Con una aportación de 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y 13.2% del empleo total, la industria de la construcción es uno de los principales sectores económicos del país. Sin embargo, México presenta importantes retos en materia de infraestructura. De acuerdo con el Reporte de Competitividad Mundial 2015-2016 del Foro Económico Mundial, a pesar de estar entre las 15 mayores economías del mundo, México se encuentra en la posición 59 por la calidad de su infraestructura.
Para 2017 el panorama en materia de inversión pública es complicado dados los menores ingresos petroleros. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año contempla un recorte de 27.3% al gasto de inversión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que pasa de 90,905 millones de pesos en 2016 a 66,104 millones en 2017.
En construcción de carreteras el recorte fue de 49% y en reconstrucción y conservación de carreteras fue de 48%, mientras que en construcción de puertos habrá 52% menos recursos.
Con la reducción del gasto público en infraestructura se abre una ventana de oportunidad para la inversión privada, que desde 2000 aporta año con año más de 60% de la inversión en construcción. Para 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) calcula que la participación llegará a 77%.
Además del aporte per se de la construcción a la economía nacional, muchos otros sectores dependen de la infraestructura adecuada para sustentar su crecimiento.
Tal es el caso de la industria automotriz, principal generador de divisas del país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el primer semestre del año las exportaciones del sector alcanzaron 41,670 millones de dólares, lo que representa 26% de las exportaciones manufactureras y 23.3% de las ventas totales al exterior, por lo que requiere cada vez más transporte ferroviario, carretero y marítimo para el comercio internacional.
El Turismo, por su parte, depende de una mayor conectividad aérea, para lo que resulta fundamental la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como de carreteras que conecten los destinos turísticos con mercados emisores que detonen el turismo interno.
Sin embargo, para 2017 este sector sufrirá un importante recorte presupuestal, pues para infraestructura se destinarán 100 millones de pesos, un 94% menos que los 1,700 millones del año pasado, y el gasto de inversión de la Secretaría de Turismo se reducirá 32.9%.
Ante este panorama, desde el gobierno federal se han impulsado los esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APPs) en los que el gobierno y la iniciativa privada van de la mano para desarrollar, operar y mantener los proyectos de infraestructura.
¿Tenemos la infraestructura que se merece el tamaño de la economía mexicana? ¿Qué porcentaje del crecimiento del PIB depende de la infraestructura? ¿Hay la infraestructura necesaria para soportar el crecimiento automotriz? ¿Está lista la iniciativa privada para responder ante la caída de las inversiones públicas? Todas estas inquietudes sobre los retos y oportunidades del país en materia de infraestructura se discutirán el 21 de septiembre en Foros Milenio. Carlos Rodríguez, el jefe de la oficina de Bloomberg News en México, moderará una mesa de análisis con importantes actores del sector.
Con la visión oficial y la perspectiva del sector público, Fernando Humberto Gamboa, director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está invitado para detallar los planes del gobierno federal en la materia y para ampliar el panorama sobre los retos de la construcción en un contexto de menor inversión pública.
Jorge Nevarez Jacobo, coordinador de las Unidades de Negocios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), hablará sobre las perspectivas del sector aeroportuario, en el contexto de la construcción de una nueva términal en la Ciudad de México. Nevarez es responsable de las obras, operación y seguridad de los aeropuertos a los que el organismo dependiente de la SCT brinda servicios.
En el sector ferroviario, dos obras prioritarias para el gobierno de Enrique Peña Nieto son la ampliación del Tren Urbano de Guadalajara y la construcción del tren México-Toluca, por lo que, pese al recorte, mantienen presupuestos de 6,576 y 17,840 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo, es la infraestructura ferroviaria de carga la que realmente mueve al país, con un crecimiento anual promedio de 4.1% en los últimos 19 años, y resulta clave para el crecimiento de la industria automotriz, pues 75% de los vehículos construidos en el país se mueven en tren.
En este contexto se suma a la discusión Lorenzo Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, quien aportará su larga experiencia en el tema tanto en la iniciativa privada como en la administración pública, que lo llevaron a tomar en marzo de este año la presidencia de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.
Sergio Hidalgo, director general de OHL México desde 2013, presentará la visión de una de las principales empresas constructoras y operadoras de infraestructura en el país, sobre todo en el tema de carreteras.
Participará también Eduardo Engel, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Espacio Público. Ingeniero civil de profesión, doctorado en Economía por el MIT y en Estadística por la Universidad de Stanford, es un experto mundial en materia de asociaciones público-privadas, como lo dejó plasmado en su libro The Economics of Public-Private Partnerships: A Basic Guide, que escribió junto con Ronald Fischer y Alexander Galetovic.
Engel ha sido consultor del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y de varios gobiernos en América Latina. Su experiencia internacional permitirá tener una mejor perspectiva del futuro inmediato de la infraestructura.
Para complementar el debate participa Iker Arriola, socio Ejecutivo de White & Case, uno de los mayores despachos legales del mundo. Con un doctorado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Arriola se ha especializado en áreas económicas como fusiones y adquisiciones, mercado financiero y competencia.
