Ex regidores deberán de regresar bono aprobado

Fueron diferentes cantidades las que recibieron, algunos 50, otros 30 mil pesos, reveló el auditor superior del estado, Rodolfo Picazo.
Ex regidores deberán de regresar bono de poco más de  250 mil pesos, de lo contrario se iniciará un proceso penal en su contra, así lo informó Rodolfo Picazo Molina.
Ex regidores deberán de regresar bono de poco más de 250 mil pesos, de lo contrario se iniciará un proceso penal en su contra, así lo informó Rodolfo Picazo Molina. (Héctor Mora)

Pachuca

Seis ex regidores de Francisco I. Madero deberán de regresar poco más de 250 mil pesos que recibieron como parte de un bono que no justificaron en su último año de labores (2009-2012) o de lo contrario se iniciará un proceso penal en su contra, informó el auditor superior del estado, Rodolfo Picazo Molina.

Este es uno de los casos que analizó la auditoría por faltantes en la cuenta pública 2011, en el cual concluyó que los ex servidores públicos, quienes pertenecen a distintos partidos, incurrieron en una irregularidad. Además de éste, otros seis ex alcaldes aún deben comprobar que no hubo malversación de fondos en el año que antecedió al cambio de presidentes municipales.

“Si no regresan el recurso, hay una denuncia que tenemos que hacer. Fueron diferentes cantidades las que recibieron, algunos 50, otros 30 mil pesos. No todo el Cabildo accedió, algunos regidores al darse cuenta que no era legal, no lo aceptaron”, especificó Picazo Molina, después de participar en la instalación de la Primera Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental del Congreso del Estado, que presidirá el diputado Rosalío Santana Velázquez (PVEM-PRI). Contrario a Francisco I. Madero, los ex alcaldes de cuatro municipios justificaron las observaciones que realizó el órgano supervisor, por lo que no enfrentarán procesos penales. “Juárez Hidalgo va a tener la resolución absolutoria porque presentó la documentación que consistió en un recibo que le había pagado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero lo descuidó hasta que se le notificó al ex presidente municipal, quien hizo todo el trámite y comprobó el faltante”, dijo.

Situación similar es la del municipio de Jacala, cuyo ex edil, según el titular de la ASEH, presentó un inventario de bienes que habían sido dados de baja y se encontraban en una bodega de la presidencia municipal, además de fotografías y un documento del actual alcalde, Claudio Salas García, que ratifica la posesión de éstos por parte del ayuntamiento.

En San Felipe Orizatlán y Huejutla, añadió, funcionarios de las administraciones anteriores ya presentaron documentación para comprobar que no hubo mal uso recursos públicos durante el último año de su gestión, la cual se encuentra en proceso de análisis.

El resto continúa en proceso de desahogo de pruebas y alegatos, a la espera de conocer si la resolución de la Auditoría es de sanción o absolución.

En cuanto a dependencias del gobierno del estado, Picazo Molina comentó que el único proceso que siguen es el del faltante de más nueve millones de pesos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (antes Consejo Estatal de Ecología (Coedeh), en el cual, además de ex funcionarios, están involucradas tres empresas.

“Se está desarrollando todo el proceso a través de la Contraloría del Estado, que ya presentó una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables”, indicó.

Recordó que las anomalías que encontró la Auditoría Superior del Estado fueron por siete millones 858 mil 184 pesos por conceptos facturados y no ejecutados; un millón 753 mil pesos en pagos duplicados, y 18 mil 611 pesos en falta de soporte de erogaciones del Coedeh, que dirigieron Roberto Reyes Monzalvo y Honorato Rodríguez Murillo en el periodo referido, aunque el primero de ellos ya fue absuelto de culpabilidad.

Respecto a los altos salarios que tienen algunos actuales alcaldes, superiores incluso a los 75 mil pesos al mes que gana el gobernador, Picazo afirmó que es “inmoral” que en poblados de escasos recursos los alcaldes perciban grandes dietas; sin embargo, dijo que no cometen una ilegalidad, ya que mientras el cabildo lo apruebe es válido.

El diputado Rosalío Santana consideró que en este caso sólo la presión de la ciudadanía podrá lograr un cambio, al tiempo que pidió a ediles mensura en el uso de los recursos públicos.