Condenan a muerte a un político opositor de Bangladesh

Salauddin Quader Chowdhury fue condenado por dirigir una célula de torturas en su casa junto con su padre.

Nueva Delhi

Un tribunal bangladesí condenó hoy a la horca al político del principal partido de la oposición Salauddin Quader Chowdhury por crímenes contra la Humanidad en la guerra de independencia de Bangladesh en 1971, informaron medios locales.

Chowdhury, uno de los líderes del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y miembro del Parlamento, fue hallado culpable de genocidio y asesinato, entre otros cargos, por los jueces Anwarul Haque, Jahangir Hossain y Fazle Kabir, según el portal bdnews24.

El político, de 64 años y que llegó al tribunal sonriendo, también ha sido condenado por dirigir una célula de torturas en su casa junto con su padre, Fazlul Quader Chowdhury, líder de una organización que apoyó a Pakistán en el conflicto, además de secuestro y de forzar a hindúes a abandonar el país musulmán.

El veredicto se ha dado a conocer entre fuertes medidas de seguridad en el tribunal, la sede del BNP, la corte Suprema y otras zonas de la capital, Dacca, y Chittagong, ciudad de origen del político, ante un posible estallido de violencia.

Chowdhury, culpable de 9 de los 23 delitos de los que se le acusaba, es el primer parlamentario y miembro del BNP en ser condenado por el conflicto, en el que según datos no oficiales murieron tres millones de personas y cientos de miles de mujeres fueron violadas.

Desde febrero pasado, el tribunal de crímenes de guerra ha condenado a seis altos cargos de Jamaat-e-Islami (JI), principal partido islamista de Bangladesh. Cinco de ellos han recibido la pena de muerte y otro, de 90 años de prisión, pero en la apelación, el Supremo elevó esa última pena de cárcel a la horca.

Los juicios son una promesa electoral de la primera ministra, Sheikh Hasina, de la Liga Awami, que creó en 2010 un tribunal para juzgar los crímenes de la guerra.

Casi todos los acusados pertenecen a JI, una pequeña pero influyente organización que se ha aliado tradicionalmente con el BNP -algunos de cuyos miembros también han sido acusados- y con gran capacidad para movilizar a sus bases.

Por ello, tanto JI -ilegalizado por un tribunal en agosto- y el BNP han acusado al Gobierno de crear la corte con fines políticos.