Amenaza de impeachment contra Rousseff recalienta clima político

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, decidió postergar para la semana próxima su decisión sobre si aprueba el pedido de juicio político contra la presidenta, ...
El presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Eduardo Cunha, camina en el edificio del Congreso en Brasilia
El presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Eduardo Cunha, camina en el edificio del Congreso en Brasilia (AFP)

Brasilia

En medio de un clima de zozobra, el gobierno de Brasil trabaja contrarreloj para blindarse de un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Tras una mañana cargada de rumores, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien debe decidir si da lugar a un pedido de impeachment contra la mandataria respaldado por el principal partido de la oposición, el PSDB, por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, dio una bocanada de oxígeno al gobierno al postergar su pronunciamiento para la semana próxima.

"Va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión", dijo hoy a la AFP un asesor de prensa de la Presidencia de la Cámara. El PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año, es el mayor sostén político de un pedido presentado por juristas para someter a la mandataria a un proceso de destitución, iniciativa que también es respaldada por otros partidos y activistas de la sociedad civil.

Mientras, un grupo de diputados brasileños presentó hoy una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojar de su escaño a Cunha, por las sospechas de corrupción que pesan sobre él.

La petición fue firmada por 49 diputados, 34 de ellos integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), formación de la presidenta, y el resto de otras seis fuerzas oficialistas y opositoras, según anunciaron los impulsores de la iniciativa.

Moción contra Cunha

La moción acusa a Cunha de violar el decoro parlamentario y supondrá el inicio de un proceso con miras a la destitución del presidente de la Cámara baja, que está siendo investigado por la Fiscalía por las sospechas de que se benefició de la red de corrupción destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.

Uno de los impulsores del pedido de investigación, el diputado Chico Alencar, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), afirmó que los comportamientos de Cunha son "indignos" e "impropios" de un diputado.

La situación del presidente de la Cámara de los Diputados se agravó la semana pasada cuando la Fiscalía suiza transfirió a Brasil una investigación abierta contra él por sospechas de lavado de dinero y corrupción.

La presión sobre Cunha aumentó en los últimos días con el surgimiento de nuevos indicios de que obtuvo al menos cinco millones de dólares de la red de corrupción que operó en Petrobras y que habría depositado en cuentas secretas en Suiza.

Con base en esas denuncias, hasta los partidos opositores han exigido que deje el cargo "para que pueda ejercer, de forma adecuada, su derecho constitucional de amplia defensa".

Los opositores, que promueven un juicio político con fines de destitución contra Rousseff, temen que la investigación contra Cunha pueda arañar la "legitimidad" del proceso puesto que es su atribución aceptar a trámite o denegar los pedidos de esta naturaleza.

Cunha ha alegado inocencia y declarado que no tiene planes de renunciar, así como ha asegurado que su decisión sobre un juicio contra Rousseff se basará en un "estricto análisis" desde el punto de vista jurídico.

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

El gabinete de ministros trabajó desde temprano ante la inminencia de que Cunha aceptara la solicitud de impeachment, pero el diputado decidió demorarlo a pedido de los propios denunciantes que optaron por hacer una nueva presentación ampliada este viernes.

La demanda contra Rousseff se basa en violaciones a las leyes que rigen la administración pública, una tesis que ganó fuerza luego de que la auditoría de la República considerara que el gobierno maquilló las cuentas públicas del 2014 para dar idea de una mejor gestión.

"El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment sólo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico", dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, luego de una serie de reuniones en Brasilia. El mercado reaccionó negativamente a la tensión política y la bolsa cayó 4% en su peor día del año. El real, por su parte, retrocedió 3.47%.

Tras doce años del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en el poder, muchos parecen oler sangre en el agitado mar político de Brasil. Con apenas un 10% de apoyo a su gestión en las encuestas, Rousseff quedó precozmente fragilizada por una recesión económica y las revelaciones de una gigantesca trama de corrupción en Petrobras que salpican al PT.

Además, se une a esos factores la incapacidad del gobierno para articular una base robusta de legisladores en una democracia estructurada en torno a alianzas parlamentarias.

Durante la jornada, la corte suprema declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud de impeachment, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre Cunha.

La decisión del alto tribunal no afecta sus potestades sobre el tema, consideró Cunha, un carismático diputado evangélico con gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro que comenzó el año como aliado a Rousseff pero que se fue dividiendo en distintas tendencias.

Cunha se declaró opositor hace unos meses tras ser acusado por la justicia de cobrar un soborno de cinco millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de Petrobras. En ese entonces, adujo que detrás de la denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.

Impeachment

Destituir a un mandatario a través de un impeachment implica una larga travesía que tiene estaciones jurídicas, procesales, políticas y hasta sociales. Una vez que el presidente de la Cámara Baja lo acepta, el trámite pasa a una comisión que vuelve a evaluarlo.

Si le da luz verde, un mínimo de 342 de los 513 diputados deben levantar su mano a favor para que el proceso comience. Ahí Rousseff sería apartada del cargo y el Senado -donde el gobierno tiene mayoría- se constituye en tribunal para juzgarla.

En caso de ser hallada culpable, el mandato será completado por el vicepresidente, Michel Temer, del PMDB. Es por eso que el gobierno cruje con cada revés que sufre y necesita mucho a su esquivo aliado. Si Rousseff logra seducir al "partido de la gobernabilidad", puede que pierda algunos anillos, pero conservará los dedos, según el dicho popular brasileño.

"Si se instala la comisión del impeachment, sería el principio del fin para Dilma. Por eso están trabajando duramente para tratar de captar diputados (...) para ganar apoyo al momento de votar", resumió el analista político David Fleischer en diálogo con la AFP.

Rousseff, figura central de un proceso político que sacó 40 millones de personas de la pobreza, también enfrenta denuncias en el Tribunal Superior Electoral por abuso de poder durante la campaña presidencial, otro caso que podría terminar con su gobierno.