En Bolivia, buscan desalojar a menonitas mexicanos

Son unos mil agricultores en una colonia rural de diez mil hectáreas en el noreste del país.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante un reciente viaje a Brasil
El presidente de Bolivia, Evo Morales. (EFE)

La Paz

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, César Cocarico, reconoció que "implicaciones de orden internacional" han impedido al gobierno desalojar a unos mil agricultores menonitas de origen mexicano asentados sin permiso en tierras federales en el noreste del país hace más de una década.

"Este es un problema complejo por las implicaciones de orden internacional. No es un problema sencillo. Los menonitas tienen origen mexicano y en cierto momento la embajada de México intervino", afirmó Cocarico a medios de comunicación sobre una colonia rural de 10 mil hectáreas que los menonitas poseen en Río Negro, una fértil llanura en la provincia de Beni a 500 kilómetros al noreste de La Paz donde siembran arroz, girasol, maíz y sorgo y practican su fe en comunidades cerradas.

Poco tiempo después de llegar al gobierno en 2006, Evo Morales aprobó normas para recuperar tierras fiscales y distribuirlas a los indígenas. Los menonitas mexicanos de Río Negro alegaron que compraron de anteriores concesionarios.

"Alguien les estafó al venderles tierras fiscales, los menonitas arguyen derecho propietario. Tenemos que respetar la propiedad del Estado pero también la propiedad privada, eso hace que sea un asunto delicado", reconoció Cocarico.

En 2008, comunidades indígenas presionaron al gobierno a recuperar esas tierras y el desalojo fue suspendido cuando la orden estaba por ejecutarse.

Morales dijo que recuperó 22 millones de hectáreas de tierras federales que fueron repartidas ilegalmente por gobiernos anteriores. Confiscó seis haciendas en la región del Chaco en el sur porque sus propietarios mantenían en situación de servidumbre a familias enteras de indígenas guaraníes. A otro hacendado se las quitó porque no producía la tierra que le cedió el Estado.

Gobiernos anteriores han sido acusados de alentar el tráfico de tierras. Organizaciones indígenas disidentes también han acusado al gobierno de Morales de favorecer en el reparto a sindicatos leales.