Clarín y el mexicano que acapara la atención

David Martínez se coloca como personaje clave en el embrollo que envuelve al grupo de comunicación ante la Ley de Medios.
La Corte Suprema avaló al gobierno de Cristina Fernández en el conflicto con el gigante mediático.
La Corte Suprema avaló al gobierno de Cristina Fernández en el conflicto con el gigante mediático. (Pablo Molina/AP)

Buenos Aires

En el escenario por demás candente, donde el gobierno de Cristina Fernández y el multimedios Clarín siguen midiendo su capacidad de ataque y contraataque, un mexicano ha acaparado la atención. Para comprar Telecom Argentina, el empresario David Martínez prometió “vender lo que tenga que vender” y adecuarse a la Ley de Medios, avalada por la Corte Suprema argentina, a cuatro años de su sanción.

“Vender” significa que Martínez se desprendería de 40 por ciento de Cablevisión, empresa de televisión por cable, que a través de su fondo de inversión Fintech comparte con Clarín, a quien pertenece el 60 por ciento restante de las acciones. Esta novedad agita aún más las aguas ya revueltas desde que la Corte fallara a favor de una de las leyes insignia del kirchnerismo, apenas un día después de su dura derrota electoral en las legislativas del 27 de octubre. Los efectos de esa medida han contaminado el ambiente de suspicacias y sospechas.

Apenas conocida la decisión de la Corte, un sector de la oposición acusó de contubernio al titular del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien reconoció haber dialogado de “temas institucionales” con la mandataria Cristina Fernández de Kirchner y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia —y virtual número dos del gobierno— Carlos Zannini, pero nunca de la Ley de Medios.

A comienzos de esta semana, le siguió la difusión del hallazgo de las actas secretas de la Junta Militar, en particular de aquellas que fortalecen las denuncias judiciales de que Clarín y La Nación se apropiaron de Papel Prensa SA —la principal fabricante de papel para diarios del país, de la que Clarín posee 49 por ciento— porque la dictadura (1976-1983) obligó a la familia Graiver, su dueña original, a venderles sus acciones a un precio vil.

Ahora bien, ¿por qué Martínez se ha convertido en personaje visible de un escenario tan complejo? Porque a través de su fondo de inversión Fintech acaba de ofertar una cifra que diversas versiones ubican en 960 millones de dólares por Telecom Argentina, lo que generaría una incompatibilidad con los límites establecidos en la Ley de Medios, según la cual un prestador de servicios públicos no puede poseer más de diez por ciento de una empresa que tenga licencias de comunicación audiovisual.

 En sus últimos años de vida, Néstor Kirchner había librado una dura batalla por las acciones de la empresa argentina de Telecom Italia (controlada indirectamente por Telefónica desde 2008). Según contó el ex presidente en un reportaje en la Televisión Pública, su oposición a que esas acciones terminaran en manos del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, disparó la feroz disputa por la Ley de Medios, que involucró a toda la sociedad con marchas, boicots y campañas de ambas partes.

El tenor de ese enfrentamiento se comprueba con la repercusión que todavía tiene el fallo de la Corte Suprema.

Según Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y responsable de monitorear la aplicación de la Ley de Medios, Martínez aseguró que “si el Estado Nacional (argentino), en función de la opción de compra que tiene de Telecom, considera que tiene que vender su participación en el cable, así lo haría”.

La cuestión no es menor porque Cablevisión es una pieza central en la estrategia de adaptación a las nuevas reglas de juego del Grupo Clarín, que posee 40 por ciento del mercado de medios de Argentina.

Mientras apuesta a que prosperen sus reclamos ante la justicia internacional, Clarín planea subdividirse en seis unidades de negocios independientes y quedarse con dos de ellas. Con una conservaría cuatro estaciones de radio AM y FM, el canal de televisión abierta y un tercio de Cablevisión. Con otra, un segundo tercio de Cablevisión.

Pero como el clima de sospecha alcanza por igual a las partes en contienda, nadie en Argentina cree que Clarín evite el recurso de los testaferros para conservar sus licencias ni que el gobierno deje de beneficiar a los multimedios afines.