Concluye consulta sobre independencia en Cataluña

Casi dos millones de personas participaron en la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña, lo que representó un claro desafío al gobierno de Madrid, que había impugnado el proceso.
Personas hacen fila para votar en la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña.
Personas hacen fila para votar en la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña. (AP)

Barcelona, España

Los puntos de votación donde se instalaron las mesas electorales de la consulta alternativa en Cataluña, noreste de España, comenzaron a cerrar a las 20:00 horas locales (19:00 GMT) para proceder al conteo de los votos por parte de ciudadanos voluntarios.

Casi dos millones de catalanes votaron sobre su independencia en una consulta sin ningún valor legal, pero histórica para el nacionalismo, y en claro desafío del gobierno regional a la prohibición impuesta por Madrid.

Personas de todas las edades hicieron largas colas frente a los colegios que, entre aplausos de los asistentes, abrieron y funcionaron con normalidad pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional a petición del ejecutivo español de Mariano Rajoy.

Convocados por el gobierno del nacionalista Artur Mas, 5.4 millones de catalanes estaban llamados a responder a una doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".

A dos horas de cerrar los colegios, mil 98 millones de personas habían depositado sus papeletas, informó el gobierno regional, que podría salir reforzado políticamente en su pulso con Madrid.

"Es una cantidad insólita (...) teniendo en cuenta que es una consulta no legal", apuntó el filósofo y analista político Josep Ramoneda, observando que esto "debilita a Rajoy"

Como lo explicaba el propio Mas, para muchos catalanes este es sólo otro paso en su lucha por lograr una verdadera consulta con valor legal.

"Nos merecemos el derecho a votar en un referéndum definitivo y esto es algo que debería entenderse en Madrid", lanzó el presidente catalán tras depositar su papeleta en Barcelona.

El voto estaba abierto a los mayores de 16 años, incluidos muchos extranjeros residentes en Cataluña

Pese a la suspensión por la justicia, Mas mantuvo esta votación simbólica, sin censo oficial ni comisión electoral, amparándose en la libertad de expresión y con la ayuda de casi 41 mil voluntarios. "El responsable soy yo y mi gobierno", señaló a raíz de las denuncias presentadas ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la fiscalía.

De Sídney a Nueva York, pasando por la Ciudad de México o Sao Paulo, cientos de catalanes residentes en el extranjero también se movilizaron para la ocasión.

La jornada, bautizada "9-N", es histórica para el nacionalismo de esta región, orgullosa de su idioma y su cultura, que representa casi un 20 por ciento del PIB español.

Para Carme Forcadell, la líder de la campaña ciudadana por la independencia, esta votación "significa un triunfo de la democracia y las libertades", pese a verse descafeinada.

"Estamos desafiando al Estado español", agregaba tras votar en Sabadell, a unos 30 kilómetros de Barcelona.

La jornada transcurrió con pocos incidentes: cinco jóvenes fueron detenidos en Girona, en el norte de la región, por destrozar urnas en un colegio y en Barcelona, un grupo de manifestantes quemó una "estelada", la bandera independentista ornada de una estrella blanca sobre fondo azul.

Acto de propaganda

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, calificó de un acto de propaganda "estéril e inútil" la simbólica votación sobre la independencia de Cataluña.

El ministro, el primer miembro del gobierno del conservador Mariano Rajoy en hablar sobre esta consulta que a las 17:00 GMT había conseguido dos millones de votantes, señaló que se trata de "propaganda política" al servicio del presidente regional catalán Artur Mas.

"El Gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática", dijo Catalá en un comunicado donde asegura que "se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril".

"España es un régimen democrático consolidado, en el que existe libertad de expresión y manifestación y en el que las consultas populares se rigen por estrictas normas que garantizan la imparcialidad y la neutralidad. Ninguno de esos requisitos se han dado en esta jornada", prosiguió.

Además, Catalá advirtió que la fiscalía general del Estado está estudiando el desarrollo de la jornada para "valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan".

Durante la jornada, la formación Unión Progreso y Democracia (UPyD) que es contraria a este proceso, pidió en los juzgados de Barcelona se cancelara la consulta, pero un juez se negó al considerar que era desproporcionado retirar las urnas en un proceso de ejercicio de libertad de expresión para el que se les ha convocado.