Bachelet anuncia proceso para redactar nueva Constitución

La presidenta chilena reveló que la nueva iniciativa política iniciará en septiembre, abierta a la ciudadanía, con diálogos y consultas, hasta lograr la nueva carta fundamental que reemplace a la ...
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante la alocución televisiva de hoy desde el Palacio de la Moneda, en Santiago
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante la alocución televisiva de hoy desde el Palacio de la Moneda, en Santiago (EFE)

Santiago

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció sorpresivamente esta noche que en septiembre se iniciará el proceso para redactar una nueva Constitución que acabe con la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.

"Quiero anunciar que en septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana", dijo Bachelet en un una cadena nacional de radio y televisión.

Bachelet sorprendió con esta nueva iniciativa, en el marco del anuncio de una serie de medidas para transparentar el ejercicio de la política y su financiamiento. La mandataria socialista tenía contemplado dentro de su programa de gobierno un cambio a la Constitución que en 1980 redactó la dictadura de Pinochet, pero hasta ahora no había dado luces del inicio de los debates y la formas en que éstos se llevarían a cabo.

La nueva Constitución debería luego ser refrendada en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, pero se requieren altos quorums para aprobar las modificaciones. Aprobada en un cuestionado plebiscito, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.

Medidas anticorrupción

Bachelet realizó su cadena nacional cuatro días después de haber recibido las recomendaciones de una comisión de expertos que mandató para que elaboraran medidas anticorrupción. La mandataria enfrentó de esta manera una serie de casos de supuesta corrupción política, uno de los cuales involucra a su propio hijo mayor, Sebastián Dávalos, y a su esposa Natalia Compagnon.

Ambos son investigados por la justicia por el "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencias" tras un millonario negocio de especulación inmobiliaria que concretaron tras la compra y venta de terrenos en el sur de Chile. El caso ha impactado duro a Bachelet, cuya popularidad cayó en picada después que se revelada el negocio en el que estuvo involucrado su hijo y que dejó ganancias por unos cinco millones de dólares.

En paralelo, dos de los principales grupos económicos del país, el grupo "Penta" y la minera "Soquimich" son investigados por delitos tributarios tras el uso de boletas falsas (o por servicios no prestados) para financiar las campañas políticas tanto de políticos de oposición como oficialistas. Mediante el uso de estas facturas, las empresas entregaban dineros a políticos y luego descontaban tributos al introducirlas como gastos en sus contabilidades.

Bachelet anunció también esta noche un paquete de medidas para "cambiar las cosas de raíz", entre ellas eliminar los aportes anónimos y reservados a las campañas políticas y acabar con los aportes de las empresas.

Hasta ahora, la ley chilena permite a las empresas aportar a las campañas políticas, pero en un periodo acotado y de forma reservada. Bachelet anunció además que el Estado financiará desde ahora a los partidos políticos, pero éstos deberán someterse a controles más estrictos. Los políticos que cometan delitos también perderán sus escaños.

Pero Bachelet anunció también medidas que buscan evitar el tipo de negocios de especulación inmobiliaria que concretó su hijo, que habría vendido a un mayor valor los terrenos ante un proyectado cambio en el uso de suelos, desde agrícola a residencial. "Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso, sino retroceso. Por eso tomaremos medidas severas", afirmó la mandataria.

"Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores", agregó Bachelet, cuya popularidad se encuentra en los más bajo en sus dos períodos de gobierno (30%), a raíz de este caso.

Bachelet advirtió de que su plan anticorrupción contiene "medidas severas" a las que algunos sectores se resistirán "para que las cosas queden igual". "Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero", enfatizó la presidenta, quien anunció que será ella quien conduzca "personalmente" este proceso "con toda la energía y sin temor de ningún tipo".

"Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo", anunció la gobernante, quien advirtió de que "la transgresión de estas normas será considerada un delito".

Como contrapartida a esta minoración de ingresos para el desarrollo de la actividad política, "será el Estado el que financie el trabajo de los partidos" y "para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros" y democratizar su funcionamiento interno, puntualizó.

Una de las medidas más severas anunciada por la presidenta chilena supone que "todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar (a los ciudadanos) en los cargos de elección popular y perderán sus escaños".

Bachelet anunció un registro público de lobistas y medidas para "regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios". "Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas" y "tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios", agregó.

La adopción de las medidas administrativas se llevará a cabo como máximo en quince días, mientras que para el envío al Parlamento de los proyectos de ley, la presidenta fijó un plazo de mes y medio, al tiempo que anunció la tramitación urgente de la Ley de Probidad y Transparencia y el fortalecimiento del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.