Hidalgo reprueba en evaluación de penales elaborada por la CNDH

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria es un instrumento de evaluación que permite examinar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, el cual verifica las ...

Pachuca

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó al sistema penitenciario del estado de Hidalgo un promedio de 4.65 en materia de gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social más poblados de la entidad: Pachuca, Tulancingo y Tula de Allende.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) es un instrumento de evaluación que permite examinar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, el cual verifica las condiciones de estancia e internamiento de los procesados y sentenciados, cuyo fin primordial es la observancia del respeto a los derechos humanos.

Además de medir la gobernabilidad en los penales estatales, la CNDH también calificó los aspectos que garantizan la integridad física y moral de los internos, estancia digna, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos en los cuales el estado de Hidalgo se encuentra por debajo de la media nacional de 6.47.

De acuerdo con este estudio, los tres penales los custodios carecen de un manual de procedimientos para casos de motín, uso de la fuerza, además de solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar e íntima.

La CNDH documentó que en los tres centros de reinserción social analizados existen deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro ya que existe control por parte de los internos en seguridad, además de actividades productivas, educativas y deportivas.

El estudio reveló que internos cuentan con el control de los servicio de alimentación, limpieza y mantenimiento y de acceso de las visitas, lo que permite la existencia de objetos y sustancias prohibidas.

Asimismo se registró la presencia de cobros por parte de los custodios para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de los dormitorios, alimentos, servicio médico, medicamentos, uso del teléfono, visitas.

En lo que respecta al rubro de la reinserción social en la prisión de Pachuca es inexistente clasificación criminológica de los internos y falta de personal de criminología, además de deficiencias en las actividades deportivas por falta de equipo como educativas como lo es el material didáctico.

El diagnóstico penitenciario revela que en cuanto a grupos de internos con requerimientos específicos el penal de Pachuca, Tula y Tulancingo carecen de programas que ayuden a la detección de VIH/SIDA además de atención médica.

Las mujeres padecen de atención médica, alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro y acceso en igualdad de condiciones a las instalaciones y servicios del Centro como las más destacables.

Mientras que en el penal de Tulancingo se documentó las deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos pues es insuficiente personal médico para atender a los internos, deficiente atención médica y psicológica y no cuenta con área médica para mujeres.

Además la sobre población ha generado el hacinamiento ya que número de internos (378) rebasan la capacidad instalada de las celdas (268).

La CNDH detectó nulos protocolos en las acciones para atender incidentes violentos, lo cual genera deficiencias en la prevención y en la atención de la tortura y/o maltrato.

Las autoridades penitenciarias carecen de registro de los casos de tortura o maltrato y de esquemas del procedimiento para su atención y seguimiento.

En el penal de Tulancingo se reportó los internos carecen de condiciones materiales e higiene de las instalaciones de manera general, desde dormitorios hasta cocina y espacios para realizar actividades deportivas.

CLAVES:

En los Centros de Reinserción Social de Pachuca, Tulancingo, Tula de Allende existe una marcada sobre población lo que genera hacinamiento ya que en el penal de la capital hidalguense tiene una capacidad máxima de 614 internos y registra una población de mil 211 internos, mientras que en Tula el inmueble fue construido para una población de 184 internos y alberga a 445.

Asimismo en los tres penales estatales las autoridades muestran carencias en cuento a los grupos indígenas ya que no existen intérpretes en los casos necesarios y en lo que respecta a personas con discapacidad física y mental no hay la atención médica.

El diagnostico de la CNDH reveló que el sistema penitenciario estatal carece de registros de internos con adicciones y muestra una deficiencia en cuanto a los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.