Cámara de Representantes de EU aprobó sanciones a funcionarios venezolanos

Mientras los congresistas estadunidenses aprobaban las sanciones por violaciones de derechos humanos en las manifestaciones antigubernamentales, en Caracas la dirigencia chavista acusaba a líderes ...
El vicepresidente de Venezuela (i), Jorge Arreaza, y otros altos cargos en la rueda de prensa del Alto Mando Político de la Revolución, hoy en Caracas
El vicepresidente de Venezuela (i), Jorge Arreaza, y otros altos cargos en la rueda de prensa del Alto Mando Político de la Revolución, hoy en Caracas (EFE)

Washington, Caracas

La Cámara de Representantes (diputados) de Estados Unidos aprobó hoy un paquete de sanciones a funcionarios de Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos durante recientes manifestaciones antigubernamentales.

El paquete de sanciones, aprobado por voto cantado en el plenario y sin oposición, determina que el gobierno defina un listado de funcionarios venezolanos que tendrán vetado el ingreso a Estados Unidos y sufrirán el congelamiento de eventuales activos en territorio estadunidense.

El texto, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, fue defendido por legisladores de los dos partidos, el oficialista partido Demócrata y el opositor Republicano. Un texto similar, que determina sanciones a funcionarios venezolanos, ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y aún deberá ser sometido al voto en la cámara alta del Congreso estadunidense.

En el caso de que los dos textos aprobados sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión que unificará las propuestas. Al presentar el proyecto, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo que era necesario "condenar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y responder a los gritos de los venezolanos".

Las tentativas de poner fin a la crisis en Venezuela mediante el diálogo, dijo, "no han dado resultados, no generaron acciones, no hubo concesiones, y los inocentes aún son encarcelados". Ros-Lehtinen añadió que la ley aprobada era "muy clara y muy directa", y establece que se nieguen visas de ingreso, el bloqueo de propiedades, congelamiento de activos para funcionarios "responsables por cometer serios abusos de derechos humanos".

El legislador demócrata Joaquín Castro, a su vez, dijo que las 42 víctimas fatales durante las manifestaciones que comenzaron en febrero pasado en Venezuela son una "absoluta catástrofe". De acuerdo con Castro, "no hay ningún mecanismo en esta ley que pueda afectar negativamente a los venezolanos comunes".

El legislador puntualizó que el paquete de medidas aprobado "no toca el sector petrolero de Venezuela, o cualquier otra parte de la economía venezolana". El paquete de medidas brinda al presidente Barack Obama "una gran flexibilidad para responder a eventos sobre el terreno en Venezuela" y la posibilidad de suspender las sanciones "en cualquier momento".

Las protestas iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada de 60% y la alta criminalidad, dejaron 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos. A pesar del apoyo legislativo a las sanciones, el Departamento de Estado ya dejó claro en varias oportunidades que consideraba las sanciones una "opción", pero que prefería impulsar el diálogo entre las partes enfrentadas en Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había calificado la posibilidad de sanciones como un "evento detestable". "Con nuestro país no debe meterse nadie. (...) No tiene que venir este Congreso (de Estados Unidos) o algunos de sus senadores o congresistas a meterse en los asuntos de Venezuela", dijo Maduro durante una reciente reunión con altos funcionarios de su gobiernos.

En Caracas, la dirigencia chavista acusó hoy a un puñado de opositores venezolanos -incluida la destituida diputada María Corina Machado- y al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, de planear un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente socialista Nicolás Maduro.

Acompañado por la plana mayor del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, exhibió ante la prensa cinco correos electrónicos de Machado y otros dirigentes opositores donde supuestamente discuten formas de acelerar una crisis política para derrocar a Maduro.

"Es hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá sólo", leyó Rodríguez en una comunicación que presuntamente Machado envió al ex precandidato presidencial Diego Arria.

Rodríguez señaló a Whitaker como coordinador "en un golpe de Estado con complicidad de políticos y civiles venezolanos", en el que estarían implicados el banquero venezolano Eligio Cedeño, residente en Estados Unidos, y al ex presidenciable Henrique Salas Römer, entre otros.

Machado, destituida el 24 de marzo por el PSUV tras ser acusada de actuar como delegada alterna del gobierno de Panamá en una audiencia ante la ONU, ofreció una rueda de prensa durante esta tarde negando todas las acusaciones lanzadas en su contra.

Si bien reconoció que "los dos correos (buzones) electrónicos que mencionan son de mi propiedad", la opositora afirmó que los contenidos e informaciones "son falsos". Aseguró que este jueves acudirá ante la justicia venezolana por lo que considera delitos del chavismo. "Yo sí voy a formular una denuncia, porque estas supuestas pruebas en mi contra en el fondo los incrimina a ellos", indicó.

"Estas supuestas pruebas forjadas" -dijo Machado- implican "simulación de hecho punible, usurpación de identidad, incitación al odio" y violaciones a las leyes de protección a niños por el lenguaje utilizado. "Lo que pasa es que esta gente se siente intocable", subrayó la destituida diputada.

Asimismo, negó haberse comunicado por correo electrónico con Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, aunque sí reconoció que se ha reunido con él, con Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, y con los cancilleres de Canadá, Argentina, Chile, Brasil o México.

Al mediodia de ayer, el dirigente del chavismo Jorge Rodríguez, había afirmado que las protestas estudiantiles contra el gobierno desde hace más de tres meses "son una fase" del plan golpista y "de la acción violenta de la ultraderecha venezolana" que habría planificado "guarimbas (bloqueo de calles), golpe militar y magnicidio" contra Maduro.

"No nos vuelvan a decir que fueron protestas pacíficas y espontáneas", dijo el alcalde en alusión a las manifestaciones contra la crisis económica con una inflación cercana a 60% y la escasez de productos básicos, que desde febrero dejan 42 muertos, unos 800 heridos y más de 150 personas detenidas.

Rodríguez emplazó al departamento de Estado estadunidense y a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a emitir opinión sobre estas denuncias, y a que la justicia intervenga en "esta denuncia política que lo único que persigue es prevenir estas acciones violentas".