Auditoría de Brasil rechaza rendición de cuentas del Gobierno y agrava la crisis

La decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) sobre el estado financiero del ejercicio 2014 supone un nuevo golpe para el gobierno de Dilma Rousseff, que ve agravarse la crisis política y ...
Una enorme muñeca inflable representando a Dilma Rousseff, ante el Tribunal de Cuentas de la Unión, en Brasilia
Una enorme muñeca inflable representando a Dilma Rousseff, ante el Tribunal de Cuentas de la Unión, en Brasilia (AFP)

Brasil

La auditoría de Brasil rechazó hoy la rendición de cuentas del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en el ejercicio 2014, en otro duro revés para la mandataria que alienta a las fuerzas opositoras que buscan iniciarle un juicio político.

En otro día negro para el gobierno, que ahonda la crisis que vive la séptima economía global, los auditores objetaron los gastos señalando que se habían maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106 mil millones de reales (27,390 millones de dólares al cambio actual).

El dictamen negativo tiene un solo antecedente: la gestión presentada en 1936. "Las cuentas no están en condiciones de ser aprobadas. Recomendamos su rechazo por el Congreso Nacional", dijo el ministro Augusto Nardes, a cargo de evaluar el caso, en un voto que fue acompañado en forma unánime por los restantes siete miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Órgano que asiste al Congreso y que fiscaliza las cuentas de otros poderes del Estado, el TCU también detectó retrasos en los pagos del gobierno a entidades financieras públicas destinados a planes sociales, obligándolas a usar recursos propios, lo que está vedado por la ley de responsabilidad fiscal que no permite que la banca pública conceda créditos al Tesoro.

"No fueron prevenidos los riesgos, ni tampoco corregidos los desvíos que ocasionaron el 'desequilibrio' de las cuentas públicas en cerca de 40 mil millones de reales en el ejercicio 2014 (...) La existencia de operaciones de crédito no registradas, así como el subregistro de pasivos, permite evidenciar resultados fiscales que no son reales", señala Nardes en el escrito que justificó el rechazo.

Ahora el parecer será entregado al Congreso para su evaluación, donde podría iniciar un largo periplo que alienta las expectativas de partidos opositores como el PSDB (centro), derrotado ajustadamente en las elecciones de octubre del año pasado, que quieren abrir un proceso de impeachment (destitución) contra Rousseff.

Tras el dictamen, el Palacio de Planalto divulgó un comunicado en el que aseguró que "los órganos técnicos y jurídicos del gobierno federal tienen la plena convicción de que no hay motivos legales para rechazar las cuentas".

Encrucijada

Asfixiada por una recesión económica que aún no encuentra piso -el FMI prevé que el PIB brasileño caerá 3% en 2015- con su partido manchado por un monumental escándalo de corrupción en la estatal Petrobras y presionada por sus aliados, la mandataria es blanco frecuente de amenazas para destituirla en un impeachment.

Tras doce años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está en una encrucijada. "Es imposible que creamos que le estamos haciendo un servicio a la democracia y al país intentando usar atajos para llegar al gobierno. El único método es el voto directo en las urnas", dijo por la mañana la presidenta a una radio en una nueva defensa de su ajustada victoria electoral de octubre.

Someter a un presidente a un juicio político requiere que 342 de los 513 diputados estén a favor, un número nada sencillo de conseguir, además de contar con sustento jurídico.

"Los que quieren un impeachment están buscando razones, motivos que den base a esa medida. Una de esas posibilidades fue el control de las cuentas (...) Aún si el Congreso las reprobara, eso no implica que va a haber impeachment. Es un elemento más. Es tirar combustible al fuego, pero no es automático", dijo a la AFP Michael Mohallem, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.

Durante la jornada el gobierno intentó infructuosamente suspender la sesión del TCU cuestionando a uno de los magistrados. El pedido fue denegado y fragilizó aún más la posición de Rousseff, que en la noche anterior había sumado otra mala noticia cuando la autoridad electoral reabrió una investigación sobre su campaña por un presunto uso de fondos desviados del fraude en Petrobras.

Es otra decisión con pocos antecedentes y potencial para anular su atribulado mandato.Con apenas un 10% de apoyo a su gestión, Rousseff hizo esta semana una profunda reforma de su gabinete para reforzar su base en el Congreso y, con una visible contribución de Lula, cedió poder a sus aliados para ganar sustentabilidad.

La mandataria buscó presionar a su "nueva" base aliada y pasó un mensaje a los legisladores: "Es importante que el Congreso muestre su compromiso con Brasil". Pero no rindió sus frutos y el parlamento dilató el tratamiento de un capítulo sensible del ajuste fiscal que impulsa el gobierno para frenar el déficit público.

Las leyes brasileñas prevén que si el Congreso apoya el rechazo del TCU, los funcionarios que sean hallados culpables no podrán presentarse a cargos públicos por ocho años, apuntó Mohallem.

Campaña investigada

No es el del Tribunal de Cuentas el único golpe duro recibido por Dilma Rousseff esta semana. Anoche, la justicia electoral de Brasil aprobó reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su mandato.

La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas tres puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en el gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.

Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron este martes una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".

El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".

El partido, que llevó como candidato al actual senador Aecio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".

Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron a la AFP fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones.

Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero. Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley.

Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas. Para ello, esta semana emprendió una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base aliada en el Congreso.

El izquierdista PT, que asumió el poder en 2003, es blanco permanente de acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, que tiene bajo investigación a políticos de varios partidos y a grandes empresarios de Brasil.

El ex tesorero del PT, Joao Vaccari, fue condenado a quince años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, ex jefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa, señalado como el creador del fraude que drenó al menos dos mil millones de dólares de la petrolera.