de un paquete de normas que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.

La policía estima que el escándalo de corrupción en Petrobras, revelado hace ya un año, movió unos cuatro mil millones de dólares en una década. Desde que comenzó su segundo mandato el 1 de enero, Rousseff es asediada por permanentes revelaciones del megafraude, que tiene a decenas de legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el Congreso o incluso de su propio partido.

La popularidad de la mandataria se derrumbó a 13% tras las manifestaciones, según la última encuesta de la consultora Datafolha, algo que también se explica, según analistas, por el deterioro de la economía de Brasil, hoy estancada.

Empresas formaron "cártel" con Petrobras

De otra parte, dos de las empresas investigadas por los millonarios desvíos de recursos públicos de la petrolera brasileña Petrobras firmaron hoy un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Brasil en el que admitieron haber formado parte de un cartel para repartirse los contratos de la estatal.

El acuerdo de confesión a cambio de la reducción de las sanciones que les pueden ser impuestas por la violación de las leyes de libre competencia fue suscrita por las empresas Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas, informó hoy el estatal Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE).

Las dos firmas admitieron ante el órgano público que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas por el que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos.

Según el CADE, los dirigentes de las dos empresas confesaron su participación en el que llamaron "Club de las Emprendedoras", ofrecieron informaciones sobre el funcionamiento del cartel y presentaron documentos que pueden servir como pruebas de sus acusaciones.

Las informaciones y los documentos serán incluidos en el proceso ya abierto por el CADE contra el cartel que se apoderó ilegalmente de los contratos de la mayor empresa de Brasil y serán ofrecidos también a la Fiscalía, responsable por las investigaciones penales en el caso de Petrobras.

La legislación brasileña prevé multas de entre el 0.1 % y el 20 % de la facturación para las empresas contra las que se demuestre que formaron parte de carteles para dificultar la libre competencia.

Mediante el acuerdo de confesión, el CADE le ofrece una reducción de hasta dos terceras partes de la multa a las empresas que colaboren con la investigación y también puede librarlas de otras sanciones, como la prohibición de que participen en licitaciones públicas o de que obtengan préstamos de bancos públicos.

Además de dar una lista de los miembros del cartel, entre los que incluyeron las mayores constructoras de Brasil, como Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão y UTC Engenharia, las delatoras dijeron que el sistema comenzó a funcionar en la década de 1990 pero que ganó más intensidad y frecuencia a partir de 2003, con la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Gobierno.

Agregaron que la distribución de los millonarios contratos entre los miembros del grupo exclusivo fue posible gracias a la decisión de Petrobras de sustituir las licitaciones públicas por invitaciones especiales como forma de escoger a sus contratistas.

Según versiones de prensa, el 61 % de todas las compras hechas por Petrobras entre 2003 y 2012, por un valor de 220 mil millones de reales (unos 66,666.7 millones de dólares), fue adjudicada a empresas que recibían invitaciones para disputar los contratos y no por licitación.

SOG Óleo e Gás y Setal Engenharia fueron las primeras empresas entre las involucradas en el escándalo de Petrobras a acogerse a los beneficios ofrecidos por el CADE a las firmas que colaboran en investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía, las empresas acusadas de los desvíos de Petrobras obtenían contratos amañados con la estatal; inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.

Según cálculos de la Fiscalía, el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras en la última década asciende a unos 2,100 millones de reales (unos 646 millones de dólares).

A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, y además ha abierto investigaciones a cerca de 50 políticos.

Ministro resta importancia a protestas

De otra parte, el ministro de Cultura de Brasil, Juca Ferreira, restó importancia hoy a las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno de Dilma Rousseff, en un contexto marcado por la crisis económica, durante una rueda de prensa en el Salón del Libro de París.

"Todo país democrático vive turbulencias. Nosotros vivimos dificultades, en parte por la crisis económica mundial, que provocó la caída de las exportaciones de nuestras materias primas, tras un gran periodo de crecimiento", reconoció Ferreira en la capital francesa.

"Es normal que la gente se manifieste", añadió, a propósito de las marchas que reunieron, el pasado domingo, a más de un millón de personas en todo el país para protestar contra el parón económico de Brasil, las subidas de impuestos, los recortes y los escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Dilma Rousseff.

Brasil, que vivió una época dorada durante el mandato de Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010), está ahora cerca de la recesión, con una creciente inflación, y la clase media que emergió de la reciente bonanza económica se muestra cada vez más crítica con el ejecutivo.

Ante las dificultades actuales, Ferreira insistió en la necesidad de pasar de un modelo económico que depende, en gran medida, de las ventas de materias primas, a otro basado en productos de alto valor añadido para volver a la senda del crecimiento.

El ministro defendió, asimismo, la respuesta del gobierno ante las manifestaciones, destacando el hecho de que se desarrollaron libremente y sin ningún tipo de represión.

Ferreira también se felicitó por las medidas anticorrupción que presentó Rousseff el miércoles ante el Congreso. En un intento de calmar las calles, la presidenta propuso, entre otras cosas, la confiscación y devolución de los bienes adquiridos ilegalmente por los corruptos. El ministro aseguró, por último, que Brasil afronta otro gran reto con vistas al futuro: la reducción de "las grandes desigualdades" que azotan al país.