Destitución de Machado no es lo mejor para diálogo en Venezuela: OEA

José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, defendió el derecho de la diputada opositora venezolana a intervenir en la organización continental, lo que le fue ...
Un hombre sostiene una pistola (c) en medio de un grupo de activistas progubernamentales que se enfrentaron ayer a estudiantes universitarios
Un hombre sostiene una pistola (c) en medio de un grupo de activistas progubernamentales que se enfrentaron ayer a estudiantes universitarios (AFP)

Medellín, Caracas

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo hoy a AFP que considera que la destitución de la diputada opositora María Corina Machado no es lo mejor para el diálogo que se busca emprender en Venezuela. "No entiendo por qué se le ha perseguido y se le ha querido despojar de su carácter de parlamentario. Pero esa es mi opinión, yo respeto lo que dice el Tribunal Supremo de Venezuela. Simplemente creo que para el diálogo que se quiere emprender eso no es la mejor salida", dijo Insulza sobre Machado durante una cumbre a la que asiste en la ciudad colombiana de Medellín.

Y "no entendí por qué se le impidió hablar" en la OEA, donde aunque no hay una norma que establezca que una persona pueda tomar la silla de un país para plantear sus asuntos sí hay una tradición de que eso ocurra, explicó el responsable. El martes pasado la fuerza pública impidió el ingreso de Machado al Parlamento venezolano luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara su destitución, alegando que la política "perdió su investidura" por haber acudido el 21 de marzo a una reunión de la OEA como "representante alterna" del gobierno de Panamá, en una cita de la que finalmente fue excluida su intervención.

Machado, una ingeniera de 46 años que obtuvo una de las mayores votaciones en las legislativas de 2010, es acusada por el chavismo de promover la violencia en la ola de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que en casi dos meses han dejado un saldo de 39 muertos y más de 550 heridos. La ahora ex diputada y el líder del partido Voluntad Popular Leopoldo López, preso en una cárcel militar desde hace más de un mes acusado de instigar a la violencia, promueven "La Salida", una estrategia para forzar la renuncia de Maduro con protestas callejeras.

Maduro lanzó a fines de febrero un diálogo nacional con distintos sectores en el que participaron jerarcas de algunos cultos religiosos y empresarios en busca de soluciones para la crisis que vive el país, pero la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha rechazado acudir a esas citas. La mediación de Unasur, que envió la semana pasada una comisión de cancilleres a dialogar con distintos sectores a petición de Maduro, o de la iglesia católica también se han considerado en Venezuela.

Unos tres mil opositores se manifestaban esta tarde en una plaza del este de Caracas para reclamar la libertad de Leopoldo López, dirigente radical opositor a quien horas antes la fiscalía acusó formalmente de incitar a la violencia. López "fue acusado el día de hoy (viernes). Al tribunal le corresponde fijar la audiencia" por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir", dijo en rueda de prensa la fiscal general Luis Ortega Díaz, sin dar más detalles del caso.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes, se reunieron en la Plaza Brión, en la zona este de Caracas, bastión de la oposición y que limita con el centro de la ciudad, terreno del chavismo. La Plaza Brión es el mismo sitio donde el 18 de febrero se entregó a la justicia López, un ambicioso economista de 42 años egresado de Harvard y líder del partido Voluntad Popular, en el ala radical de la opositora coalición Mesa de la Unidad Democrática.

Es una "marcha pacífica hacia el Palacio de Justicia para exigir que liberen a Leopoldo López", señala la convocatoria de Voluntad PopularAlgunos vestidos de blanco, otros llevando la bandera de Venezuela, los manifestantes acudieron bajo el lema "Liberen a Leopoldo", líder del partido Voluntad Popular y quien la mañana de hoy fue acusado formalmente por la fiscalía general "de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir".

"La señal de que el gobierno empieza a respetarnos es liberar a Leopoldo López y a los presos políticos", dijo a la AFP Ernesto Palacios, un militante de Voluntad Popular de 31 años. López, uno de los principales promotores de las protestas opositoras en Venezuela que cumplen dos meses con saldo de 39 muertos, se encuentra recluido desde el 18 de febrero en una cárcel militar de las afueras de Caracas. "Hay que despertar a Venezuela", clama un joven que permanece anónimo detrás de una rudimentaria máscara antigás, reforzada con un trapo humedecido con vinagre para evitar la picazón de las bombas lacrimógenas y de paso ocultar su rostro.

"Este gobierno dictatorial nos impide el camino al municipio Libertador. Nosotros no tenemos armas, sólo piedras y es la policía la que siempre empieza con el gas", añade el joven mientras marcha con otros 200 jóvenes preparados como él para la batalla de gases y que enarbolan una pancarta que advierte "Estamos en resistencia".

La manifestación busca llegar hasta el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, en el municipio chavista de Libertador, terreno del chavismo por el que no ha podido transitar una media docena de marchas opositoras, algunas de las cuales han terminado con choques entre manifestantes y fuerzas del orden en medio de una nube de gas lacrimógeno y chorros de agua. En las inmediaciones ya se observaba la presencia de los cuerpos antimotines.

La movilización, la tercera en esta semana, marca también dos meses de las manifestaciones opositoras, iniciadas por estudiantes de San Cristóbal (oeste) contra la inseguridad y que se han extendido a otras localidades multiplicando reclamos contra la crisis económica, la represión policial y la detención de opositores. El gobierno socialista de Maduro -heredero político de Hugo Chávez- no ceja en denunciar que todo es parte de un plan de golpe de Estado con patrocinio de sectores estadounidenses y colombianos, y la ayuda de una campaña mediática internacional antivenezolana.

Las protestas han dejado 39 muertos, 608 lesionados y 192 personas bajo proceso judicial, entre ellos el mismo López y dos alcaldes. Otra líder radical opositora, María Corina Machado, fue destituida como diputada por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Las protestas han ido a la baja en número e intensidad, pero se mantienen movilizaciones en algunas ciudades, principalmente en Caracas, donde el municipio opositor de Chacao (este) vive habituales choques nocturnos entre manifestantes armados con piedras y bombas incendiarias y antimotines que responden con gases lacrimógenos.

Desde su celda en la prisión militar de Ramo Verde, López, cuya imagen con camisa verde asomado por una pequeña ventana y con las manos en los barrotes circula en redes sociales, denuncia condiciones de aislamiento con escaso trato pero "respetuoso" con guardias militares, una hora de ejercicio al sol y un pequeño televisor. "La lucha iniciada por mí (...) es para impulsar La Salida democrática, pacífica y constitucional en contra de lo que, ya no hay duda, es una dictadura en Venezuela", dijo López en una entrevista por escrito con la cadena CNN.

Las protestas irrumpieron en Caracas de la mano de López, quien el 12 de febrero convocó a una marcha bajo el lema "La salida", estrategia que apunta a la renuncia de Maduro por la presión de las manifestaciones. Ese día se desataron enfrentamientos entre radicales, policías y civiles armados -señalados por opositores como simpatizantes del gobierno- con saldo de tres muertos, los primeros de esta ola. Bajo distintos cargos, entre ellos homicidio y terrorismo (ahora retirados), la justicia emitió una orden de captura contra López, quien tras cinco días prófugo, se entregó en un masivo mitin en Plaza Brión.

La semana pasada, un tribunal de Caracas rechazó una apelación presentada por la defensa, que sostiene la inocencia del líder radical. "Leopoldo López nunca ha cometido un delito y mucho menos esos que se le están imputando", ha señalado Juan Carlos Gutiérrez. Carlos Vecchio, también de la dirigencia de Voluntad Popular, es otro de los políticos que están en la mira de una ofensiva judicial lanzada al calor de las protestas y que lo han empujado a una vida casi clandestina, con una sorpresiva aparición en una manifestación hace dos semanas y algunas declaraciones a la prensa.

"En Venezuela las instituciones no existen. No hay justicia ni independencia de poderes. Y lo que queda es solo para ser utilizado por el régimen contra los que piensan distinto. Las instituciones están al servicio del régimen", declaró Vecchio el martes al canal colombiano NTN24. De otra parte, la alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció hoy que la fuerza pública está actuando de forma combinada con grupos civiles armados que respaldan al gobierno para enfrentar y contener las protestas que comenzaron en febrero.

La MUD dijo en una declaración que la operación que junta a las fuerzas del orden y grupos afines al gobierno contra las manifestaciones se vio abiertamente en los desórdenes del jueves en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde hubo seis heridos entre estudiantes y periodistas. Señaló que una combinación de la Guardia Nacional (policía militarizada), Policía Nacional, grupos violentos ajenos a la UCV y paramilitares arremetió en la universidad contra estudiantes y profesores.

"Pero el nuevo ataque no se quedó esta vez en una lluvia de bombas lacrimógenas, perdigones, violación de la autonomía universitaria y heridos. No, ahora se introduce una nueva práctica, ya observada en algunas ciudades del país como Mérida y Maracaibo, y es la actuación combinada de los grupos paramilitares armados que respaldan al gobierno, junto a la fuerza pública que reprime. Esta nueva acción trae consigo golpes, amenazas de muerte y vejaciones", señaló.

La MUD dijo rechazar la violencia que se generó en la universidad, luego de que una marcha de estudiantes fue prohibida y repelida con gases lacrimógenos lanzados por la policía desde afuera y dentro de la universidad, mientras los grupos armados golpearon y asaltaron a los manifestantes. Señaló que se trata de un "ejercicio por demás despreciable y humillante para cualquier ser humano", pues los grupos "violentos y los paramilitares decidieron implementar, junto a los ataques con arma en mano, una nueva práctica traducida en el despojo de las ropas de los estudiantes dejándoles desnudos, luego de golpearles y amenazarles".

"Todo esto transcurrió mientras el gobierno anunciaba la constitución del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cuyo objetivo, entre otros, es la protección de los derechos humanos de particulares o grupos vulnerables", indicó. Al respecto, preguntó al gobierno si lo ocurrido en la UCV no es una violación de los derechos humanos de un ciudadano o de un grupo vulnerable, como los estudiantes.

"Tanta ha sido la violencia durante las últimas semanas desatada por estos grupos armados, públicamente elogiados por la cúpula del gobierno nacional por su comportamiento 'ejemplar', que el mismo vicepresidente (Jorge) Arreaza ha prometido desarmar y hasta la fecha eso no ha ocurrido. Nos preguntamos cómo se puede hablar de paz si mientras se sigue manteniendo y alentando la existencia de estos grupos armados que aterrorizan a todos los venezolanos por igual en nombre de una revolución", recalcó.

La MUD exigió respeto a la comunidad universitaria y su autonomía y al derecho a la "protesta pacífica de quienes, como los estudiantes, reclaman un futuro mejor". Asimismo, pidió que se detenga la represión contra quienes protestan e insistió en que el gobierno desmantele y desarme de inmediato a los grupos paramilitares, "convertidos, junto con la delincuencia, en una nueva amenaza de violencia y de muerte contra los venezolanos".

Mientras, el vicepresidente Arreaza afirmó que las marchas "provocadoras" de los estudiantes fueron las que originaron la violencia y afirmó que en los hechos de la UCV "hay responsabilidad compartida". A la vez, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Diego Padrón, advirtió que la violencia y la represión se están convirtiendo en algo cotidiano en la vida de los venezolanos. "En años anteriores no habíamos llegado a estos niveles de violencia, represión y muerte. La violencia es una amenaza para el presente y el futuro, quedan heridas y además nos desvirtúa de nuestra manera cultural de ser. Nosotros somos capaces de entendernos", señaló.