Cataluña se da 10 días para decidir sobre consulta

El gobierno nacionalista decidirá si continúa o no con el plan de organizar la consulta soberanista, mientras la Abogacía del Estado impugnó ante el Tribunal Constitucional la creación de la ...
El president de la Generalitat Artur Mas (2d), en una rueda de prensa en Barcelona
El president de la Generalitat Artur Mas (2d), en una rueda de prensa en Barcelona (EFE)

Madrid

El Gobierno de Cataluña se ha puesto como plazo el próximo día 15 de este mes para decidir si continúa o con el plan de organizar la consulta independentista prevista para el 9 de noviembre, según el Consejero local de Presidencia, Francesc Homs.

Además, hoy se conoció que la Abogacía del Estado impugnó ante el Tribunal Constitucional la creación de la junta electoral firmada el pasado día 2 por el presidente catalán, Artur Mas.

Homs señaló que en el caso de que se tuviera que tomar una decisión sobre si se colocan o no las urnas el 9 de noviembre si finalmente no se levantara la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional antes de esta fecha, ésta es una decisión que no se debería adoptar el “7 o el 8” de noviembre, sino “alrededor del 13, 14 y 15” de octubre.

Tras el anuncio, el partido independentista Esquerra Republicana (ERC), uno de los socios principales del actual gobierno, reprochó lo declarado por Homs. Anna Simó, portavoz de ERC en el Parlamento local, afirmó estar “muy descolocada” por haber puesto una “posible fecha de defunción” al referéndum. La también vicepresidenta del Parlamento se dijo perpleja ante las palabras de Homs, y adelantó que “exigirá explicaciones” al gobierno de Mas.

Respecto a la citada impugnación, ésta se produjo después de que el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara que los Servicios Jurídicos del Estado ya estaban trabajando en la impugnación del decreto de creación de la Comisión de Control de la Ley de Consultas, una especie de “junta electoral”, a la pieza de suspensión tramitada por el Constitucional, porque supone un nuevo “incumplimiento” de Mas.

“Si ha decidido firmar ese decreto, el gobierno cumplirá su obligación”, recordó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al preguntársele como actuará su Ejecutivo ante el decreto firmado por Mas de creación de la Comisión de Control (equivalente a la Junta Electoral) para el 9N.

Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, garantizó que la Fiscalía actuará de oficio “sin ningún género de dudas” y “respecto de cualquier persona” que cometa un hecho que esté tipificado en el Código Penal dentro del proceso soberanista que se está viviendo en Cataluña.

Torres-Dulce explicó que se está examinando “cuidadosamente” cada uno de los actos que se están produciendo desde que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Subrayó que el trabajo de la Fiscalía se está desarrollando con la “máxima imparcialidad y el máximo rigor jurídico” para que no se produzca en Cataluña “la consumación de un acto delictivo", en referencia a la posibilidad de que el Gobierno de Cataluña continúe adelante con la consulta.

De otra parte, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, declaró al diario El Mundo que Artur Mas y Oriol Junqueras, dirigente de ERC, "quieren llevar a Cataluña al 34, que fue un desastre para todos", recordando los hechos violentos que el 6 de octubre de 1934 tuvieron lugar en Barcelona tras la proclamación del Estado Catalán por el entonces presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys.

Fernández acusó también a Mas de estar "alimentando la confrontación, la división y la fractura interna de Cataluña" admás de realizar "una suerte de ingeniería legislativa absurda para burlar al TC".