Familiares de militares salvadoreños reclaman su liberación

Cuatro militares se encuentran detenidos por su participación con otros trece uniformados en la masacre de seis padres jesuitas en 1989, tras reclamar un juez español su extradición.
Periodistas esperan ante el cuartel general de la División Central de investigaciones policiales en San Salvador
Periodistas esperan ante el cuartel general de la División Central de investigaciones policiales en San Salvador (AFP)

San Salvador

Familiares de siete de los militares salvadoreños involucrados en la masacre de seis padres jesuitas en 1989 y requeridos por la Justicia española exigieron hoy la libertad de cuatro capturados durante un operativo que inició el viernes y el fin de la búsqueda de los prófugos y calificaron de "arbitraria" la detención.

"Exigimos a las autoridades la liberación de los actualmente detenidos de manera arbitraria y el cese de la persecución del resto de militares", señaló Carlos Mauricio Guzmán en una conferencia de prensa. "Reafirmamos la inocencia de nuestros padres" en las acusaciones de "hechos que jamás cometieron ni ordenaron cometer y en los que no tuvieron participación directa ni indirecta".

"Debemos decir que el hecho por el cual están siendo acusados nuestros familiares ya fue juzgado por las leyes salvadoreñas, por lo tanto esa orden de detención que se ha emitido es a todas luces arbitraria", afirmó Guzmán, a nombre de las familias de los militares requeridos por España.

Arresto pendiente

El 5 de enero, el juez español Eloy Velasco reiteró a El Salvador y a la Interpol que seguía pendiente el arresto de 17 militares retirados a quienes se acusa del asesinato de los jesuitas, perpetrado en noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

En virtud de la orden del juez español, la Policía salvadoreña detuvo el viernes a cuatro de los 17 militares y sigue buscando a los otros. Otro fue detenido en Estados Unidos, donde residía. Los detenidos son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.

Por su parte, el hijo del coronel Juan Orlando Zepeda, quien lleva el mismo nombre y permanece prófugo, aseguró que las capturas y búsqueda de los militares retirados es parte de una "persecución política" para "desestabilizar el país".

"Este hecho es tan trascendente que está trastocando la seguridad jurídica de nuestro país" porque "mucha de la gente que quieren involucrar en este caso son totalmente inocentes" y porque el hecho ya fue juzgado en 1991 por la Justicia salvadoreña, sostuvo Zepeda.

Asimismo, pidió a la Corte Suprema de Justicia que "haga valer" una sentencia emitida en 2012 en la que negó la extradición. "No puede ser que estemos dejando que sean violadas las sentencias del máximo tribunal de justicia de este país", agregó.

Zepeda afirmó que el juez Velasco "está extralimitándose, pues debería de saber que el caso de los jesuitas es un caso lamentable, pero que la ley salvadoreña ya cerró". "Exigimos que se respeten los derechos humanos de todos los señores militares, pues las órdenes de detención son arbitrarias", sostuvo Zepeda. De momento, la Policía sigue en la búsqueda de otros doce militares que se encuentran prófugos.

La noche del pasado viernes, la Policía inició un operativo para capturar a los 16 militares retirados que viven en El Salvador y que fueron requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco el pasado 5 de enero.

Número 17, en EU

El número 17 de la lista es el ex viceministro de Defensa Inocente Montano, que aguarda en Estados Unidos a ser extraditado a España, después de que una jueza de Carolina del Norte avalara el proceso el pasado viernes.

Los detenidos en un calabozo de la capital salvadoreña son: el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez, todos militares retirados.

El abogado de trece de los 17 implicados, Lisandro Quintanilla, dijo a la prensa que Zárpate Castillo sufrió una "descompensación" por la diabetes que padece, por lo que tuvo que asistirlo una ambulancia de la sanidad pública en la División de Tránsito Terrestre.

Las familias que dieron su posición fueron las del ex ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Carlos Mauricio Guzmán, Joaquín Arnoldo Cerna y Tomás Zárpate Castillo. Este sábado, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, pidió a los militares prófugos que se entreguen a la Justicia porque "es lo mejor para el país".

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de la ofensiva guerrillera "Hasta el Tope", fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.

El rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), a la cual pertenecían los sacerdotes asesinados, Andreu Oliva, dijo esperar que "los militares sean detenidos y extraditados, pues en El Salvador nunca pudimos encontrar justicia".

La matanza contra los jesuitas ocurrió en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, hecho en el que también fueron asesinadas dos mujeres salvadoreñas que trabajaban como servidoras domésticas de los sacerdotes. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, pidió el sábado a los militares que siguen prófugos que se entreguen a la justicia.