Refuerzan el combate a tala y tráfico de especies

Las zonas más afectadas por la obtención de maderas son la zona de Acaxochitlán, también la de Zacualtipán, la Huasteca y la zona Otomí-Tepehua, en donde hay riesgo de extinción.

Pachuca

En los últimos doce meses, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) canalizó a su similar federal 18 denuncias por tala inmoderada de árboles en cuatro regiones de Hidalgo con abundancia de recursos naturales, además de otra por tráfico ilegal de especies.

Aunque por la gravedad de estos delitos son competencia de la Profepa, quien actúa y finca la responsabilidad que corresponda conforme a derecho, la dependencia estatal recibió el aviso por parte de los municipios y de habitantes de las regiones, lo que permitió iniciar el procedimiento sancionatorio contra quién o quienes resulten responsables. 

“Las denuncias de tala inmoderada fueron no tan sólo de la región de Acaxochitlán, también de Zacualtipán, de la Huasteca y de la zona Otomí-Tepehua. En contraste, no recibimos ninguna de la Sierra Gorda. Hemos estado trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, con el municipio que en ocasiones es quien hace las denuncias a través del presidente o los directores de Ecología u Obras Públicas, las cuales nos llegan a nosotros y como no es de nuestra competencia las turnamos a la delegación de la Profepa”, informó el procurador ambiental, Salvador Aguilar Rivera.

Añadió que través de un oficio contestan al denunciante que esta oficina es incompetente para fincar responsabilidades por este delito, pero que en base a la coordinación con la Federación la denuncia es turnada a la Procuraduría Federal Ambiental.

Respecto al tráfico ilegal de especies, el funcionario detalló que “en Zimapán, donde hay leopardo, recibimos una denuncia, además de una en Tepeji del Río que envió el delegado de Santiago Tlautla argumentando que había caza furtiva (fuera de la temporada legalmente establecida)”.

NEGOCIO LUCRATIVO

El tráfico ilegal de vida silvestre se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, sólo superado por el de armas y el de drogas, afirmó la Profepa, quien, tan sólo en 2012, aseguró 32 mil 53 ejemplares en 335 operativos, dos mil 24 visitas de inspección y mil 567 recorridos de vigilancia.

La dependencia también reporta el aseguramiento de 65 mil 86 productos asociados con especies de flora y fauna, delitos por los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) 84 personas, como probables responsables.

En once meses y 15 días de 2013, las cifras de estos ilícitos ya han superado las del año anterior. Según la Profepa, en un informe público disponible en su página de internet, en este periodo han realizado 311 operativos, mil 623 visitas de inspección realizadas y mil 833 recorridos de vigilancia.

Estas acciones dieron como resultados el aseguramiento de 53 mil 642 especies de vida silvestre y 65 mil 314 productos. Como presuntos implicados en estos delitos, sólo 67 personas fueron puestas a disposición del MPF.

DELITOS CONTRA LA BIODIVERSIDAD

-El tráfico ilegal de ejemplares partes y derivados de flora y fauna silvestres es un delito grave de conformidad con el artículo 420 fracciones IV y V del Código Penal Federal, que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, y se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

La Profepa exhortó a la ciudadanía a no adquirir ejemplares de vida silvestre sin la documentación que acredite que provienen de aprovechamientos sustentables autorizados o que fueron legalmente importados, y recordó que ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido (loros, pericos y guacamayas), cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales.

La instancia federal cita que de acuerdo con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) esta actividad genera ganancias muy altas y goza de “suaves” castigos a los infractores.