Acusan a juez de conspirar contra la infanta Cristina

El fiscal anticorrupción cuestiona al magistrado que lleva el caso Nóos de querer involucrar a la hija del rey de España sin tener las pruebas suficientes para imputarle delitos.
El fiscal Pedro Horrach rebate en escrito al juez José Castro (en la imagen, a su llegada a los juzgados de Palma).
El fiscal Pedro Horrach rebate en escrito al juez José Castro (en la imagen, a su llegada a los juzgados de Palma). (Montserrat T Díez/EFE)

Madrid

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach acusó al juez del caso Nóos, José Castro, de urdir una “teoría conspiratoria” contra la infanta Cristina para atribuirle los delitos fiscal y de blanqueo de capitales.

El año pasado, Horrach ya había evitado la comparecencia de la hija menor del rey de España, Juan Carlos de Borbón, tras recurrir el auto del magistrado en la primera imputación. Ayer, el acusador público reclamó a Castro más pruebas y peritajes de la Agencia Tributaria antes de la declaración de la infanta, contemplada para el próximo 8 de febrero.

El escrito dado a conocer por Horrach no recurre la imputación sino que se trata de una serie de “reflexiones”, todas contra el magistrado. En el documento, el fiscal señala que se ha de “evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”.

El fiscal sostiene en su escrito que para urdir “la tesis inculpatoria” contra Cristina de Borbón, el juez Castro ha utilizado los informes de inspectores, “que han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”.

El representante del Ministerio Público recuerda a Castro que “las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento penal equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación”. En este sentido, sostiene Horrach, “ni se puede ni se debe, de acuerdo con los principios básicos del Derecho Penal, articular una imputación”.

El Ministerio Público rebate en 4 mil 500 palabras los argumentos jurídicos y conceptos financieros tributarios de Castro (le reprocha que confunde cobros con ingresos).

En su escrito, el fiscal coincide con el juez en que la sociedad mercantil Aizoon, compartida al 50 por ciento por los duques de Palma, “repartió dividendos a sus socios camuflados bajo gastos personales ajenos a la actividad mercantil”. Pero eso, discrepa Horrach, “no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que la conclusión del instructor, a efectos penales, es inocua e irrelevante”.

Por ello, añade el fiscal, es “imposible”, dada la cuantía de los gastos personales, que la cuota defraudada por la infanta alcance el umbral de los 120 mil euros necesarios para que fuera delito.

El juez Castro, en su auto de 227 páginas del 7 de enero pasado, construyó la carga de indicios para imputar a la hija menor del rey, sobre la base de la investigación efectuada sobre facturas, pagos, gastos, declaraciones tributarias y cuentas bancarias de una década (2002-2012).

Horrach señala que “absolutamente todas los gastos reflejados en las facturas analizadas por el magistrado ya habían sido objeto de estudio con anterioridad por la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial, quien las había calificado de gastos personales ajenos a la actividad mercantil, y por tanto, gastos no deducibles”.

Esta es la segunda ocasión en la que la Fiscalía Anticorrupción publica un informe fuera del procedimiento donde critica la instrucción del juez y cuestiona las diligencias adoptadas en el caso.

La infanta, de 48 años, y su marido, Iñaki Urdangarin, de 45, son propietarios a partes iguales de la sociedad Aizoon, de la que el juez sospecha sirvió de pantalla para desviar fondos públicos.

Urdangarin está imputado desde el 29 de diciembre de 2011 por haber malversado supuyestamente un total de 6.1 millones de euros de dinero público junto a su ex socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro.

Claves

¿A pie o en coche?

-El debate político y mediático en España está en torno de si Cristina de Borbón podrá entrar en los juzgados de manera discreta —en coche— o si tendrá que recorrer a pie el centenar de metros hasta el acceso al edificio.

-El decano de los jueces de Palma, Islas Baleares, será el encargado de establecer la forma de acceso de la infanta, citada para el próximo 8 de febrero, al recinto judicial.

-Su marido, Iñaki Urdangarin, tuvo que caminar y se vio expuesto a los gritos en su contra de ciudadanos que lo esperaban ante el juzgado.