Cataluña mantendrá consulta soberanista pese a sentencia del Constitucional

El presidente del gobierno catalán, el nacionalista Artur Mas, calificó como "grave", "innecesaria" y "prevista" la sentencia del Tribunal Constitucional español sobre la declaración de soberanía ...
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (c), decidido a llevar adelante el proceso soberanista
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (c), decidido a llevar adelante el proceso soberanista (EFE)

Barcelona

El presidente del gobierno regional de Cataluña, Artur Mas, afirmó hoy que mantendrá el "proceso" a favor de celebrar una consulta soberanista en Cataluña, pese a la sentencia en contra del Tribunal Constitucional español. Mas calificó en el Parlamento catalán como "grave", "innecesaria" y "prevista" la sentencia del Constitucional sobre la declaración de soberanía que de la cámara catalana aprobó en enero del año pasado.

"El proceso político en Cataluña continúa", aseguró. "A cada escollo que vayamos encontrando en este camino, encontraremos la solución para esquivarlo y sobrepasarlo", añadió el líder de la coalición nacionalista CiU. El presidente catalán se refirió así a la sentencia del Constitucional que anuló ayer por unanimidad la declaración aprobada por el Parlamento catalán en 2013 que definía a Cataluña como un "sujeto jurídico y político soberano", aunque reconoce el derecho a decidir del pueblo catalán si se lleva a cabo en el marco de la legalidad constitucional.

Mas se aferró a este punto para mantener el proceso soberanista, pero se preguntó si al emitir dicha sentencia el alto tribunal realmente ejerce el papel de "árbitro de todos" los españoles y subrayó que lo más grave es que el fallo anula una declaración que es "política". El presidente catalán subrayó que "en una democracia, la libertad de expresión tiene miras muy amplias. Supongo -añadió- que hablar de la independencia puede no gustar, pero cabe dentro de la libertad de expresión".

Con la declaración soberanista el ejecutivo catalán quería abrir un proceso para hacer efectivo el "derecho a decidir" en una consulta popular sobre el futuro de Cataluña (noreste de España). El gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional esa declaración, posición compartida por el partido socialista (PSOE), principal grupo de oposición.

La citada declaración fue el resultado de la propuesta lanzada por Mas ante las elecciones regionales de 2012, siguiendo la estela de los independentistas de izquierda (ERC), grupo con el que tiene un pacto de Gobierno al no conseguir mayoría suficiente en esos comicios. ERC, la segunda fuerza regional después de CiU, aseguró que "no nos moveremos de nuestro compromiso de poner las urnas".

El pasado 12 de diciembre, estas formaciones anunciaron la convocatoria de un referéndum para el 9 de noviembre satisfaciendo así la demanda del fervor independentista catalán, atizado en los últimos años por los efectos de la crisis económica. La pregunta será doble: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?".

Pero el martes, el Tribunal Constitucional español anuló parcialmente la declaración de soberanía aprobada en enero de 2013 por el parlamento catalán, que ponía las bases para la celebración de la consulta, en una sentencia algo ambigua.

Una región "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España", dice el tribunal, declarando "nulo e inconstitucional" el principio que define a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano". Sin embargo, reconoce "el derecho a decidir" del pueblo catalán si se ejerce dentro de la legalidad y no se entiende como derecho a la autodeterminación.

La sentencia "no deja dudas sobre la ilegalidad de la declaración soberanista", apunta el miércoles el diario español conservador El Mundo. "Veo pocas posibilidades de que esto tenga una solución jurídica", señalaba a la AFP Xavier Arbós, profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Barcelona. "El Tribunal Constitucional da la posibilidad de continuar debatiendo sobre este tema sin que pueda interpretarse como derecho a la autodeterminación. Abre las puertas al diálogo político pero no da margen a la viabilidad de realizar una consulta", añadió.

Pero el diálogo político entre Barcelona y Madrid es inexistente desde hace varios meses. El próximo 8 de abril, el Parlamento regional catalán llevará al Congreso de los diputados español una petición para transferir la competencia de convocar un referéndum al Ejecutivo catalán. Las posibilidades de éxito son muy escasas dada la mayoría absoluta del conservador Partido Popular del jefe de gobierno español Mariano Rajoy, que repite incesantemente que la consulta es ilegal y no tendrá lugar.

"Siempre he estado dispuesto al diálogo, pero dentro de la Constitución y de la ley", dijo el 25 de febrero. Con las posiciones enrocadas en Madrid y Barcelona, el margen de maniobra es cada vez más estrecho para Artur Mas, que prometió llevar a cabo este proceso dentro de la legalidad. Nacionalista moderado en su origen, el discurso de Mas se radicalizó en las elecciones regionales de noviembre de 2012, que supusieron un retroceso para su partido y lo empujaron a aliarse con ERC.

Nadie sabe hasta dónde va a llevar el pulso secesionista Mas y sus aliados nacionalistas, con una amplia mayoría parlamentaria en la región y sometidos a una importante presión ciudadana para celebrar esta consulta. La tensión se ha trasladado a las calles con masivas manifestaciones independentistas en ocasión del 11 de septiembre, día grande de la región para conmemorar la caída de Barcelona ante las tropas franco-españolas en 1714 durante la guerra de Sucesión.

En 2012, una marea de cientos de miles de personas invadió el centro de Barcelona. Un año después, cientos de miles de catalanes se unieron en una cadena humana independentista de 400 kilómetros de norte a sur de Cataluña. Rica región industrial en el noreste de España y abierta al Mediterráneo, Cataluña, con una población de 7.5 millones de habitantes, ha vivido en los últimos años un fervor nacionalista, alimentado por la crisis económica, la sensación de un maltrato fiscal por parte de Madrid y las tensiones políticas por cuestiones identitarias. Cataluña aporta al PIB español en torno al 18 por ciento.