Caso de fraude aduanero, golpe a impunidad en Guatemala

El presidente Otto Pérez Molina aseguró que la desarticulación de la estructura criminal dedicada al fraude fiscal, con 21 detenidos, es una de las mayores operaciones de la Comisión Internacional ...
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, decidido a seguir en su puesto a pesar del escándalo de la corrupción
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, durante la conferencia de prensa donde informó de la operación contra la corrupción (AFP)

Guatemala

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo hoy que la desarticulación ayer de una estructura criminal en el país dedicada al fraude fiscal aduanero es una de las mayores operaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las autoridades del país centroamericano han arrestado, hasta el momento, a 21 personas, acusadas de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros.

Entre los capturados está el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; su antecesor, Carlos Enríquez Muñoz Roldán, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.

A preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa, Pérez Molina no quiso desvelar si la desarticulación de esta red criminal supondrá la continuidad, por decidirse, del ente creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero aseguró que este hecho demostró que la institución sí tiene "capacidad".

Afirmó que esta operación, "si no es la primera, es la estructura más grande" que la CICIG desarticuló en la nación centroamericana desde su creación en el año 2007. No obstante, incidió en que el operativo se llevó a cabo tras una petición del Gobierno de Guatemala derivada de la baja recaudación de impuestos en la SAT.

"Eso es importante dejarlo claro", manifestó el mandatario, que además recordó que la defraudación tributaria y la financiación ilícita de los partidos políticos son dos hechos que siempre preocuparon al actual equipo de Gobierno.

El presidente guatemalteco aseguró que la desarticulación de esta red criminal, dedicada al contrabando y defraudación aduanera, no quedará en el limbo y se recogerá en el informe de análisis que evalúa el trabajo de la CICIG para prorrogar su mandato, que vence el próximo septiembre.

Pérez Molina añadió que este caso abre un punto y a parte dentro de la SAT y que es el momento para que la institución, que calificó como "independiente", se reorganice.

"Nosotros somos un Gobierno que seguirá trabajando en esta misma línea", afirmó, y concluyó que la ley será igual para todos, y que el Gobierno no tendrá ninguna actitud de ocultar información o interferir en la investigación.

"Estamos apegados a la ley y todas las personas que salieron y saldrán involucradas, no las vamos a ocultar, ni interferir el camino de la investigación, como lo hicimos durante este año y dos meses que duró la investigación", expresó el jefe del Ejecutivo.

Según los resultados de las investigaciones, los procedimientos normales de revisión y ajuste de control de mercancías en los contenedores que ingresaban a las aduanas de Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás fueron alterados por algunos integrantes del grupo.

La investigación está coordinada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la CICIG y la Policía Nacional Civil (PNC). El MP acusa a los arrestados de los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanera y defraudación tributaria.

Varios organismos e instituciones celebraron hoy la desarticulación de la estructura criminal de defraudación aduanera y contrabando y tras ello solicitaron la continuidad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que participó en la investigación.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) aseguró que la defraudación se ha convertido en "un cáncer" para el Estado. En tanto, el sector empresarial guatemalteco manifestó su "beneplácito" con las actuaciones realizadas y expresó su deseo de que ahora se determine "a fondo" las autorías materiales e intelectuales de estos hechos.

"Es importante asegurar todas las evidencias materiales necesarias para que estas acciones concluyan en condenas efectivas", sostiene un comunicado del Cacif. Lamentó, además, que sean los guatemaltecos los que soporten estos problemas que no hacen más que confirmar "la brecha fiscal" que el sector empresarial ha denunciado "reiteradamente".

El Cacif reconoció el trabajo efectuado por la Cicig y los otros entes que participaron en la operación. Del mismo modo se expresó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), quien felicitó a los investigadores y lamentó "la significativa penetración" de los grupos criminales en el Estado guatemalteco.

"Esta realidad obliga a reiterar la importancia que tiene la Cicig en este momento para la sociedad guatemalteca, siguiendo los objetivos plasmados en su mandato", proclamó el Icefi en un comunicado.

Asimismo, aseguró que esta operación constata lo denunciado por el organismo en cuanto al proceso de descomposición "aguda" que sufren las diferentes instituciones del Estado, que en el caso particular de la Superintendencia de Administración Tributaria "es dramático".

Ante esta situación, el Icefi propone recuperar la superintendencia y "devolverla a la ciudadanía como una entidad transparente, efectiva y con funcionarios probos y honestos", porque, a su juicio, esta es una condición indispensable para estimular la confianza de los contribuyentes para tributar y fortalecer su Estado.

La Cicig fue establecida en diciembre de 2006 mediante un acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala y comenzó sus funciones en 2007. La Cicig tiene como misión apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de la existencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.