Argentina, paralizada por huelga contra inflación e inseguridad

En un claro desafío a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los sindicatos opositores lograron bloquear el transporte en una gran demostración de fuerza ante un gobierno que debe frenar el ...
Manifestantes bloquean la autopista Panamericana en Buenos Aires, como parte de las acciones sindicales en la huelga general en Argentina
Manifestantes bloquean la autopista Panamericana en Buenos Aires, como parte de las acciones sindicales en la huelga general en Argentina (AFP)

Buenos Aires

Los sindicatos opositores paralizaron hoy Argentina con una huelga general que bloqueó el transporte y constituyó una demostración de fuerza frente al Gobierno de Cristina Fernández, abocado a frenar la inflación e inmerso en una senda de ajustes que alimenta el descontento social. Más de un millón de trabajadores, según las cifras facilitadas por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal convocante al paro, se han adherido a la huelga, convocada contra el "ajuste, la inflación y la inseguridad".

La huelga general paralizó el transporte público, sector clave para que la protesta sindical tuviera éxito en este país de 40 millones de habitantes con una de las mayores tasas de inflación en América Latina: más de 7% en el primer bimestre de 2014, según datos oficiales avalados por el FMI. En 2013 la cifra se situó entre el 25 y 30%, según consultoras privadas. Los sindicatos que apoyaron la huelga van desde la centro-derecha hasta la izquierda radical, y aunque con diferencias en sus formas de actuar, coincidieron en manifestarse contra la inflación y la inseguridad.

Organizada por tres centrales sindicales argentinas opositoras, la protesta logró paralizar aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte urbano y suburbano, así como los servicios de recogida de basuras y abastecimiento de combustible. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó una resolución que establece la quita proporcional al día de hoy de los subsidios que paga el Estado al transporte para aquellas empresas de ómnibus que se adhirieron a la huelga, informaron fuentes oficiales.

En una recorrida por la capital alrededor de un 50% de los comercios permanecían cerrados, en una jornada inusual con menos movimiento que un domingo, pero con bancos abiertos, cúmulo de basura por la falta de camiones de recolección y poca gente en las calles. "Un compañero nos pasó a buscar a los que no teníamos cómo venir. Lo que pasa es que al que no venía le descontaban el salario del día", dijo a la AFP Mauricio Ibañez, un empleado de supermercado de 22 años.

Piquetes apostados en los principales accesos a Buenos Aires bloquearon el paso a los automóviles y protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, que se saldaron con seis detenidos y un herido leve en enfrentamientos con la policía en la carretera panamericana. La segunda huelga general que afronta Cristina Fernández ha sido convocada por el ala opositora de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, cabeza del poderoso sindicato de camioneros, que pasó de ser un férreo aliado del Gobierno a un acérrimo rival.

Los gremios exigen subidas salariales por encima del 40 % para evitar una pérdida del poder adquisitivo y un aumento del tope salarial exento del pago del impuesto a las ganancias, que pesa sobre los trabajadores que ganan más de 15 mil pesos mensuales (1,875 dólares). La protesta coincide con una delicada coyuntura económica en el país, con una inflación superior al 30 % -la segunda más alta de América Latina, detrás de Venezuela-, y una estrategia de recortes a los subsidios que en la práctica constituye un "tarifazo" en servicios básicos como el gas o la electricidad, tras una devaluación del 20 % del peso argentino frente al dólar.

"Es un mensaje que el Gobierno tiene que tomar en cuenta", dijo Moyano, que subrayó que este "paro extraordinario" ha permitido a la sociedad expresar su "disconformidad" con las políticas del Gobierno. "Señora presidenta, presten atención a este mensaje de la gente, hay que dejar la soberbia y el maltrato permanente", insistió el dirigente sindical para quien el Gobierno de Fernández debe "dar respuesta a los reclamos de la gente, la inseguridad, la inflación, la devaluación, el tope en la negociación salarial". "Espero que la inteligencia del Gobierno le alcance para entender este mensaje y comenzar a dar respuesta a estos reclamos", concluyó.

Mientras la mandataria optó por mantener silencio sobre la protesta y mantuvo su actividad oficial en la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que los convocantes "pretenden sitiar los grandes centros urbanos" con "un gran piquete nacional", en referencia a los 40 cortes y bloqueos de calles y rutas establecidos en todo el país. "Esa es una metodología a la vieja usanza del medievo. En la Edad Media los señores feudales impedían el acceso a la población", afirmó Capitanich.

Desde el oficialismo, además, se denuncia el trasfondo político de la protesta y se asocia a uno de los dirigentes sindicales convocantes, Luis Barrionuevo, con el opositor Sergio Massa, ex jefe de Gabinete de Fernández y ahora contrincante político con aspiraciones presidenciales. Legisladores oficialistas suscribieron un comunicado en el que denunciaron que la protesta "beneficia únicamente a las grandes corporaciones" contrarias al proyecto que lidera Fernández y apuntaron que "hay derecho de huelga, pero no de chantaje ni de extorsión".

Aunque Cristina Fernández no tuvo ninguna huelga general en su contra durante su primer mandato (2007-2011), en su segunda y última etapa al frente de la Casa Rosada ha aumentado sensiblemente la conflictividad. En noviembre de 2012, los sindicatos, encabezados por Moyano, convocaron la primera huelga general contra el Gobierno de Fernández, que a finales del pasado año vio como se multiplicaron las protestas con un paro inédito en la policía y que ha tenido que mediar también en el conflicto docente que ha retrasado el inicio del curso escolar para más de tres millones de alumnos.

El acatamiento fue dispar en la capital, la vecina Provincia de Buenos Aires y Rosario, la tercera ciudad más importante del país, con grandes tiendas comerciales y restaurantes de comida rápida abiertos, además de oficinas operando y escuelas privadas impartiendo clases. El aeropuerto internacional de Ezeiza operaba con normalidad mientras que el nacional Aeroparque, en Buenos Aires, se paró por completo, confirmaron sus portavoces.

"Esta fue una huelga sectorial que se convirtió en una huelga general por el acatamiento en el sector transporte", dijo a la AFP la analista política Graciela Römer, directora de la consultora homónima. Para Romer "no se puede negar que este paro recoge un mal humor social existente. Sin embargo también tiene un componente político, pero no es uno u otro. Hay un componente político que ha sido sumado a un reclamo real", sentenció.

Analistas percibieron esta huelga como un juego político para desafiar al gobierno centroizquierdista de Kirchner, confrontado también al descontento social por la inseguridad en las grandes ciudades, donde en las últimas semanas se han registrado unos 12 casos de vecinos que intentaron hacer justicia por su propia mano contra supuestos ladrones.

Pero Römer advirtió que el paro demostró que sindicalistas como Moyano y su compañero al frente de la protesta, el líder del sindicato gastronómico Luis Barrionuevo, "muy criticados, muy denostados, muy poco valorados por la ciudadanía, vuelven a hacer una demostración de fuerza". La socióloga aclara que "una demostración de fuerza no es equivalente a una demostración de confianza y valoración", pero la huelga dejó al gobierno en una situación que "muy probablemente alguna de las medidas que está pidiendo la oposición y el sindicalismo van a tener que ser contempladas como por ejemplo la disminución del impuesto a las ganancias".

Argentina cuenta con diez millones de trabajadores registrados, un 40% de ellos afiliados a sindicatos, en tanto que hay unos cuatro millones de asalariados sin registrar. Sectores de trabajadores como los docentes, comercio e incluso en el ramo del transporte no apoyan la huelga, dando origen a divisiones internas en los gremios. Estas diferencias provocaron agresiones en el Subte (Metro) por "patotas" (grupos violentos) que quisieron interrumpir el servicio en dos líneas en las que los trabajadores decidieron no sumarse a la huelga.

El gobierno trató de poner coto a las recomposiciones salariales discutidas con las cámaras patronales, aunque la mayoría de los grandes gremios ya ha firmado mejoras salariales en torno al 30% anual.