Argentina acusa a juez de EU por impedir pagos

La decisión del magistrado estadunidense de calificar de "ilegal" el abono a los acreedores que pactaron es considerada por Buenos Aires como "insólita".
Daniel Pollack, quien acudió ayer a la audiencia, fue nombrado por la autoridad judicial de Estados Unidos como mediador en el conflicto.
Daniel Pollack, quien acudió ayer a la audiencia, fue nombrado por la autoridad judicial de Estados Unidos como mediador en el conflicto. (Kena Betancur/EFE)

Buenos Aires y NY

El gobierno argentino acusó ayer al juez estadunidense Thomas Griesa de intentar "bloquear" el pago de la deuda reestructurada del país tras una decisión que calificó como "insólita" e "inédita" y que, según Buenos Aires, constituye un "abuso de autoridad".

En un breve comunicado, el ministerio argentino de Economía denunció que Griesa "trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos".

Buenos Aires reaccionó así a la decisión adoptada ayer por Griesa que consideró "ilegal" el pago de Argentina a tenedores de bonos renegociados mientras no cumpla también con los fondos buitre.

El juez estadunidense advirtió que el país incurriría en "desacato" si se hace efectivo el pago de los bonos reestructurados, si bien no impuso sanciones y se limitó a instar a seguir las negociaciones entre el gobierno de la mandataria argentina, Cristina Fernández, y los fondos buitre que reclaman el pago íntegro de la deuda.

El magistrado no autorizó ningún embargo, como solicitaron los fondos buitre, pero se quejó de las "acciones explosivas" de la Argentina y calificó de "ilegal" el pago que el gobierno intentó hacer mediante depósitos.

Según el gobierno argentino, los cerca de mil millones de dólares depositados el jueves para el pago a los acreedores que aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, confirman la "voluntad de negociación de buena fe" del país y la decisión de Griesa intenta "provocar el default (suspensión de pagos)".

Con esta "insólita e inédita decisión", continúa el comunicado del Ministerio de Economía argentino, el juez incurre en "un abuso de autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio".

El juez, agregan las autoridades sudamericanas, "decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC)". Además, "se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros", recordaron.

Para Argentina, la decisión de Griesa es "inédita porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar".

Argentina "reafirma su compromiso de honrar sus deudas con 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal", concluye el comunicado, que no desvela los próximos pasos a seguir por Buenos Aires para cumplir con sus compromisos y evitar caer en default.

La deuda que Argentina contrajo con los fondos buitre se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el llamado "corralito" (restricción de los ahorros) en el país latinoamericano.

Desde entonces, Buenos Aires ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron 93 por ciento de los acreedores, quedando siete por ciento, entre los que se encuentran los llamados fondos buitre, que siguen litigando para que Argentina efectúe la totalidad del pago.

Vicepresidente en problemas

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, fue procesado ayer por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra para apoderarse de la única impresora de billetes de curso legal del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien también dispuso un embargo por 200 mil pesos argentinos, el equivalente a unos 25 mil dólares, sobre sus bienes, según la resolución publicada el viernes por la noche en el sitio oficial del Poder Judicial. Boudou, quien se encuentra de gira en Centroamérica, es el primer vicepresidente en la historia del país sudamericano procesado en el ejercicio de la función pública y se expone a una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Boudou es además investigado en otra causa por ser el propietario de un automóvil con presunta documentación falsa. Agencias/Buenos Aires