Abren investigación contra presidente catalán por consulta independentista

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite las denuncias por desobediencia contra Artur Mas por haber organizado el 9 de noviembre una consulta sobre la independencia de la ...
Varias personas, en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona
Varias personas, en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona (AFP)

Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite hoy las denuncias por desobediencia contra el presidente regional catalán, Artur Mas, por la organización el 9 de noviembre de una consulta simbólica sobre la independencia de esta comunidad autónoma española.

"El pleno de la sala de lo civil y penal del TSJC ha acordado, por mayoría, admitir a trámite todas las denuncias y querellas por la presunta desobediencia a la resolución del Tribunal Constitucional", que había suspendido dicha consulta, informó el tribunal en un comunicado.

Las denuncias admitidas van dirigidas contra Mas, la vicepresidenta del gobierno regional Joana Ortega y la consejera (ministra regional) de educación, Irene Rigau.

"Son unas querellas que yo personalmente no entiendo, que alguien te lleve a los tribunales por poner las urnas y porque la gente pueda votar es una cosa que no se entiende", dijo hoy Mas, antes de conocerse la decisión judicial.

"Pero bien, de todos modos esta es la realidad y yo respeto plenamente las decisiones de los ámbitos judiciales", añadió. Tras conocerse la decisión judicial, Anna Simó, portavoz del partido independentista de izquierdas, ERC, que apoyó la consulta, mostró su "total apoyo en estos momentos que no son fáciles" a Mas.

Los seis magistrados de la Sala, que han debatido durante cuatro horas, decidieron que las siete querellas y veinticinco denuncias presentadas contra él y su equipo sean agrupadas en una, que será la más antigua de ellas presentadas por este caso.

Entre las querellas se encuentra la que ordenó presentar el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras una polémica con los fiscales catalanes que no veían materia para la misma.

Las diferencias de opiniones sobre el caso entre Torres-Dulce y el gobierno central acabó también, según el entorno del ex fiscal general, por colmar su paciencia, llevándole a presentar su dimisión el jueves pasado.

Desobediencia

El ministerio público finalmente presentó ante el TSJC una querella criminal por delitos de "desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones".

Mas, Ortega y Rigau serán investigados por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional, que el 4 de noviembre suspendió la celebración de una consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña, tras presentar el gobierno conservador español de Mariano Rajoy un recurso contra la misma.

El gobierno regional catalán, en mano de los nacionalistas de CiU, decidió convocar esta consulta simbólica después que el Alto Tribunal ya hubiera procedido el 29 de septiembre, también a instancias del ejecutivo central, a suspender un referéndum oficial convocado sólo dos días antes. El gobierno conservador español alegaba que, según la Constitución, sólo el Estado tiene potestad para convocar referendos.

Un total de 2'344,828 personas participaron en esa controvertida votación sin valor legal, sin censo ni comisión de supervisión, de las que casi 1.9 millones de personas votaron a favor de la independencia, según unos resultados definitivos anunciados el 1 de diciembre por el gobierno regional, tras contabilizar los sufragios emitidos entre el 9 y el 25 de noviembre.

El gobierno regional catalán llamó a responder a una doble pregunta prevista para el referéndum oficial y que se mantuvo en la consulta simbólica: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".

Los resultados de la consulta fueron considerados un "éxito total" por Mas, mientras que para Rajoy se trató de un "fracaso", puesto que sólo una de cada tres personas de los 6.3 millones de catalanes con derecho a voto acudieron a las urnas.