Enfoque: Madrid presiona a los independentistas catalanes, minados por sus divisiones

La resolución independentista aprobada esta semana por el parlamento de Cataluña desencadenó la respuesta con artillería jurídica del gobierno español, mientras el frente soberanista catalán se ...
Artur Mas, presidente del gobierno autónomo catalán, la Generalitat, no logró ser reelegido en los debates de esta semana
Artur Mas, presidente del gobierno autónomo catalán, la Generalitat, no logró ser reelegido en los debates de esta semana (AFP)

Madrid

Los independentistas catalanes lanzaron al Estado español un desafío sin precedentes esta semana, iniciando "solemnemente" el proceso de separación de una España cuya artillería jurídica se puso inmeditamente en marcha para contraatacar, pero podrían verse minados por sus divisiones internas.

"La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude", lanzó el jueves el rey Felipe VI de España, saliendo de su reserva por primera vez, muestra de la gravedad de la situación.

Con una resolución aprobada por 72 de los 135 diputados catalanes, el parlamento regional entró en la historia el lunes proclamando la apertura del "proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

La reacción del gobierno conservador de Mariano Rajoy, en plena campaña para su reelección en las legislativas del 20 de diciembre, no se hizo esperar: un consejo de ministros extraordinario el martes, impugnación ante el Tribunal Constitucional el miércoles, y difusión de un informe de la fiscalía que alude a las penas de prisión a que se exponen los culpables de "rebelión" y "sedición".

Tras la suspensión cautelar de la resolución por el Constitucional, donde una mayoría de jueces son conservadores, ahora cualquier acto que la vulnere, explica el experto en derecho constitucional Antonio Torres del Moral, puede provocar acciones judiciales.

Si pese a las advertencias, el gobierno catalán comenzase a aplicar su plan independentista, el Estado podría también suspender a su presidente regional: "entonces ya no habría gobierno catalán, el Estado tendría que encargarse de la gestión de las administraciones" regionales como la hacienda o la policía, y "luego habría convocatoria de elecciones", agrega Torres del Moral.

"No creíamos que esto iba a llegar, nos ha cogido por sorpresa", afirma este profesor universitario, aludiendo a los debates de especialistas entre los partidarios de una suspensión de las competencias propias de Cataluña -como la sanidad, la educación o la policía- y quienes defienden soluciones más políticas.

Su colega Javier Pérez Royo, miembro de la lista electoral del partido antiliberal Podemos, la única formación que propone un referéndum de autodeterminación para Cataluña, es de éstos últimos.

"No es un problema de ingeniería constitucional", afirma. Así, según él, el artículo 92 de la Constitución española "permite celebrar un referendo consultivo": bastaría con organizarlo en Cataluña y después "en función del resultado se tomaría una decisión".

Diferencias ideológicas

Pero, mientras en Madrid políticos y especialistas en derecho desgranaban escenarios de crisis, en Barcelona los independentistas se sumían en diferencias ideológicas difícilmente superables.

El jueves, el presidente catalán saliente Artur Mas fracasó por segunda vez en su intento de ser investido para un nuevo mandato. Conservador liberal surgido de la burguesía catalana, que desde 2010 aplicó drásticas políticas de austeridad, Mas no logró convencer a la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) de votar por él.

La coalición independentista impulsada por Mas, Junts pel Sí (JxS, compuesta de CDC y ERC, políticos de derechas, izquierdas e independientes surgidos de la sociedad civil) necesita los votos de la CUP para gobernar aunque una parte de sus diputados se resiste a alinearse con un movimiento revolucionario.

"No vamos a hacer todo lo que dice esta gente", comentaba una fuente de JxS, aludiendo por ejemplo a "incautar apartamentos privados vacíos" para alojar a las familias sin hogar. La alianza con un movimiento de extrema izquierda asusta en medios económicos catalanes y parece provocar el vértigo de una parte de los partidarios de Mas.

"Esto hay que pararlo porque si no se para los empresarios estamos desesperados", declaraba el miércoles Josep Bou, dirigente de una asociación de empresarios catalanes. "Agua con aceite no se puede mezclar. El de Mas, "que es un partido conservador de corte liberal" no puede "intentar congeniar, pactar, con la CUP, que ya nos ha mostrado lo que pretende: salir de Europa, salir del euro", agregaba.

Sólo 24 horas más tarde la agencia de calificación crediticia Fitch rebajaba la nota de la deuda catalana a la categoría de "especulativa" debido a la resolución independentista.

Mientras tanto, la CUP decidió consultar a sus militantes, pero no antes del 29 de noviembre. "Nosotros no vamos a ir más allá (...) ahora le corresponde a la CUP ceder", advertía una fuente del gobierno catalán.