Pide FOR revisión legal de delitos cibernéticos

El gobernador señaló que otra acción que se debe emplear en el estado es el incremento de la capacidad tecnológica para proteger el sistema informático de oficinas gubernamentales.
Pide FOR revisión legal de delitos cibernéticos, pues es necesario legislar y reforzar la seguridad digital dentro de las instituciones.
Pide FOR revisión legal de delitos cibernéticos, pues es necesario legislar y reforzar la seguridad digital dentro de las instituciones. (Archivo)
(Axel Chávez)

Pachuca

El gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, consideró que es necesario legislar y reforzar la seguridad en el sistema digital de las instituciones gubernamentales para evitar ser víctimas de delitos cibernéticos.

Según el mandatario, los hackers informáticos que consiguieron el dominio de las cuentas oficiales del ayuntamiento de Pachuca, de la presidenta del sistema DIF de la capital, Gabriela Castañeda, entre otros funcionarios, son ex trabajadores de gobierno que manejaron datos confidenciales y, tras ser cesados de sus funciones, utilizan estos mecanismos como medida de protesta.

“Es importante entrar a una revisión legal. Casi en todos los casos encontramos que los responsables son ex empleados, alguien que fue dado de baja. Detrás de estos problemas hay personas que tienen información privilegiada, es ahí donde tiene que entrar la ley, para que quien tenga hoy en su poder ese tipo de datos deba guardar la secrecía y, de no cumplir con ello, deba ser considerado un delito”, opinó.

Esta información, que involucran a actores políticos de diferentes niveles, también es difundida a través de páginas como “blogspot” y es compartida a través de las redes sociales que logran “hackear”.

El ex edil capitalino comentó que otra acción que deben emplear es incrementar su capacidad tecnológica para proteger el sistema informático, ya que estos sujetos, de quienes se desconoce su identidad, han logrado manipularlo, al acceder a cuentas oficiales.

Recientemente el secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Ahedo Mayorga, señaló que, aunque la investigación de delitos en Internet le compete estrictamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), no descarta colaborar de cerca con la dependencia para esclarecer ilícitos de esta índole, al tiempo que contempló la posibilidad de crear una policía cibernética.

Arraigo debe continuar

Aunque Hidalgo ocupó el tercer lugar con más arraigos en el país durante el sexenio pasado, al retener a 110 personas para ser investigadas por su presunta responsabilidad en delitos como secuestro y tráfico de indocumentados, el gobernador Francisco Olvera aseguró que esta figura jurídica no debe desaparecer, como solicitan las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, ya que afirmó que en algunos casos las corporaciones de seguridad no tienen capacidad para realizar diligencias en el tiempo que marca la ley.

“Mientras no alcancemos un grado óptimo en la capacidad de nuestras policías se debe mantener el arraigo. Tres días para deslindar responsabilidades a un detenido son insuficientes”, indicó el jefe del Ejecutivo.

No obstante, reconoció que se ha abusado del arraigo, por eso la pasada legislatura estatal acotó el tiempo hasta 10 días, con posibilidad de ampliarse a 15, en temas como delincuencia organizada.

Plan estatal de desarrollo

Con la presencia del gobernador Francisco Olvera se llevó a cabo el Foro Estatal para la revisión del Plan Estatal de Desarrollo (PED), en el que, además de dar a conocer las conclusiones de los 16 Foros Regionales realizados en las últimas semanas, se hicieron nuevas propuestas con el apoyo de los diversos sectores de la sociedad y funcionarios especialistas en los cinco ejes temáticos del plan: Bienestar de la gente, Competitividad para un Desarrollo Económico, Desarrollo Ordenado y Sustentable, Paz y Tranquilidad Social, Gobierno Eficiente y Municipalista. En entrevista, el secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Alberto Meléndez Apodaca, informó que en políticas de seguridad incluyeron propuestas de concluir con los ordenamientos territoriales y los atlas de riesgo, ya que en los tres primeros años de esta administración han sufrido dos embates climáticos, uno con daños por mil 400 millones de pesos (Ingrid) y otro por dos mil 450 millones (Arlen, 2011), además de no permitir asentamiento en zonas de riesgo y mejorar el sistema de protección civil.

En la actualización del PED también participaron cámaras empresariales, el sector académico y el Consejo Consultivo Ciudadano.