ONG denunciará a ETA ante La Haya

Alrededor de  400 de los más de 850 crímenes de ETA están sin resolver, denunció el colectivo Víctimas del Terrorismo.
 Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) (Especial)

Madrid

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, dio a conocer hoy que como “la Justicia en España deja muchísimo que desear”  el organismo que representa denunció a la banda terrorista ETA ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI).

Ordoñez lamentó que España no haya cambiado la calificación de los delitos cometidos por ETA desde 2002, cuando entró en vigor el Estatuto del TPI. Además, indicó en que unos 400 de los más de 850 crímenes de ETA están sin resolver, de manera que “algo ha fallado en España”, declaró en la cadena de radio Cope.

Expreso que, a su juicio, las víctimas se están “organizando” y “haciendo el papel que deberían haber asumido las instituciones hace muchos años”. Por ello, añadió, que la querella se refiere a crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA a partir de 2002, entre ellos asesinato, asesinato en tentativa, traslado de población forzosa y otros crímenes graves por motivos políticos y raciales, “una planificación perfectamente organizada para eliminar a una parte de la población”.

Explicó que su denuncia apunta a personas concretas, incluidos dirigentes de la izquierda independentista (abertzales como Arnaldo Otegi o Joseba Permach porque son “altos responsables que han planificado la estrategia de terror” de la banda y los responsables de su brazo político, como confirmaron el Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo.

El texto de la denuncia de Covite pide a este tribunal que abra una investigación porque “se han cometido graves crímenes de trascendencia internacional”.

El gobernante Partido Popular (PP) prometió que iba a llevar a cabo una reforma para que todas estas víctimas pudieran recuperar su derecho a ejercer el voto en su comunidad autónoma, de la que tuvieron que irse por la presión de las pistolas. Esta iniciativa aún está pendiente.