Bachelet cambia ley laboral de Pinochet

La presidenta de Chile pasa al Congreso, con mayoría favorable en ambas cámaras, una iniciativa que anula el código de trabajo de la dictadura.
La socialista Michelle Bachellet ofreció este cambio durante su campaña.
La socialista Michelle Bachellet ofreció este cambio durante su campaña. (Elvis González/EFE)

Santiago

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto para reformar la ley laboral que modifica el código del trabajo dispuesto hace más de 30 años por el entonces dictador Augusto Pinochet, en otra de las acciones transformadoras de su segundo mandato.

El proyecto de ley impide el reemplazo de trabajadores en huelga, consagrado en la legislación de Pinochet (1973-1990) y que en la práctica limitaba al extremo este derecho de los trabajadores. También restituye la negociación colectiva interempresas.

"Estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile", dijo Bachelet al firmar el proyecto de ley que debe ser discutido en el Congreso.

El proyecto es fuertemente cuestionado por las empresas y cuenta con el beneplácito de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor multisindical del país, que lo ve como "un primer paso".

"Tenemos serias y profundas discrepancias" con el proyecto, dijo a periodistas el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz.

La iniciativa "no va por el camino correcto en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Solo está preocupado de ver cómo le damos más atribuciones y más espacios a la dirigencia sindical", criticó el empresario.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, opinó en cambio que "estamos dando un tremendo paso para avanzar en justicia social".

"Esperamos décadas por recuperar el derecho a huelga, sin reemplazos", agregó. La nueva ley modifica el código laboral dictado en 1979 por Pinochet, que redujo la injerencia sindical a su mínima expresión, prohibiendo la negociación colectiva interempresas y validando las huelgas exclusivamente en el marco de la negociación con la empresa, sin hacerlo extensivo, por ejemplo, a temas de carácter social. La dictadura clausuró además la CUT y persiguió, torturó, exilió y asesinó a cientos de líderes sindicales.

Como consecuencia, hoy la tasa de sindicalización en Chile es de 14%, una de las más bajas de América Latina.

La reforma planteada por Bachelet establece que los beneficios obtenidos en la negociación sindical serán solo para los trabajadores afiliados, quienes tendrán libertad para ingresar a los sindicatos.

Establece también el derecho de los sindicatos a conocer la información financiera de las empresas y amplía las horas de trabajo sindical para capacitación y formación.

"Esta es una reivindicación que tiene más de 30 años, hace 30 años que los trabajadores esperaban avanzar en derechos sociales y no lo habíamos logrado", dijo el presidente del oficialista Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade.

El proyecto es parte de un paquete de iniciativas reformistas que Bachelet planteó para su segundo mandato iniciado en marzo pasado.

Ya fue aprobada una reforma tributaria que, cuando esté plenamente operativa, recaudará unos 8,300 millones de dólares al año para la educación y otras iniciativas sociales.

En plena discusión en el Parlamento está una robusta reforma educativa para acabar con otra herencia de Pinochet, que privatizó la mayoría de la educación escolar y universitaria.

Reactivar la economía

-La reforma del trabajo seguirá el mismo lineamiento de la reforma tributaria que entró recientemente en vigencia en el país y que considera alzas escalonadas de los impuestos.

-Bachelet defendió que los cambios impulsados en el mercado laboral coinciden con su meta de recuperar el dinamismo de la economía, golpeada por la desaceleración y la crisis mundial.

-Chile cierra el año con crecimiento menor a 2.0%, el menor registrado desde 2009, pero el empresariado expresó ayer "serias discrepancias" con el cambio de ley laboral, pese a la entusiasta defensa hecha por el Ejecutivo.