Pese a denuncia le impidieron interrumpir el embarazo

A pesar de que denunció la violación ante el Ministerio Público, debido a que su embarazo tenía poco más de noventa días, no fue posible otorgarle la autorización de la interrupción. 
Bajo ciertas circunstancias legales es posible la interrupción del embarazo con seguridad.
Bajo ciertas circunstancias legales es posible la interrupción del embarazo con seguridad. (Héctor Mora)

Pachuca

Aunque el aborto por violación sexual es legal en Hidalgo y el resto de estados del país, lo cual implica la obligación de las autoridades de prestar los servicios de interrupción del embarazo, a Jimena le negaron un tratamiento para terminar su gestación, y a sus 13 años de edad, sin la capacidad física, los recursos económicos ni la madurez para criar a un hijo, se convirtió en madre por primera vez.

A pesar de que denunció la violación ante el Ministerio Público, debido a que su embarazo tenía poco más de noventa días, no fue posible otorgarle la autorización de la interrupción, pues la legislación penal local establece este plazo como máximo para llevar a cabo el procedimiento.

Durante el proceso de gestación, Jimena tuvo un riesgo mucho mayor de morir o sufrir complicaciones médicas graves, como parto prematuro, hipertensión y anemia grave. El producto también tuvo riesgo de muerte, ya que el cuerpo de su madre no estaba físicamente desarrollado para recibirlo.

Desde 2007 a la fecha, la Secretaría de Salud del estado documenta cero interrupciones por agresión sexual, a pesar de que en ese lapso, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han presentados dos mil 363 denuncias por violación (421 en el último año).

Tentativa de homicidio...

A diferencia de los casos de aborto por violación, por los que no se ha practicado ninguna interrupción en clínicas de salud pública del estado en cinco años, los Ministerios Públicos sí han iniciado procesos contra mujeres por el delito de tentativa de homicidio.

Sara tenía 21 años y un embarazo de ocho semanas de gestación cuando fue detenida por la policía ministerial local mientras era atendida en un hospital público del estado, al ser denunciada por el director del nosocomio.

Fue sujeta a proceso penal acusada de haberse provocado un aborto mediante inyecciones de netrigen, un anticonceptivo de emergencia, y pastillas de misoprostol, un fármaco utilizado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, pero que provoca la inducción del parto.

Sara tuvo que pagar una fianza para obtener su libertad provisional. Eligió ser defendida por un abogado público y fue declarada inocente en sentencia de primera instancia.

Privación de la libertad...

Cuando fue detenida por autoridades ministeriales mientras era atendida en una clínica del IMSS por un sangrado vaginal, Rebeca cursaba un embarazo deseado de entre ocho y nueve semanas de gestación. Tenía 33 años y fue denunciada por un médico por, presuntamente, tentativa de aborto.

Fue sujeta a proceso penal a pesar de que al momento de la detención portaba una pulsera del Instituto que le permitía la prestación de servicios de urgencia médica, debido a que tenía un embarazo de alto riesgo, en el que, asegura, había seguido estrictamente sus controles prenatales

Bajo condiciones precarias e insalubres, lo que deterioró su estado de salud, fue privada de su libertad en una cárcel de la entidad durante 19 días, donde llevó el proceso aún embarazada.

Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), asociación que documentó éste y los dos casos anteriores, cubrió la fianza para que Rebeca obtuviera su libertad provisional y promovió un amparo en contra del auto de formal prisión por las violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima.

El amparo fue ganado y un juez dictó auto de libertad.

En su oportunidad, Rebeca narró a GIRE: "Fue un sangrado involuntario, quizá un intento de aborto pero involuntario y que la tachen a una de asesina por eso es desgastante, es hacer sufrir a toda una familia. Yo quería a mi bebé y la muestra de ello es que aquí lo tengo junto a mí, y en ese momento tenía las pruebas de que había llevado todo el control prenatal, los cuidados, pero me tacharon de asesina".

El artículo 158 del Código Penal de Hidalgo señala que un aborto es considerado legal cuando sea producto de una violación, no consentido a través de medios clínicos; que la mujer corra un grave peligro en su salud y por malformaciones genéticas del producto.