Argentina avanza en prohibir indultos en delitos de lesa humanidad

La nueva ley impide que se pueda indultar o amnistiar a los condenados y procesados, como hizo en su día el presidente Carlos Menem con los máximos responsables de la dictadura militar.
El ex presidente Carlos Saúl Menem, criticado duramente por su ley de "Punto final" que avaló la impunidad de líderes de la dictadura
El ex presidente Carlos Saúl Menem, criticado duramente por su ley de "Punto final" que avaló la impunidad de líderes de la dictadura (DPA)

Buenos Aires

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy y envió al Senado un proyecto de ley que prohíbe indultar o amnistiar a los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. El proyecto fue aprobado por 173 votos a favor, en tanto 16 legisladores del PRO (derecha) se abstuvieron.

El autor de la propuesta fue el diputado oficialista Horacio Pietragalla Corti, quien recuperó su identidad en 2003, tras haber sido un niño robado en la dictadura. Unos 500 bebés, hijos de desaparecidos, fueron robados durante el régimen, según la organización Abuelas de Plaza de Mayo, de los cuales 115 fueron encontrados.

La Corte Suprema de Justicia ya había dictaminado en el sentido de restringir la posibilidad de indultar, amnistiar o conmutar penas en crímenes de lesa humanidad.

"Se trata de un proyecto que está apoyado en tratados internacionales de derechos humanos que sostienen que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados, y a partir de esta ley ningún presidente podrá hacerlo nuevamente", dijo el diputado Remo Carlotto, presidente de la comisión de Derechos Humanos e hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

En 1990, el ex presidente Carlos Menem (1989/99) había indultado a los máximos responsables de la dictadura argentina, entre ellos el fallecido ex dictador Jorge Videla, condenados por delitos de lesa humanidad en el histórico juicio a las juntas militares de 1985. En tanto, centenares de acusados habían sido exculpados por las leyes de Punto Final 1986) y Obediencia Debida (1987), durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983/89).

Esas leyes de amnistía fueron anuladas por el Congreso en 2003 y cuatro años más tarde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos. Desde 2003, se están llevando a cabo decenas de juicios por los crímenes de la dictadura que suman más de 500 condenados, muchos de ellos a prisión perpetua.