Argentina aprueba ley para pagar bonos de deuda fuera de EU

Los diputados aprobaron por mayoría absoluta la ley que permite cambiar de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran los acreedores cobrar su deuda para evitar el bloqueo actual de fondos.
Vista de un grafiti contra el juez estadunidense Griesa, encarcelado junto a buitres, en un muro cerca del Congreso de Buenos Aires
Vista de un grafiti contra el juez estadunidense Griesa, encarcelado junto a buitres, en un muro cerca del Congreso de Buenos Aires (AFP)

Buenos Aires

El Congreso argentino aprobó hoy una ley para cambiar de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores cobrar su deuda, a fin de evitar el bloqueo de fondos en Estados Unidos, aunque Francia guarda silencio sobre la iniciativa.

La iniciativa, sancionada por el Senado la semana pasada, fue aprobada por la cámara de Diputados en una sesión de más de 17 horas por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones.

Con esta ley Argentina quiere evitar que se le impida honrar su deuda reestructurada antes de que se cumpla un nuevo vencimiento el próximo 30 de septiembre, que alcanza a unos 200 millones de dólares.

"Se logró la mayoría absoluta y ratifica una clara posición: los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra, de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El país sudamericano había quedado entre la espada y la pared cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa bloqueó un pago de la deuda por 539 millones de dólares y el país fue considerado por agencias calificadoras en "default selectivo" desde el 30 de julio pasado.

El juez dictaminó que Argentina debía abonar 100% de los 1,330 millones de dólares reclamados por los fondos especulativos que iniciaron un litigio, a los que Buenos Aires denomina "buitres" porque compraron la deuda en 'default' a precios irrisorios.

Si el país acatara el fallo, una cláusula de la reestructuración de la deuda llamada RUFO (sigla en inglés) le obligaría a equiparar los pagos con los demás acreedores, que aceptaron quitas de hasta 70% de los adeudos, lo que totalizaría 120 mil millones de dólares, cuando las reservas monetarias del país apenas superan los USD 28 mil millones.

El gobierno hizo pesar su mayoría legislativa para aprobar la norma mientras la oposición la rechazó con el argumento de que no soluciona el problema de fondo generado por el fallo de Griesa.

Silencio en París, rechazo en los fondos

En Francia, país mencionado en la ley como eventual sede pago, el ministerio de Finanzas en París declinó comentar la probación de esta ley, tras ser consultado por la AFP. Varias fuentes en París han manifestado que esta iniciativa no ha sido acordada con las autoridades francesas.

La American Task Force Argentina (ATFA), el principal grupo de presión en Estados Unidos para el pago a los bonistas en default, apostó al fracaso de este plan para pagar fuera de Nueva York.

"Los intentos del gobierno argentino o de sus agentes de eludir la decisión del tribunal de Estados Unidos no tendrá éxito y bien puede ser desacato al tribunal", dijo el presidente de la entidad, Robert Shapiro que calificó la ley como "una maniobra" del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. La ATFA agregó que la ley es el "último intento de burlar las normas internacionales".

Escepticismo opositor

La reforma abre nuevas ventanillas de cobro, entre ellas París u otro lugar que elijan los bonistas, como forma de poner fin al congelamiento de fondos dispuesto por Griesa a dinero que Argentina había depositado en el Bank of New York (BoNY) para el pago a acreedores que aceptaron un canje de su deuda en 2005 y 2010 con importantes quitas, aunque los nuevos bonos dieron suculentas ganancias en los últimos años al ser ajustados por crecimiento del PIB o por inflación.

Según el ex ministro de Economía del gobierno de Kirchner, el diputado opositor Martín Lousteau, esta "ley no resuelve el bloqueo de Griesa" y podría "detonar una cesación de pagos por propia decisión del Congreso", agravando la situación actual.

El diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero -izquierda radical de oposición al Gobierno- dijo que votó en contra de la ley por considerar que "sólo servirá para convalidar otra vez el negociado de la deuda pública en su totalidad", a la que considera como ilegítima.

"El pago de la deuda nos llevará al fondo de la bancarrota" y supondrá "nuevas devaluaciones, ajustes y sacrificios populares", precisó Pitrola. Por estos días la ciudadanía parece más concentrada en la tensión en el mercado cambiario por la alta demanda de dólares, en el marco de una economía con signos de recesión y sumergida en una espiral inflacionaria que alcanza al menos el 30% anual.