Hidalgo ocupa el tercer sitio por uso del arraigo

Se encuentra por debajo de Baja California y Sonora; le siguen Sinaloa y Aguascalientes.
El senador Omar Fayad Meneses afirma que en el sexenio anterior se abusó de esa figura.
El senador Omar Fayad Meneses afirma que en el sexenio anterior se abusó de esa figura. (Arturo González)

Pachuca

De diciembre de 2006 a marzo de 2013, en Hidalgo fueron arraigadas 110 personas para ser investigadas por su presunta responsabilidad en delitos como secuestro, tráfico de indocumentados y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que ubica a la entidad como la tercera en el país que más hizo uso de esta figura jurídica en el sexenio pasado, sólo por debajo de Baja California, con 560 y Sonora, con 411 casos, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Por probable participación en delincuencia organizada, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de vehículos robados y robo equiparable, el Ministerio Público solicitó al juzgador que quienes eran sujetos a investigación estuvieran arraigados hasta no demostrarse su inocencia o culpabilidad en los mismos.

A nivel nacional, según la respuesta que proporcionó la PGR por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), siete mil 894 personas acusadas de ilícitos de alta incidencia fueron arraigadas, de las cuales sólo 464 recuperaron su libertad. Sin embargo, no precisa el número por entidades federativas.

Después de Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes fueron los estados que más utilizaron este recurso, con 97 y 91 casos de forma respectiva, seguido de Tamaulipas y Jalisco, con 84 cada uno. En tanto, en seis años, en Nuevo León 76 personas fueron arraigadas, por 73 en Oaxaca y 72 en Chihuahua.

Desde el pasado periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el senador Omar Fayad Meneses criticó que en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa “se abusó” de la figura del arraigo al no tener una estrategia eficiente para combatir el crimen.

Presentó, al igual que legisladores de otros partidos, una iniciativa de reforma para delimitar esta figura a, cuando mucho, 20 días sólo en “casos excepcionales”. Así, dijo en ese entonces, “se detendrá el uso y abuso de este recurso jurídico que de 2008 a la fecha, por ejemplo, ha hecho que frente a más de dos mil personas arraigadas, solo 400 han sido puestas a consideración del Ministerio Público.

“Lo que hizo la pasada administración federal fue un abuso por su ineptitud, por su falta de posibilidades de combatir a la delincuencia. Se le hizo fácil usar la figura del arraigo como si pudiera disponer de las personas como si fueran animales y ni a los animales se les permite que se trate de esa manera”.

Fayad consideró que el arraigo ha permitido violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades, quienes primero detienen y luego averiguan la culpabilidad de los implicados.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución Política para disminuir el tiempo de arraigo de 80 a 35 días como máximo para quienes son detenidos por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En la sesión, el perredista Julio César Moreno reconoció que el arraigo es una de las figuras más controvertidas del sistema de justicia, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Recomendaciones

Cinco estados exigen la desaparición del arraigo en las procuradurías de justicia locales, en tanto que tres entidades ya lograron erradicarlo: Chihuahua, San Luis Potosí y Chiapas.

En Guerrero, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Jorge Camacho Peñaloza, promueve la desaparición del arraigo en el Código Penal del Estado, al argumentar que en los últimos años el uso de esta figura se incrementó de manera desproporcionada, sin que eso hubiera una repercusión en la aplicación de la justicia de manera pronta y expedita.

Bajo dicha circunstancia, manifestó que erradicar al arraigo hará posible que se cumpla una máxima jurídica, que señala que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

En Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al poder legislativo eliminar el arraigo de los procesos judiciales. Exhorto que se tratará en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, adelantaron diputados.

En tanto, en el Distrito Federal, la figura se modificó por una que, según la CDHDF, también es violatoria. (Redacción/Pachuca)