España no entregará a Argentina acusados por crímenes en franquismo

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que a pesar de la petición de Interpol de detención preventiva de los veinte altos cargos del franquismo los delitos están prescritos en ...
Los ex ministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, reclamados por la sección argentina de Interpol
Los ex ministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, reclamados por la sección argentina de Interpol (EFE)

Madrid

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy que España denegará la entrega a Argentina de veinte altos cargos acusados por la justicia de este país por crímenes en los años 70 y añadió que los eventuales delitos están prescritos en España y son anteriores a la Ley de Amnistía.

La Interpol solicitó hoy a España la detención preventiva con fines de extradición de dos decenas de acusados por la justicia argentina en una causa por crímenes del franquismo, entre los que figuran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

El ministro de Justicia dijo a la prensa en el Congreso de los Diputados que con los antecedentes que existen en la Audiencia Nacional por hechos similares "la resolución será muy equivalente", es decir, "denegar la entrega porque son delitos prescritos en España, donde además hay una Ley de Amnistía".

Catalá se refirió a los casos previos del ex policía Juan Antonio González Pacheco y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, cuyas extradiciones fueron rechazadas por la Audiencia Nacional.

No obstante, el titular de Justicia apuntó que "habrá que estudiar la orden" de detención de Interpol, que aún no conoce, si bien la decisión final corresponderá a la Audiencia Nacional así como al Ministerio del Interior.

La Interpol argentina había solicitado hoy de forma “muy urgente” a su oficina de Madrid la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la juez María Servini por crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos 19 ex altos cargos del franquismo que, según las acusaciones, habrían participado en distintos crímenes del régimen como ejecuciones, masacres o torturas.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología y de sustracción de menores.

En concreto, Servini  pide todos los datos identificativos de los imputados como requisito indispensable para el caso de emitir una orden de captura internacional y evitar detener a personas con su mismo nombre.

La Coordinadora CEAQUA, personada en la causa abierta en Buenos Aires, explicó que una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los reclamados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.

El juzgado español deberá después comunicar su decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine. En caso de ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de extradición, según CEAQUA.

Estas disposiciones coinciden con lo establecido en el artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina.

La juez Servini imputó y ordenó detener recientemente a una veintena de personas por crímenes del franquismo, aunque una de ellas, el ex ministro Antonio Barrera de Irimo, falleció recientemente.

La magistrada imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Martín Villa, que fue ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 tras ocupar cargos de responsabilidad en el franquismo, es requerido por su eventual responsabilidad en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich (1974).

Las ultimas penas de muerte aplicadas en España fueron en 1975 y en relación con ellas son reclamados exgobernantes de ese año como Fernando Suárez, que fue vicepresidente del Gobierno; Antonio Carro (exministro de la Presidencia) y José María Sánchez Ventura Pascual (extitular de Justicia).

Entre algunos de los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En su auto judicial, Servini recordó que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al ex policía Antonio González Pacheco “Billy el niño” y al ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.

Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.