Fiscalía de Brasil arremete contra Rousseff, Lula y élite política

Una auténtica avalancha de pedidos de investigación por el fraude a Petrobras, realizados por el fiscal de la República anoche, sacudió al gigante sudamericano a una semana del probable inicio del ...
La presidenta brasleña, Dilma Rousseff (i), da la mano a su ministra de Agricultura, Katia Abreu (d), en el lanzamiento del Plan Zafra, en Brasilia
La presidenta brasleña, Dilma Rousseff (i), da la mano a su ministra de Agricultura, Katia Abreu (d), en el lanzamiento del Plan Zafra, en Brasilia (AFP)

Brasilia

De la presidenta Dilma Rousseff a Lula y el jefe de la oposición, gran parte de la élite política brasileña es blanco de la investigación del megafraude en Petrobras, con la notable excepción del vicepresidente Michel Temer, a punto de acceder al poder.

Una avalancha de pedidos de investigación realizados por el fiscal general de la República en la noche del martes sacudió al país a apenas una semana del probable inicio de un juicio político contra Rousseff en el Senado y su suspensión del cargo por hasta 180 días, mientras dure el proceso.

Hasta ahora Rousseff no es blanco de ninguna acusación de corrupción. El fiscal general Rodrigo Janot pidió a la corte suprema permiso para investigar a Rousseff, al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y al abogado general del Estado, informó la prensa brasileña.

¿Las razones? Intento de obstruir la enorme investigación mediante la designación de Lula como ministro, el plan para nombrar a un juez de apelaciones con la meta de liberar a presidentes de constructoras presos y la tentativa de impedir la confesión a la justicia de Delcidio Amaral, ex líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado e involucrado también en el escándalo.

Lula, ¿de investigado a reo?

Janot también denunció a Lula por obstrucción de la justicia al intentar comprar el silencio de un director corrupto de la estatal Petrobras. Si el Supremo Tribunal Federal (STF) acepta su denuncia, el líder histórico de la izquierda pasará de investigado a reo en el megaescándalo que defraudó a Petrobras durante una década, a un costo de más de dos mil millones de dólares, para beneficiar a decenas de políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera.

La fiscalía pidió al STF el martes autorización para investigar por asociación para delinquir, lavado de dinero y corrupción a Lula y tres ministros de su gobierno, al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y a 26 personas más. El día anterior había hecho lo mismo con el jefe del partido opositor PSDB, Aecio Neves.

"Esa organización criminal jamás podría haber funcionado por tantos años y de una forma tan amplia y agresiva en el ámbito del gobierno federal sin que el ex presidente Lula participase de ella", dijo Janot en su pedido, citado por la prensa.

Gran parte de las sospechas del fiscal se basan en declaraciones del senador Amaral a la justicia que se han filtrado a la prensa, mediante las cuales el ex aliado de Rousseff busca reducir su pena. Las denuncias de Amaral "son absolutamente livianas y sobre todo mentirosas", dijo hoy Rousseff a periodistas, en su primera reacción al pedido de investigación de la fiscalía.

"Estoy segura de que la apertura de la investigación mostrará que el senador, una vez más, faltó a la verdad (...) Creo que su credibilidad es bastante precaria", añadió. Rousseff reiteró hoy que defenderá su mandato "con todos los instrumentos" a su alcance al anunciar un plan anual de créditos agrícolas que, en 2015, generó unas deudas que ayudaron a poner en peligro su cargo.

Rousseff anunció que el llamado "Plan Zafra" para el período 2016-2017 estará dotado con 202,800 millones de reales (unos 57,940 millones de dólares) en un acto en el que insistió en que tiene "la conciencia tranquila" y reafirmó que no ha cometido "ningún delito".

Las acusaciones que pudieran llevar a Rousseff a enfrentar un juicio político con miras a su destitución se fundamentan en una serie de maniobras irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 y que le permitieron "maquillar" sus resultados.

Uno de los varios flancos de la demanda se refiere a multimillonarios atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para cubrir los recursos destinados a esos planes de apoyo al sector agrícola.

Según la acusación, que fue aceptada por la Cámara de Diputados y ahora tramita en el Senado, los reiterados atrasos de esos depósitos acabaron generando costosos intereses al Estado y configurando una "operación de crédito" con el banco público, lo cual es vetado por las leyes brasileñas.

"Dicen que esos atrasos son créditos, pero no lo son. Son sólo atrasos y fueron debidamente saldados, por lo que no se puede hablar de deudas del Estado con el Banco do Brasil", insistió Rousseff.

La presidenta sostuvo que "conceder subvenciones económicas a la agricultura, ayudar a la agricultura, no es un error" y aseguró que ese plan se enmarcó en el esfuerzo del Gobierno por "combatir el escenario adverso de la economía brasileña", que está en medio de la recesión más profunda registrada en décadas.

"Lo combatimos con este plan, pero también con todas las medidas enviadas al Congreso para dar secuencia al proceso de estabilización fiscal" y con otras iniciativas "que desde inicios de este año están paralizadas" en las cámaras legislativas, reclamó.

Rousseff lamentó que la Cámara de Diputados y el Senado no hayan discutido aún esas medidas, que implican subidas de impuestos y un fuerte recorte del gasto público, "porque estamos comenzando a ver señales de recuperación", entre las que citó una "desaceleración de la inflación".

Temer a la espera

Todo indica que el 11 o 12 de mayo el Senado suspenderá a Rousseff e iniciará su procedimiento de destitución debido a acusaciones de que utilizó préstamos de bancos estatales para ocultar déficit presupuestarios.

El senador opositor Antonio Anastasia, responsable del informe de la comisión que analiza el impeachment, se manifestó el miércoles, sin sorpresas, a favor de la instauración del juicio político en el plenario.

Temer, ex aliado de Rousseff y a quien el gobierno acusa de traición, asumirá su cargo de forma interina, y si finalmente dos tercios del Senado la consideran culpable, hasta el fin de su mandato en 2018.

Pese a que según el senador Amaral el vicepresidente Temer estuvo involucrado en la trama de corrupción en Petrobras, para sorpresa de muchos la fiscalía no lo incluyó en sus numerosos pedidos de investigación.

En la delación de Amaral "solo hay menciones al nombre del vicepresidente Michel Temer que no ameritan un pedido para abrir una investigación sobre el", dijo una fuente de la procuraduría general a la AFP.

Acusado por Rousseff de tramar un "golpe parlamentario" en su contra, Temer, del partido de centro PMDB, prepara ya su nuevo gobierno y discute abiertamente quiénes serán sus próximos ministros. Constitucionalmente, una vez que sea presidente interino no se le podrá juzgar por supuestos delitos cometidos antes del inicio de su mandato.

El elegido de Temer para liderar el ministerio de Planificación es un senador de su partido investigado en el marco del megafraude a la estatal. "Entiende mucho de economía y de presupuesto, es un excelente funcionario. Si fuera a esperar que se declare su inocencia, el gobierno termina", dijo Temer al diario O Globo.