Acusado dice que el cuñado de Felipe VI recibió contrataciones irregulares

Un ex responsable del gobierno regional balear afirmó que la contratación del Instituto Noos, que presidía Iñaki Urdangarin, se hizo "sin cuestionar" el coste de sus servicios.
La infanta Cristina (d) y su marido, Iñaki urdangarin (i), abandonan el tribunal de Palma de Mallorca
La infanta Cristina (d) y su marido, Iñaki urdangarin (i), abandonan el tribunal de Palma de Mallorca (AFP)

Palma de Mallorca

La contratación del Instituto Noos, la fundación que presidía el cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y al que supuestamente se desviaron 6.6 millones de dólares de dinero público, se hizo "sin cuestionar" lo que costaban sus servicios, según declaró hoy uno de los acusados.

El ex responsable regional del área de Deportes de la región de Baleares (archipiélago mediterráneo), José Luis Ballester hizo estas declaraciones hoy durante la segunda jornada del juicio del "caso Nóos", que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y el presunto desvío de fondos públicos a esa entidad.

Urdangarin está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales; y su mujer, Cristina de Borbón -la primera persona de la familia real española que se sienta en un banquillo-, está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido.

José Luis Ballester está acusado también de presunta malversación, prevaricación, falsedad y fraude, pero solo se enfrenta a dos años de prisión tras colaborar con la justicia.

El acusado aseguró que fue él quien presentó a Urdangarin al expresidente regional de las Islas Baleares Jaume Matas -actualmente en prisión por varios casos de corrupción-, para que le presentara varios proyectos deportivos.

Ballester cree que el cuñado del rey de España "utilizó" su amistad para conseguir contratos con la Administración pública, como fueron el contrato del patrocinio de un equipo ciclista o la organización por parte del Instituto Noos de dos foros sobre deporte y turismo (2005 y 2006) en las Islas Baleares, por unos 2.2 millones de euros.

"No se dudó en el precio" y "no había discusión ninguna", ha respondido reiteradamente Ballester sobre estos contratos. El presidente regional Jaume Matas aprobó estos contratos y transmitió a su entorno la idea de que había que contratar sin cuestionarlo "a Iñaki Urdangarin y todo aquello que viniera de él", insistió el acusado.

Ballester explicó además que se falsearon actas para dar forma a estas órdenes personales y directas del ex presidente de la región. Según su declaración, el cuñado del rey Felipe VI dirigió las reuniones para organizar el primer foro de deporte y turismo, y las primeras reuniones del segundo, pero en la primavera de 2006 le informó de que se desvinculaba del Instituto Nóos.

Por eso le extrañó cuando, meses después, el marido de la hermana menor del monarca español le telefoneó para reclamarle unos pagos pendientes. "A partir de enero de 2007, la llamada (..) de Iñaki Urdangarin hacia mí eran para cobrar, para que les pagara", afirmó el ex responsable de deportes, quien le respondió que cuando entregaran el trabajo se les pagaría.

Según el acusado, al final se realizó el pago tras recibir directamente la orden del ex presidente Matas y poco antes de las elecciones regionales de 2007: "Me dice: 'Paga, mi preocupación es ganar las elecciones el domingo'", explicó.

A preguntas de varias defensas, Ballester indicó que, pese a cuestionar el procedimiento, defiende la utilidad pública de los foros que organizó Nóos y del patrocinio del equipo ciclista.

Este acusado, que fue director general de Deportes de la región entre julio de 2003 y mayo de 2007, fue el primero en declarar ante el tribunal que juzga a 17 acusados en el caso Nóos, que comparecerán previsiblemente hasta finales de febrero y que previsiblemente cerrará la infanta Cristina de Borbón.

La Fiscalía pide para el cuñado del Felipe VI, Iñaki Urdangarín, una pena total de 19 años y medio de prisión, mientras que la acusación particular del sindicato Manos Limpias solicita 26 años y medio de cárcel.

Esta misma acusación es la que pide para Cristina de Borbón una pena de ocho años de prisión y una multa de dos millones de euros, y es la principal responsable de que la infanta haya tenido que sentarse finalmente en el banquillo, ya que el fiscal pidió el sobreseimiento de su acusación, que finalmente fue denegada por el tribunal.