Inició juicio por corrupción contra Cristina de Borbón y su marido

En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, el rey de España, la infanta presenció la apertura del "juicio del año", con la lectura de los cargos en Palma de Mallorca, capital de ...
La infanta presenció junto a otros 17 acusados la apertura del "juicio del año".
La infanta presenció junto a otros 17 acusados la apertura del "juicio del año". (AFP)

Madrid, Palma

Cristina de Borbón, hermana del Rey de España, Felipe VI, y su esposo Iñaki Urdangarin volvieron a sentarse hoy en el banquillo de los acusados al iniciar en Mallorca el juicio del Caso Nóos. 

Habían llegado una hora antes en un vehículo gris oscuro, vestida con pantalón, chaqueta negra y fular rojo, acompañada por su esposo, Iñaki Urdangarin, principal acusado en el caso. Ambos con semblante serio, entraron sin detenerse ante las decenas de periodistas de todo el mundo que les esperaban.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llegaron juntos a la sala de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma de Mallorca. Ambos arribaron en el mismo vehículo y Urdangarin le abrió la puerta del coche a su esposa.

Un "hola" de la Infanta

Posteriormente entraron juntos a las dependencias, sin detenerse ante las decenas de reporteros y fotógrafos que esperaban a las puertas del edificio, aunque la Infanta saludó con un “hola”. Enseguida accedieron al interior después de pasar por el arco de seguridad.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y 6 meses de Manos Limpias.

También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide 8 años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla 3 años y 6 meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de once años para el marido de la Infanta, por el que ayer nadie abogó. Los 18 acusados en el juicio del Caso Nóos se enfrentan a penas de más de 100 años. El juicio puede prolongarse seis meses o poco menos de un año.

En una sala presidida por el retrato de su hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre en junio de 2014, la infanta presenció junto a otros 17 acusados la apertura del "juicio del año", con la lectura de los cargos en Palma de Mallorca, capital de las islas Baleares.

Tanto su defensa como la Fiscalía y el Estado solicitaron detener el proceso oral y no hacer válida la petición de ocho años de cárcel y una multa de más de 2 millones de euros para la Infanta que pide la acusación popular, el colectivo ultraderechista Manos Limpias.

Tras declarar que el juicio se ha convertido para Cristina en una “auténtica pesadilla”, el letrado de la Infanta, Jesús María Silva, y el fiscal Pedro Horrach apelaron a la aplicación de la llamada “Doctrina Botín” -que sostiene que en los casos de delitos fiscales la acción popular no puede ejercer la acusación en solitario- para evitar que la hija del Rey Juan Carlos de Borbón pise la cárcel.

"Este es un caso de corrupción más de los muchos que estamos viendo" en los últimos años, decía a la AFP Francisco Solana, un desempleado de 45 años que manifestaba a las puertas del tribunal con una bandera republicana anudada sobre los hombros.

"En otros sitios de Europa, yo creo que la infanta Cristina ya estaría en la cárcel", afirmaba, ilustrando la indignación de millones de españoles ante la multiplicación de escándalos de corrupción mientras ellos sufrían las dramáticas consecuencias de la crisis económica. "Este juicio tiene morbo, más que ninguno", reconocía Jesús López, jubilado de 71 años, que logró acceder a una de las pocas plazas reservadas para el público.

Desvío de fondos públicos

La Infanta y su esposo están acusados por el juez José Castro de desviar 6.6 millones de euros de fondos públicos, a través del Instituto Nóos, una fundación supuestamente sin ánimo de lucro creada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres.

En concreto a Cristina se le acusa de cooperadora en delitos fiscales de su marido, que a su vez está acusado de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude, falsedad, delitos contra Hacienda y lavado de dinero.

Para el fiscal Horrach la única respuesta judicial posible para la Infanta es el “archivo de la causa”, al tiempo que pidió al tribunal que no dé legitimidad al sindicato Manos Limpias.

El fiscal citó la “doctrina Botín”, así como una sentencia de un caso judicial en Vizcaya (País Vasco) y se preguntó por qué, en base al mismo precepto legal y en idénticas circunstancias, un ciudadano de Bilbao no se sentó en el banquillo, al contrario de lo que le ha sucedido a la infanta.

Horrach consideró que si se sigue adelante se tratará de discriminación y se quebrantará la doctrina del Tribunal Supremo, además de ir contra el derecho de la igualdad ante la ley de dos ciudadanas, en referencia a Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, la esposa de Diego Torres.

Mientras que Jesús María Silva pidió la nulidad del auto de apertura de juicio oral contra su cliente porque considera que Manos Limpias no está legitimada para llevar a la infanta al banquillo en solitario. Silva sostuvo que se vulnera su derecho de defensa y su derecho a un juicio con todas las garantías.

El abogado de la hermana del Rey calificó de “auténtica pesadilla” que se pueda sentar a una persona en el banquillo sólo con la acusación popular. Silva insistió en que toda jurisprudencia es vinculante para los tribunales y no tienen más salida que aplicarla.

En su intervención, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, hizo hincapié después en que el “Hacienda somos todos” que invoca Manos Limpias, para defender su legitimación para acusar a la Infanta en solitario, únicamente es un recurso publicitario porque en los delitos fiscales “el Tribunal Supremo ha precisado de forma clara que el perjudicado en esos delitos es la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado”.

En respuesta, Manos Limpias pidió que todos los acusados estén siempre en el juicio. Nada de ausencias. Y avisó incluso de que podría acudir al Tribunal de Derechos Humanos si no lo están.

"La Casa Real era informada"

Urdangarin, de 47 años, ex medallista olímpico de balonmano, y su ex socio Diego Torres están acusados de inflar contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. Después, esos beneficios eran supuestamente desviados a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad de Cristina y su esposo.

Urdangarin será juzgado por prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide para él 19.5 años de cárcel y 16.5 para Torres.

Este último siempre ha defendido que Juan Carlos I estaba al corriente de los negocios de Nóos y durante la instrucción aportó cientos de correos electrónicos destinados a demostrarlo. "La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba", volvió a afirmar el domingo por la noche en una entrevista al canal privado de televisión La Sexta.

La segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero público por Urdangarin y un ex socio de éste.

La infanta siempre ha defendido desconocer estos negocios y haber confiado ciegamente en su marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la monarquía.

Llegada a España para el juicio desde Suiza, donde vive desde 2013, Cristina, de 50 años, está "dispuesta a asumir su presencia con tranquilidad", había asegurado su abogado, Miquel Roca.

El juez instructor intentó demostrar que la infanta participaba de los negocios de su marido, pero el fiscal se opuso, asegurando no ver indicios de delito, y sólo le permitió procesarla por fraude fiscal. Un cargo que la fiscalía y la Hacienda pública ni siquiera secundaron: la infanta está únicamente denunciada por una acusación popular, la asociación ultraderechista Manos Limpias.

Ahí radica su esperanza de escapar al juicio. Roca pedirá que se le aplique la conocida como "doctrina Botín" que en 2007 evitó al poderoso banquero Emilio Botín -difunto presidente del Santander-, ser juzgado en un escándalo financiero al ser únicamente denunciado por una acusación popular.

Por separado, el juez Castro, que ha investigado durante cinco años los negocios de Urdangarin y Torres, defendió su decisión de no haber aplicado la “doctrina Botín” para librar del banquillo de los acusados a la Infanta Cristina y mandó un mensaje al tribunal juzgador.

“No contemplo la posibilidad de que pueda aplicarse en este caso. No me planteo la posibilidad de que se aplique (la doctrina), tengo claro que no se puede”, afirmó. El magistrado señaló que no espera un “resultado concreto” de este juicio y solo deseó que la sala “tenga la serenidad, paciencia y energías necesarias para afrontar un juicio tan complicado y duradero”.

"Sería otro escándalo mayúsculo, porque hablaríamos de una sentencia dictada a la carta para que no se sentara en el banquillo el mayor y más importante financiero de España y Europa, y ahora sería para que no se sentara en el banquillo un miembro de la familia real", defendió Miguel Bernad Remón, responsable de Manos Limpias.