Asesinan en Venezuela a concejal oficialista cercano a Hugo Chávez

Eliécer Otaiza, cuyo cadáver "presenta cuatro impactos de bala" según informó el ministro del Interior y Justicia, era concejal del municipio caraqueño de Libertador, participó junto al ...
Un estudiante venezolano, ante la  sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, en una protesta contra Maduro
Un estudiante venezolano, ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, en una protesta contra Maduro (AFP)

Caracas

Eliécer Otaiza, un chavista concejal del municipio caraqueño de Libertador y que participó junto al fallecido ex presidente Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992, fue asesinado a balazos, informó hoy el gobierno venezolano. "Nuestro hermano Eliécer Otaiza (...) fue encontrado muerto. He dado la orden de que se haga una investigación completa, a fondo, de la extraña circunstancia en que apareció asesinado", dijo en un acto público el presidente Nicolás Maduro , quien describió al fallecido concejal como un "héroe".

Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior y Justicia, informó previamente a la televisora estatal que el cuerpo de Otaiza, localizado el sábado en las afueras de Caracas pero identificado hoy, "presenta cuatro impactos de bala". La última vez que se le vio con vida a Otaiza fue en una reunión de amigos en el municipio caraqueño de Baruta (sureste de la capital), detalló Rodríguez Torres, quien no se refirió a posibles móviles del crimen, aunque medios de prensa locales señalan que pudo tratarse de un asalto.

Según cifras de la ONU correspondientes a 2012, Venezuela es el segundo país del mundo con más homicidios, la mayoría ligados a la violencia criminal, al registrar una tasa de 53.7 por cada cien mil habitantes. "El sábado la policía lo consigue (encuentra) sin identificación, por lo tanto lo trasladan a la sede de la morgue", añadió Rodríguez, al detallar que la camioneta de la víctima fue descubierta abandonada y con un impacto de bala.

Con estudios en arte y ciencias políticas, Otaiza se especializó en seguridad y fue cercano a Chávez (fallecido en marzo de 2013), a quien acompañó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Fue diputado y director del servicio de inteligencia, entre otros cargos, y hasta su muerte era concejal del municipio Libertador, en el centro de Caracas, gobernado por el chavismo.

De otra parte, un centenar de estudiantes venezolanos se encadenó hoy frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el este de Caracas, en rechazo a un fallo del máximo tribunal del país que obliga a pedir autorización para protestar. Gritando "¿dónde está la ley maldita que nos prohíbe manifestar?" y pancartas con mensajes como "luchamos por el futuro de todos", los manifestantes se encadenaron a una baranda y árboles frente a las oficinas del PNUD, en el municipio Chacao.

El jueves pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que las protestas son un derecho político "no absoluto", por lo que deberán contar con el aval previo de las autoridades locales o darán pie a la intervención policial para garantizar derechos como la libre movilidad, lo que ha generado críticas también de la oposición venezolana.

"Estaremos encadenados el tiempo que sea necesario, la resolución (del TSJ) fue injusta, hemos tomado esta postura para dar a entender que no vamos a permitir que nos saquen del espacio que hemos tomado pacíficamente para protestar", dijo la estudiante Doiris Albarrán al canal privado Globovisión. Hace un mes, estos manifestantes acampan en varias decenas de carpas frente al PNUD, bloqueando incluso parte de una transitada avenida del municipio Chacao, en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, iniciadas el 4 de febrero contra la crisis económica y la inseguridad.

Pese a que las protestas han bajado de intensidad, aún perduran focos de violencia principalmente en el este de Caracas. Las manifestaciones dejan más de 700 heridos, 145 investigaciones por violación de los derechos humanos -la mayoría por trato cruel- y 180 detenidos, de los que sólo 7% son estudiantes.

Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a tener paciencia con la marcha del diálogo abierto entre el Gobierno y la oposición para tratar de superar la situación de crisis abierta con las protestas en el país y dijo que quien se desespere se "tome una valeriana". El diálogo "va bastante bien, poco a poco, como debe ser, que nadie se desespere, quien se desespere que se tome una valeriana", dijo Maduro, en un acto de Gobierno con empresarios en el oriente del país.

"Tengamos paciencia, con paciencia se puede todo", dijo. Maduro criticó que "a veces hay gente que sale a declarar que tiene que haber resultados ya, pero ya pero ya". "Poco a poco, los diálogos políticos son así, conocernos, reconocernos e ir avanzando en una agenda de país no en una agenda particularizada", agregó. El presidente rechazó la insistencia de algunas voces en la oposición porque se produzca la liberación de los denominados "presos políticos" para mostrar resultados en el diálogo lanzado el pasado 10 de abril.

"A veces me pregunto qué tiene que ver la exigencia de algunos sectores de oposición que suelten a no se quien con el desarrollo económico del país", dijo. Maduro llamó a construir una "agenda de paz verdadera", cimentada en desarrollo social, cultural, político, económico, real del país, "no en una agenda de cuatro grupos", añadió, insistiendo en que el Gobierno no va a estar en reuniones de "cúpulas". "Yo creo que en la paz, creo en el diálogo profundamente, creo en el diálogo, pero en el diálogo para desarrollar el país, en el diálogo para resolver los problemas del país", señaló.

El Gobierno y la oposición mantienen un diálogo con los buenos oficios como terceros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano. La oposición ha reiterado entre sus peticiones una amnistía para los estudiantes detenidos durante las protestas que comenzaron el 12 de febrero contra Maduro y la liberación de los exalcaldes opositores Daniel Ceballos y Enzo Scarano, así como la del dirigente político Leopoldo López y el comisario Iván Simonovis.

El Gobierno ha rechazado la ley de amnistía aunque ha accedido a formar una junta médica que evalúe el estado de salud de Simonovis, condenado a 30 años de cárcel por dos de las 19 muertes registradas el 11 de abril de 2002, durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez. La semana pasada las víctimas y familiares de afectados por aquellos crímenes manifestaron su rechazo contundente a cualquier medida de gracia para Simonovis, a quien la oposición considera un preso político y para quien han pedido una medida humanitaria por el estado de salud en que se encuentra.