Argentina aumenta 31 % el salario mínimo y lo fija en 523 dólares

La subida fue acordada en la reunión anual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; el Senado votará mañana los proyectos sobre pago de deuda y abastecimiento.
Axel Kicillof (2i), ministro de Economía argentino
Axel Kicillof (2i), ministro de Economía argentino (EFE)

Buenos Aires

El Gobierno argentino aumentó un 31 % el salario mínimo y lo fijó en 4,400 pesos, equivalentes a 523 dólares, según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. La subida fue acordada en la reunión anual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que congregó ayer a representantes gubernamentales, de los sindicatos y de los empresarios en el Ministerio de Trabajo argentino.

La resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, establece un nuevo incremento a partir del próximo enero, cuando el salario mínimo ascenderá a 4,716 pesos, equivalentes a 561 dólares al cambio actual.

En las negociaciones paritarias realizadas por diferentes sindicatos este año, se acordaron subidas promedio del 29.7 %, según datos oficiales. El año pasado, el alza del salario mínimo fue del 25 por ciento.

De otra parte, el Senado argentino debatirá mañana el proyecto de ley sobre el pago soberano de deuda, que cambia el lugar de pago de los bonos argentinos, y la modificación de la ley de abastecimiento, dos temas centrales para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El Frente para la Victoria (FPV, peronista) oficialista hizo valer su mayoría propia para conseguir que ambos temas obtengan dictamen en comisión para llevarlos al pleno, pese al rechazo de gran parte del arco político opositor. El oficialismo buscará mañana dar media sanción, en una sesión que se anticipa maratónica, al proyecto de ley para el pago soberano local de la deuda pública argentina.

La iniciativa impulsada por Fernández de Kirchner declara de interés público la reestructuración de la deuda llevada adelante en 2005 y 2010 y determina el pago soberano local, que "comprenda al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables". Esto incluye a los "holdouts", los tenedores de bonos en cesación de pagos desde fines de 2001 que no aceptaron los canjes.

De acuerdo al proyecto, se podrá cambiar voluntariamente el lugar de pago a la Argentina, en vez de Nueva York, y reemplaza el agente de pago, el Bank of New York Mellon (BoNY), por una cuenta de Nación Fideicomisos en el Banco Central de la República Argentina.

La iniciativa desafía los fallos de la Justicia estadunidense en contra de Argentina en el litigio con fondos de inversión especulativos que reclaman el pago total de los bonos, sin recortes.

A fines de julio, por el incumplimiento argentino del fallo del juez estadunidense Thomas Griesa a favor de los "fondos buitres", el BoNY frenó el pago de un vencimiento de deuda con los fondos que ya había girado el gobierno argentino. Eso dejó a Buenos Aires en un "default técnico".

El gobierno argentino aspira por eso a contar con la ley promulgada antes del 30 de septiembre, cuando deberá cumplir con un nuevo vencimiento de deuda. "Hay que buscar un canal de pago que sea eficiente", fundamentó el ministro de Economía, Axel Kicillof.

La Cámara alta también debatirá los proyectos para modificar la ley de abastecimiento, que fueron rechazados tanto por la oposición como por numerosas cámaras industriales, comerciales y empresarias. Muchos compararon la iniciativa con una norma similar que rige en Venezuela.

A los proyectos originales presentados por el gobierno se les realizaron varios cambios, pero de todas formas otorgan poderes a la Secretaría de Gobierno para intervenir en la cadena de producción y en la formación de precios. "Es un cheque en blanco para la arbitrariedad", advirtió el senador radical Ernesto Sanz, quien ya anticipó su voto en contra.

La sesión podría contar además con otra situación conflictiva si el vicepresidente Amado Boudou, decide encabezar el pleno como presidente de la Cámara alta, pese a que la oposición reclama que se tome una licencia hasta que se resuelva su situación en los tres procesamientos judiciales que enfrenta por corrupción y falsificación de documentos públicos.