Hay 279 indígenas presos en las cárceles de Hidalgo

Al rendir sus declaraciones no hubo un defensor o ministerio público hablante de sus lengua. 
Las autoridades judiciales reconocen que hay muchos indígenas presos injustamente.
Las autoridades judiciales reconocen que hay muchos indígenas presos injustamente. (Horacio Rodrigo)

Pachuca

En las cárceles de Hidalgo están recluidos 279 indígenas, cuyos casos requieren de una revisión legal, ya que han sido procesados por culparse de delitos de alto impacto, por no saber hablar español, como homicidio o incluso narcomenudeo. Otro porcentaje está privado de su libertad por, presuntamente, haber incurrido en faltas a los usos y costumbres de sus comunidades que no son contempladas como ilícitos en el Código Penal, o delitos menores; sin embargo, por no tener recursos para pagar una fianza purgan una condena.

Desde una persona de oficio cargador, aún comunes en la Sierra y la Huasteca hidalguense, que fueron aprehendidas por posesión de drogas, hasta inculpados por robo de una gallina, cada procedimiento jurídico tiene fallas, principalmente porque al momento de sus declaraciones e integración de expedientes no hubo un defensor o ministerio público hablante de lengua indígena, con conocimientos de los usos, costumbres, tradiciones y cultura del presunto delincuente que permitiera un debido proceso.

Lo anterior lo confirmó el subsecretario de Atención a Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas, Rigoberto Valencia Pérez, quien informó que actualmente realizan una revisión a los expedientes de los 279 presos, 50 de ellos mujeres, para excarcelar a quienes han sido aprehendidos injustamente.

"La mayoría son 'primodelincuentes'; es decir, que por primera vez, presuntamente, incurrieron en una falta. Mientras el proceso se da, a veces en las condiciones de desventaja de no contar con la traducción (de su lengua al español) propicia que tengan afirmaciones y se inculpan de lo que no cometieron".

Ejemplificó que una persona fue detenida cuando transportaba un costal que contenía mariguana: "Pero él lo desconocía, simplemente fue contratado para llevar esa carga y por no hablar la lengua se inculpó.

"Es un delito que por sus características se puede definir de alto grado; sin embargo, se le está facilitando el traductor y el apoyo legal para que tenga un juicio justo, aunque no necesariamente quiero decir que no tenga ninguna responsabilidad, eso lo determinará la autoridad competente".

Según el subsecretario, también hay irregularidades con quienes han sido recluidos por faltar a los usos y costumbres de sus localidades.

"A veces que una gallina propia pase al terreno del vecino, es considerado un robo cuando se trata de recuperar. En ocasiones son conflictos que se generan al interior de la comunidad que llegan a los ministerios públicos", expuso.

Por no pagar las cuotas comunales, añadió, los indígenas también son acusados de algún delito aunque no exista comisión del mismo. "Si bien es cierto que trasgrede sus normas internas, no son normas constitucionales, pero mientras la comunidad investiga va generando un tiempo de aislamiento y de reclusión para algunos de ellos".

Elementos de culpabilidad

Rigoberto Valencia explicó que hay casos en los que, aunque la persona sea de origen indígena y escasos recursos, no intervienen cuando hay elementos probatorias de culpabilidad. Entre éstos expuso el de un líder comunitario de la Huasteca (de quien se omite nombre para no obstruir investigaciones), quien ultimó a su esposa a machetazos "en un arranque de ira". Miembros de su localidad que presenciaron el acto han declarado en contra.

"Ahí no se habla de que haya una injusticia sino alevosía por parte del delincuente, porque así se le tipifica porque el acto sí fue con una premeditación".

Claves

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el país hay 8 mil 530 indígenas presos.

Unos 7 mil 715 lo están por delitos del fuero común y 815 del federal; otros 3 mil 126 están sujetos a proceso y 5 mil 404 ya fueron sentenciados

El gobierno del estado paga la intervención de un traductor, certificado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Además, la CDI paga las fianzas para quienes, al ser delitos menores, alcanzan la libertad, las cuales oscilan entre los 10 y 25 mil pesos.