España mete al archivo la justicia universal

Ante presiones internacionales, como las de Israel y China, el gobernante Partido Popular ha decidido dar carpetazo a la persecución de dictadores, genocidas y criminales acusados de cometer ...
Baltazar Garzón saltó a la fama por el caso de Augusto Pinochet.
Baltazar Garzón saltó a la fama por el caso de Augusto Pinochet. (David Fernández)

Madrid

El arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998, ordenado por un juez español entonces desconocido para el mundo, marcó un antes y un después en la persecución de los delitos contra la humanidad.

Dictadores, genocidas y criminales acusados de atentar contra la humanidad tuvieron que pensarse dos veces a partir de ahí si salían o no de sus países ante la posibilidad de que les pudiera ocurrir lo que a Pinochet con el juez Baltasar Garzón.

La situación está a punto de cambiar por la presión diplomática ejercida por países poderosos ante la persecución de ex altos cargos.

La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) del gobernante Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, impuso ayer el inicio de la tramitación de una reforma exprés que entrará en vigor antes de dos meses y llevará al archivo la mayoría de las 12 causas de lesa humanidad en la Audiencia Nacional. Toda la oposición votó en contra.

España fue uno de los referentes mundiales en la persecución de genocidio, crímenes de guerra y tortura por el número de investigaciones contra presuntos criminales que no enjuiciaban sus países.

En algo más de 15 años, la Audiencia Nacional abrió investigaciones de los crímenes de la dictadura argentina, el genocidio en Guatemala, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura en Chile o las torturas en la base estadunidense de Guantánamo, Cuba.

Solo el ex militar argentino Adolfo Scilingo fue juzgado y condenado. Pero como afirma el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, "el impacto también cuenta".

La iniciativa española sirvió para que países como Argentina o Chile enjuiciaran los crímenes de su propio pasado.

La acción de la Audiencia Nacional incomodó a los gobiernos españoles, que vieron cómo se abrían crisis diplomáticas con varios países de origen de los perseguidos.

La justicia española solo podrá investigar los crímenes de lesa humanidad cuando los responsables sean españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado. Las víctimas deben también ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.

Amnistía Internacional critica "la invasión parlamentaria" para limitar la acción de los jueces. "Es ilegal de todo derecho. Un parlamento no puede obligar a un juez", denuncia Beltrán.

Asociaciones de jueces y fiscales aseguran que contraviene los convenios internacionales en los que España es parte. Y no es una restricción cualquiera, sino de la persecución de "los crímenes más atroces que se conocen", señala la Unión Progresista de Fiscales.

"Un paso atrás en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos. Perjudica los ideales democráticos y ganan los grandes delincuentes", enfatiza a su vez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Justo el lunes, la Audiencia Nacional ordenaba la busca y captura del ex presidente de China Jiang Zemin y de otros cuatro ex altos funcionarios del gobierno comunista por presunto genocidio en 1980-90 en el Tíbet. La crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid, cuando el tribunal inició en noviembre el camino hacia esa orden de arresto, está detrás de la limitación de la jurisdicción universal.

Hasta ahora, el país está a la cabeza mundial de la aplicación de la justicia universal, incluso después de que esta sufriera ya un primer recorte en 2009, cuando gobernaba el socialista José Rodríguez Zapatero, quien pactó con el PP una primera poda tras las protestas de Israel por la imputación de su ex ministro de Defensa Benjamin Ben Eliezer por una matanza de civiles en Gaza, en 2002.

Con la reforma, España será el único país europeo que legisla para limitar la aplicación del principio. En palabras de Beltrán, el único que "ata las manos del propio Estado para investigar a criminales".

De la docena de causas abiertas, entre ellas la muerte del camarógrafo español José Couso en Irak a manos del ejército de EU, los vuelos de CIA o el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989, lo probable es que quede solo una abierta: el proceso al ex ministro del Interior de Guatemala Carlos Vielman, nacionalizado español y acusado de ejecuciones extrajudiciales en su país.

Beltrán cree que la reforma caerá con un recurso ante Estrasburgo –sede de la eurocámara y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- o cuando un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Pero son procesos que pueden llevar años.